Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 12 de noviembre de 2008

CHIAPAS

Zafarrancho por control de colonia irregular en Chiapas deja un muerto y 3 desaparecidos

Ángeles Mariscal escribe desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que habitantes de la colonia irregular Emiliano Zapata, ubicada en los cinturones de miseria de esta capital, se enfrentaron la madrugada de este martes a golpes y a machetazos por el liderazgo del asentamiento, con saldo de una mujer muerta, al menos 12 heridos y tres desaparecidos. Después del zafarrancho –en el que, se dijo, hubo balazos–, el grupo que tiene el control del lugar, donde habitan mil 300 familias, retuvo a por lo menos 60 vecinos opositores, algunos de los cuales incluso fueron amarrados a varillas de una obra negra y entregados a la policía. Horas después, policías estatales ingresaron al predio y se llevaron detenidas a 10 de las personas que retuvieron los líderes, pues fueron acusadas de accionar armas de fuego durante el enfrentamiento. Durante el día, otras 50 personas fueron sacadas de sus viviendas por los líderes del asentamiento; las golpearon y las pusieron a disposición de las autoridades. Al cierre de esta edición, los dirigentes de la colonia Emiliano Zapata tenían retenidas en un cuarto a tres mujeres; a decenas de familias se les impedía salir, con la amenaza de ser desalojadas en forma permanente. (La Jornada, Excélsior, Reforma, El Universal)

En Chiapas exigen castigo para integrantes del MOCRI-CNPC Selva

En una inserción publicada en La Jornada, se menciona que integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala (Mocri-CNPA) Región Centro, pidieron al gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, su pronta intervención para castigar a los responsables del asesinato de Martha Gómez Pérez, quien perdió la vida a causa de una herida por arma de fuego la madrugada de este martes cuando un grupo de personas ingresó de manera violenta a la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad. En un comunicado dirigido al gobernador Sabines Guerrero y firmado por los representantes del MOCRI-CNPA Región Centro, detallan que los agresores de la misma organización, pero de la Región Selva, ingresaron a la colonia golpeando, amagando y disparando armas de fuego a quemarropa a los habitantes de la colonia Emiliano Zapata. (La Jornada)

GOBIERNO FEDERAL

Enemigo, el narco, no Yunque: Espino

El ex líder panista, Manuel Espino, rechazó que el Yunque haya orquestado una guerra contra Juan Camilo Mouriño, y agregó que lo que debería preocupar al gobierno son los narcotraficantes. De acuerdo con fuentes panistas, Mouriño se había quejado de que la extrema derecha panista alentaba las versiones sobre su salida de Gobernación. Al respecto, la diputada Nelly Márquez aseguró que el funcionario había descartado renunciar, a pesar de los rumores que señalaban lo contrario. En su colaboración semanal en una estación de radio, Espino negó que la crítica que el Presidente lanzó el domingo al panismo se haya dirigido al grupo conservador; los miembros del gobierno deberían acatarla, dijo. (El Universal, Reforma)

Los subsecretarios presentan informes detallados

Funcionarios de las cinco subsecretarías de Gobernación comenzaron ayer la entrega de informes detallados acerca de los principales asuntos en cada una de las áreas, en particular, prospectivas para corto plazo, principalmente de situaciones en las que se presume algún grado de conflictividad. Fernando Gómez Mont revisará cada expediente para diseñar una parte de la estrategia en los temas relacionados con el combate al crimen organizado, avanzar en los consensos con las fuerzas políticas y atajar los principales casos que amenacen la gobernabilidad. Tras el arranque temático, el nuevo responsable de la política interior daría paso, de acuerdo con fuentes consultadas, a eventuales cambios de subsecretarios a partir de enero, Abraham González; Asuntos Jurídicos, Daniel Cabeza de Vaca; Población, Migración y Asuntos Religiosos, Ana Teresa Aranda; Normatividad de Medios, Irma Pía González, y Enlace Legislativo, Cuauhtémoc Cardona. Las versiones de diversos funcionarios indican que los posibles enroques ocurrirán hasta enero, aunque se dará prioridad al nombramiento del nuevo coordinador general de comunicación social y la dirección de información. En tanto, Gómez Mont, encabezó una reunión con los principales funcionarios de la dependencia y al mediodía recibió al dirigente nacional del PAN, Germán Martínez. (La Jornada)

Incorrecto, el nombramiento de Gómez Mont: Manuel Bartlett

Para el ex gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, la designación como nuevo secretario de Gobernación de Francisco Gómez Mont, “significa que Calderón ha abierto los espacios de gobierno para que sean ocupados por el panismo puro”, pero además significa que se incrementará “la mano dura” en la administración federal. Bartlett advirtió que Gómez Mont es un político que “proviene de la derecha, es hijo de los fundadores del PAN. No quiero juzgar la decisión que tomó el presidente –Felipe Calderón Hinojosa–, pero Gómez Mont es un panista de sangre azul, es hijo de un fundador del PAN, vamos a ver cómo se desempeña en la Secretaría de Gobernación de éste país”. Bartlett Díaz comentó que para lograr la recuperación de la paz en el país, ante el problema del narcotráfico, no se requiere “la mano dura” de la autoridad, sino la presencia de funcionarios que garanticen el respeto al Estado de Derecho, pero sin que incurran en la represión. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

La violencia de Estado en México

Carlos Montemayor escribe en su artículo que “el general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz fue el mando de mayor jerarquía –dijimos en la entrega anterior– que estuvo en Acteal esa mañana del 22 de diciembre de 1997. Fungía como jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública y era director de la Policía Auxiliar en el estado. Carlos Marín dio a conocer las declaraciones ministeriales de este general el 2 de marzo de 1998 en la revista Proceso. (La Jornada. Se anexa)

TEXTOS

La violencia de Estado en México
Carlos Montemayor/VI y última/La Jornada

El general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz fue el mando de mayor jerarquía –dijimos en la entrega anterior– que estuvo en Acteal esa mañana del 22 de diciembre de 1997. Fungía como jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública y era director de la Policía Auxiliar en el estado.
Carlos Marín dio a conocer las declaraciones ministeriales de este general el 2 de marzo de 1998 en la revista Proceso. El general estuvo acompañado de 40 policías estatales durante tres horas y media, a la entrada de Acteal, mientras a 200 metros, montaña abajo, se cometía la masacre. Entre la una y las cuatro y media de la tarde, según relató ante el Ministerio Público Federal:

“... no se dejaron de escuchar disparos de armas de fuego de distintos calibres como el 22, escopeta, así como ráfagas de AR-15 y AK-47, deseando aclarar que los disparos se oían en intervalos de tres a cinco minutos; es decir, se escuchaban disparos, pasaban de tres a cinco minutos sin que se escucharan, y volvían a escucharse, siendo así todo el tiempo que permaneció el declarante en la entrada a la comunidad de Acteal, sobre la carretera… En esas tres horas y media ninguno de los cuatro comandantes o de los restantes 40 policías estatales que fueron llegando al punto entró al caserío ni se atrevió a bajar la cuesta para averiguar lo que sucedía, debido a que un suboficial le recomendó: ‘Jefe, hágase más para acá porque le pueden dar un tiro’.”

Felipe Vásquez Espinoza, el suboficial que le aconsejó al general ponerse a salvo de una bala perdida cuando se desarrollaba la masacre, era subcomandante de Seguridad Pública. En un momento de su declaración ministerial, a la pregunta de si alguna vez vio a algún habitante de Los Chorros portando armas, contestó:

“Que sí. Que en una ocasión, el día 26 de noviembre hablé con una persona que acompañaba a otra que portaba una arma de las denominadas cuerno de chivo y al preguntarle por qué portaban esas armas me dijo que eran para seguridad. Y al pedir instrucciones a mis superiores, el primer oficial, Absalón Gordillo, me indicó que si era partido verde lo dejara ir; o sea, verde, que es priísta, por lo que lo dejé ir.”

En declaración ministerial posterior enriqueció la historia: admitió que el 26 de noviembre, “por instrucciones superiores”, custodió a un grupo de paramilitares tzotziles que llevaban en costales, en una pick-up, un cargamento de las armas conocidas como cuernos de chivo. La instrucción dice haberla recibido, “sin lugar a dudas, del primer oficial Absalón Gordillo Ruiz, comandante en Majomut”.

En el Libro blanco sobre Acteal que preparó la Procuraduría General de la República (PGR) se registraron como procesados los nombres del general Julio César Santiago Díaz y de Felipe Vásquez Espinoza; el primero, por homicidio y lesiones por omisión; el segundo, por posesión y transporte de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. A ninguno se le menciona como protector de grupos paramilitares ni como autoridades que dieron escolta y protección a paramilitares. El nombre de Absalón Gordillo, en cambio, que autorizaba la protección a los paramilitares, no aparece en los registros.

En enero de 1998, dos semanas después, se efectuó una acción militar significativa para requisar armas. Dos mil soldados se instalaron en 18 campamentos para realizar cateos e interrogatorios y saquearon casas, tiendas y cooperativas. Pero efectuaron la requisa en 15 municipios zapatistas, algunos muy lejanos de Chenalhó. En otras palabras, buscaron armas no entre los agresores, sino entre las víctimas.

Por esos días, el 31 de enero de 1998, en Davos, Suiza, el entonces presidente Ernesto Zedillo afirmó, aludiendo al EZLN, que “no ha habido violencia entre el gobierno y este grupo. Desafortunadamente, ha habido violencia entre este grupo y otros grupos en Chiapas”…

Estas declaraciones no eran resultado de una precipitación ni solamente del cinismo: pretendían interpretar la masacre como un conflicto intercomunitario, un combate entre indios bárbaros.

La firmeza de los planes militares en la creación, entrenamiento y pertrechamiento de los grupos paramilitares se evidencia con otro hecho. Tres años después, a las cinco de la mañana del 12 de noviembre del año 2000, se efectuó el primer operativo de desarme en Los Chorros, la principal comunidad de los que perpetraron la matanza. Dos centenares de elementos de la PGR, pertenecientes a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, se presentaron en esa comunidad. Pero no pudieron contar, como es común en estos operativos, con el factor sorpresa. Fueron repelidos por la población, atacados con armas de fuego y perseguidos hasta Majomut, donde los paramilitares de ese sitio habían puesto un retén exactamente frente a una base militar que presenció con indiferencia, para decir lo menos, las agresiones a los elementos de la PGR. Es decir, el Ejército Mexicano permitió de buen grado que los paramilitares atacaran a elementos del propio Estado mexicano. Esta información no fue difundida. La omite la propia PGR en su boletín número 591/00 del 11 de noviembre de 2000. Hay sólo un pasaje sugerente en la edición del periódico Cuarto Poder del día 13 de noviembre del año 2000, en la página 21, donde se narra lo siguiente:

“A cinco kilómetros antes de Los Chorros, cerca de Majomut, otro grupo indígena bloqueó el camino con piedras, un camión de volteo, una Combi del ayuntamiento y otro vehículo más. Y otra vez hubo forcejeo entre policías y campesinos. No llegaron a ningún arreglo a pesar de que ahí se encontraban funcionarios del ayuntamiento de Chenalhó. Los judiciales abrieron paso por la fuerza, empujando camiones y levantando los obstáculos del camino. En ese tramo, ubicado junto a una base militar, por segunda ocasión, los judiciales hicieron disparos al aire para dispersar a los pobladores. De entre el monte se escuchó que los indígenas respondieron a balazos.”

Es ilustrativo el comportamiento permisivo del Ejército Mexicano con los grupos paramilitares incluso al atacar a policías federales. En este contexto se explica que la policía del estado haya tratado de eliminar los cadáveres de la masacre de Acteal la mañana del 23 de septiembre de 1997 y después, al menos, intentado alterar los hechos. Así se explica la aparente actitud errática de los discursos presidenciales antes y después de la matanza. Así se explica que la policía del estado y el Ejército hayan apoyado, por omisión o acción, a los grupos paramilitares antes, durante y después de la masacre. Así se explica el surgimiento y perseverancia de grupos paramilitares en el Chiapas de ayer y hoy.

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