Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 19 de mayo de 2008

EZLN

JBG corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo

En un nuevo comunicado se destaca que “el Consejo Autónomo de “Magdalena de la Paz” y la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo”, de esta Zona Altos de Chiapas, denunciamos enérgicamente el intento de despojo de una porción del territorio perteneciente al pueblo Tsotsil antes “Santa María Magdalena”, ahora municipio oficial de Aldama y Municipio Autónomo de “Magdalena de la Paz”. Por lo que a continuación pasamos a explicar los hechos que DENUNCIAMOS… (La Jornada. Se anexa)

Programa agrario crea conflicto entre comunidades de los Altos de Chiapa

Hermann Bellinghausen escribe que el consejo autónomo de Magdalena de la Paz y la Junta de Buen Gobierno (JBG) de los Altos de Chiapas denunciaron el intento de despojo de una porción del territorio perteneciente al pueblo tzotzil antes Santa María Magdalena, ahora municipio oficial de Aldama, y al municipio autónomo. Las autoridades zapatistas refieren que “con la imposición del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) se hicieron nuevos planos de los bienes comunales de Aldama y el poblado Santa Martha, municipio de Chenalhó, que son colindantes”. De ellos resultó el conflicto por una porción de tierra “que ancestralmente ha poseído Aldama y según los nuevos planos queda dentro de Santa Martha”. Este caso demuestra cómo el Procede “únicamente sirve para crear problemas en las comunidades”. (La Jornada)

CHIAPAS

Riegan en Chiapas con aguas negras

Cada año se producen, en distintas comunidades de San Cristóbal de las Casas, unas 2 mil toneladas de hortalizas regadas con aguas negras. Esa producción se distribuye y consume no sólo en este municipio, sino en Tuxtla Gutiérrez, y en ciudades como Comitán y Tapachula, incluso, fuera del estado. De acuerdo con el Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical, son aproximadamente 100 hectáreas de hortalizas las que se riegan con aguas negras, en unas siete comunidades del municipio. Son unas 200 familias de las comunidades de Pozo Colorado, Guadalupe el Túnel, La Lagunita, El Aguacate, Sacualpa, Duraznal y Matasano, las que, por carecer de agua potable o entubada, riegan sus hortalizas con aguas negras de la ciudad. (Reforma)

GRUPOS ARMADOS

Mañana inicia el diálogo entre EPR y Gobernación

Fabiola Martínez escribe que a 12 años de su aparición formal, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) iniciará mañana un proceso de eventual diálogo con el Gobierno Federal, a través de una comisión de mediadores. La posición de apertura del EPR (cuya composición tiene origen en las guerrillas surgidas en el sur del país hace cuatro décadas) no tiene precedente, pero sus integrantes han advertido que el camino de las conversaciones no significa dejar las armas y mucho menos la rendición que les exige el Gobierno. El único objetivo de ese diálogo, de acuerdo con sus comunicados, es lograr la presentación con vida de dos de sus compañeros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes habrían sido detenidos y torturados por policías el 25 de mayo pasado, en Oaxaca, de acuerdo con la versión difundida por los eperristas. Este martes, a las seis de la tarde, está programada en la Secretaría de Gobernación la cita entre el subsecretario de Gobierno, Abraham González y las siguientes personas: Carlos Montemayor, escritor (quien es además vocero del grupo en referencia); Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas; Gilberto López y Rivas, antropólogo; Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y abogado, así como Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge y la senadora Rosario Ibarra de Piedra, los tres últimos integrantes del Frente Nacional contra la Represión. (La Jornada)

“Violencia de narcos, pretexto oficial para minimizar desapariciones”

El Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero y Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo señalaron que, mientras “la violencia mafiosa ha producido miles de levantones y asesinatos en el país, también la violencia contrainsurgente ha seguido cobrando cientos de víctimas; en los últimos tres años Guerrero registra mil 500 asesinatos ligados al narcotráfico”, con los que se busca minimizar el caso de 28 desaparecidos políticos ocurridos durante el mismo periodo. Los grupos guerrilleros denunciaron: “tras esta cortina de humo y de terror, el gobernador Zeferino Torreblanca, compadre del general contrainsurgente y mafioso Arturo Acosta Chaparro, ha satisfecho las exigencias del Gobierno Federal y del gran capital trasnacional, arrebatando tierras, aguas, playas y bosques a sus dueños”. (La Jornada)

Niegan ‘Panteras’ vínculos con FARC

El gremio de taxistas conocido como Los Panteras, perteneciente al Frente Popular Francisco Villa (FPFV), rechazó todo vínculo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Integrantes de este grupo de transportistas aseguraron que la información en tal sentido “carece de sustento” y señalaron que forma parte de “una campaña orquestada desde la derecha en el poder para desviar la atención sobre la política exterior entreguista y pro imperialista de (el presidente Felipe) Calderón”. En tanto, el secretario de Transporte del gobierno del DF, Armando Quintero, dijo no tener información sobre los vínculos de Los Panteras, pero admitió que existen agrupaciones en el transporte dedicadas a la venta de protección entre los choferes. (El Universal)

PGR visitará a Glen Cerda

Un emisario de la PGR tiene previsto llegar a Costa Rica para interrogar al presunto activista Glen Christopher Cerda Guajardo, detenido desde el 11 de mayo en ese país y quien denunció nexos de grupos políticos de su país con las FARC. Cerda reveló que existen nexos entre grupos de México como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y las FARC. La APPO rechazó la versión. (El Universal)

ASUNTOS INDÍGENAS

Denuncian subejercicio del presupuesto para programas sociales

Existe subejercicio del Presupuesto de Egresos 2008, en algunos casos superior a 90 por ciento, en programas de apoyo a indígenas, adultos mayores, mujeres, infraestructura carretera y caminos rurales, entre otros, afirmó el diputado perredista César Flores Maldonado. Ilustró con el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual, al final del primer trimestre de este año, sólo había ejercido en los programas respectivos 4 por ciento de su presupuesto; es decir, 281 millones de pesos de los 7 mil 31 millones asignados. Otro ejemplo, agregó el legislador, es el rubro de caminos rurales, el cual a principios de abril tenía un ejercicio de apenas 485 millones de pesos (4.5 por ciento), de 10 mil 759 millones que aprobó el Congreso de la Unión para este año. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Un enigma llamado EPR

Carlos Fazio escribe en su artículo que “de manera sorpresiva, el 24 de abril, un par de días después de anunciar la reanudación de sus acciones militares, el EPR invitó a un grupo de reconocidos miembros de la sociedad civil a que interviniera como mediador en un ‘diálogo’ con el gobierno de Felipe Calderón tendiente a la aparición con vida de dos de sus compañeros detenidos en mayo de 2007. (La Jornada. Se anexa)

Otros secuestrados, otros desaparecidos

Ciro Gómez Leyva escribe en su columna Historia en Breve que “le pedí a un alto mando federal que me confirmara si Paola Gallo fue secuestrada y asesinada por el EPR en julio de 2000. A unos días de que se cumpla el año de la desaparición de dos históricos del EPR, Gabriel Alberto Cruz (hermano del líder fundador, Tiburcio Cruz) y Edmundo Reyes Amaya (familiar de Tiburcio también), revisé la lista de las personas secuestradas por el PROCUP, el EPR y el ERPI entre 1987 y 2003, que elaboró José Antonio Ortega Sánchez en su libro El secuestro en México. Me sorprendió ver el nombre de Paola junto al de otros plagiados por la guerrilla. ‘Sí fueron ellos’, me confirmó el alto mando mostrándome una carpeta engargolada, con fotografías y diagramas”. (Milenio)

FARC-México

Carlos César Núñez Martínez escribe en su columna Portafolios Político que “Glen Cristopher Cerda Guajardo fue detenido en San José, Costa Rica, por autoridades aduanales cuando procedía de Nicaragua, donde trató de entrevistarse sin éxito con Lucía Morett, sobreviviente del ataque del ejército colombiano a una célula de las FARC en territorio ecuatoriano el primero de marzo pasado; en donde en términos policiacos, el originario de Monterrey, Nuevo León, vomitó cosas hasta entonces desconocidas para los mexicanos. Dijo que formó parte de la APPO, tiene nexos con el EZLN y con las FARC, así también ha participado en reuniones en Bolivia representando a la Organización de Productores de Oaxaca y estuvo en el campamento que atacó el ejército colombiano en Ecuador, donde falleció el número dos de las FARC, Raúl Reyes. Aseguró que existen células de las FARC en México, Costa Rica y en Centroamérica; él ahora integra el Movimiento para la Unificación de Mesoamérica, misma que busca expandir el socialismo en Guatemala y Honduras; mientras que en México sigue activa la organización, que es básicamente la APPO, dijo.” (Cuarto Poder)

Carta por los presos zapatistas

En El Correo Ilustrado, Firmas: Kolektivos del mundo y de todo México: Colectivo Cosme Damian, Tijuana, B.C., Colectivo Gandhiano Pensar en Voz Alta-SERPAJ Morelos, Colectivo Amatlán de Quetzalcoatl, Comité Cerezo México, Movimiento de Cultura Popular, Yucatán; Maderas del Pueblo del Sureste, AC-Chiapas; Kolektivos del valle de México: Adherentes en los Individual, Colectivo Lucha Libre, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Espacio de Coordinación de la Otra Campaña en el Valle de México, Espacio Social y Cultural de la Karakola; Arturo Ramos Guerrero, fotógrafo; Beatriz Amézquita León, doctora en sociología UACM/UNAM; Benito Nava Martínez, Coordinadora Valle de Chalco; Gloria Rico, Gustavo Garcia Rojas, Nayeli Nesme, Paulina Sol Hernández Rodríguez, Coordinadora Valle de Chalco; Santiago Scotto y 62 firmas más (La Jornada) Informan que: “Compañeros Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, de la comunidad  de Guapacal, municipio de Tila: Queremos dirigirnos a ustedes con todo respeto y cariño. Sabemos que estuvieron presos casi 12 años en Tlacotalpa Tabasco, acusados injustamente y perseguidos por ser zapatistas. Sabemos que tienen diabetes y que ayunaron durante la pasada huelga de hambre de los compas en Chiapas. Sabemos que los obligaron a ingerir alimentos en un hospital de Tuxtla, donde no les dieron atención médica verdadera, y que los han trasladado al penal de Yajalón, Chiapas. Leemos en una carta de Ángel: ‘porque ya basta de esta injusticia, 11 años de pedir justicia, mas nunca somos escuchados; la respuesta del gobierno es que somos culpables, que no pertenecemos a ningún grupo étnico o indígena. Este encarcelamiento, la privación ilegal de nuestra libertad por un delito que nos acusan en nuestra persona, es un secuestro con premeditación, alevosía y ventaja.’ Los apoyamos. Creemos con el corazón que su causa es justa y queremos su libertad inmediata, así como la de los que continúan presos en Chiapas y respeto para los que han sido agredidos, como los compañeros de la Voz de los Llanos. (La Jornada)

TEXTOS

JBG corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo
La Jornada

SNAIL TZOBOMBAIL YU’UN LEKIL J´’AMTELETIK TA O’LOL YOÓN ZAPATISTA TA TUKÍL SAT YELOB SJUNUL BALUMIL
ZONA ALTOS DE CHIAPAS, MÉXICO, A 17 DE MAYO DE 2008.
AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS Y LOS ADHERENTES DE LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA Y DE LA OTRA CAMPAÑA
A LA ZESTA INTERNACIONAL
A LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES
A LOS MEDIOS D COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.

El Consejo Autónomo de “Magdalena de la Paz” y la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo”, de esta Zona Altos de Chiapas, denunciamos enérgicamente el intento de despojo de una porción del territorio perteneciente al pueblo Tsotsil antes “Santa María Magdalena”, ahora municipio oficial de Aldama y Municipio Autónomo de “Magdalena de la Paz”. Por lo que a continuación pasamos a explicar los hechos que DENUNCIAMOS:

Primero: Con la imposición del PROCEDE en el que se hicieron nuevos planos definitivos de los “Bienes Comunales de Aldama” del municipio con el mismo nombre, así como del “Poblado de Santa Martha” del municipio de Chenalhó, que son colindantes, resultó un conflicto entre estos dos pueblos indígenas por la disputa de una porción de tierra que ancestralmente han poseído los hermanos de “Aldama” y que ahora, según los nuevos planos quedaron dentro del perímetro de “Santa Martha”.

Este caso sirve muy bien como ejemplo para demostrar cómo el PROCEDE únicamente sirve para crear problemas en las comunidades, en este caso en el que por muchos años los dos pueblos habían vivido totalmente en paz, respetándose mediante actas de acuerdos basadas en sus costumbre y tradiciones, pero que por mano del mal gobierno ahora se están acercando a un enfrentamiento que puede tener consecuencias lamentables, tal como ya sucedió en el conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitan, en el que ya perdió la vida un hermano indígena, mientras los funcionarios que ocasionaron el problema están muy tranquilos y contentos en sus oficinas.

Segundo: El problema del terreno donde existe ahora, tiene una extensión de 30 hectáreas y los dueños son 115 personas, pero de los 115 hay 30 familias que son Bases de Apoyo de nuestro EZLN y 85 familias priístas y algunos poseen más y otros bien poquito terreno.

Los hermanos de Aldama les pertenece este terreno de los 30 hectáreas, pues desde hace años que poseen estas tierras, quizá desde antes de que nos invadieran los españoles, ancestralmente pues, porque muchos ahí nacieron y murieron sus abuelos y bisabuelos, sus papás y sus mamás y hasta ahora viven 6 familias en el lugar del problema, por lo que son los legítimos dueños ancestrales y tienen la razón y derechos para defender sus tierras.

Tercero: También el problema es ancestral, pero siempre se ha podido resolver entre los dos pueblos, según que los dos pueblos siempre se han reconocido como dos pueblos distintos, cada uno tiene sus propias costumbres y aunque sean tsotsiles los dos tienen sus diferencias culturales, su idioma también tiene variantes, sus trajes también son distintos y por eso decimos que son dos pueblos hermanos que viven uno al lado del otro y así han vivido en la historia. En una época, muy antes, cuando nuestros ancestros no sabemos bien cómo se llamaban pero seguro ya se sabían como pueblos distintos, luego cuando llegaron los españoles, un pueblo se llamó Santa María Magdalena y el otro Santa Martha.

A Santa María Magdalena los reyes españoles le entregaron un su título primordial y un su plano, mientras que Santa Martha no tenía otro papel, sino que estaba dentro del papel de San Pedro Chenalhó como parte de sus bienes comunales y allí fue donde pudo haber empezado la confusión, o sea cuando personas ajenas a estos pueblos que nunca necesitaron de planos ni colindancias, en papel decidieron por ellos en dónde terminaba un pueblo y en dónde empezaba el otro pueblo. O sea que el problema empezó con la creación de Los bienes comunales de Santa María Magdalena y el de San Pedro Chenalhó, porque en sus planos se cambiaron las colindancias que ancestralmente se reconocían entre ambos pueblos.

Cuarto: En el año de 1977, regresó el problema de ese terreno, pero lograron una solución a través de un diálogo entre los dos pueblos y levantaron un acta de acuerdo donde decía que se respetaban entre ambas partes sus colindancias, que serían en el otro lado del río, esta acta firmaron las dos Autoridades de los Bienes Comunales de Aldama y Santa Martha, el presidente de Chenalhó y los 115 comuneros de Aldama de esta manera se respetaron, y toda la solución se encontró entre indígenas.

Ya en el año de 1995 por algunos problemas de la misma colindancia tuvieron que renovar el convenio del 1977, retomando el contenido y el espíritu original del respeto mutuo de ambas localidades y también firmaron y sellaron los comisariados de los bienes comunales de los dos pueblos, los 115 comuneros de Aldama y las Autoridades Municipales de Chenalhó de este acuerdo, esta renovación lo usaron para que pudieran tener sus planes definitivos los de Santa Martha y así se respetaron unos años.

Quinto: Y ya todo se echó a perder más en el año 2000, cuando Santa Martha, a través del PROCEDE, logra tener su plano definitivo en donde se repite el error de poner dentro de su plano las 30 hectáreas del territorio de Santa María Magdalena ahora Aldama, por lo que con esto los de Santa Martha exigen se les entregue esa tierra, incluso en días pasados la gente de Santa Martha ya entró a ocupar parte de estas tierras, afectando los sembradíos e impidiendo que los hermanos de Aldama puedan entrar a trabajar su tierra. Entre los afectados hay compas zapatistas.

Ahora, como los de Santa Martha se sienten respaldados por su plano y por el mismo gobierno y según que por la ley caxlana están condicionando a los de Aldama afectados que si quieren quedar con su tierra, que se lo van a respetar siempre y ciando cumplan con los 8 puntos que imponen, entre ellos que paguen mil pesos cada uno como derecho de ingreso a su ejido, que cooperen con gastos que hagan sus representantes comunales, que colaboren en los trabajos comunitarios de Santa Martha, también que cumpla con cargos tradicionales y estén presentes en las asambleas y otros puntos más.

Sexto: Estos 8 puntos que imponen los de Santa Martha vemos que es una injusticia que se les hace a los de Aldama, porque estos hermanos siempre han sido y siempre serán del pueblo indígena de Aldama, así se han sentido desde siempre, son de esa cultura y no de otra, y los de Santa Martha los quieren obligar a practicar las costumbres de ellos, además que tendrían que cumplir sus obligaciones comunitarias en dos lugares, tanto en Aldama donde viven y pertenecen pero también en Santa Martha en donde los obligan si no quieren perder su tierra que es su sustento para su familia.

Ya fueron en una reunión en San Cristóbal en la oficina de la procuraduría agraria, donde estuvieron presentes las distintas instituciones de gobierno, presidentes municipales y los comisariados, pero el acuerdo que llegaron es que los de Santa Martha dejen libres los terrenos invadidos, porque están cometiendo un delito de despojo y si no desocupan se girarán órdenes de aprehensión en contra de los invasores y los de Aldama analizan si aceptan los 8 puntos que impone Santa Martha, la próxima reunión era el día 14 de mayo en el mismo lugar, pero se suspendió y se recorrió para el lunes 19 de mayo.

Por todo lo que hemos contado y denunciado, decimos que como Consejo Autónomo y Junta de Buen Gobierno respaldamos totalmente y hasta las últimas consecuencias la decisión de nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo que resultan afectados por este acto del mal gobierno que es aprovechado por los hermanos de Santa Martha. La decisión y la palabra nuestra es la siguiente:

1, Independientemente de lo que hagan y acepten los hermanos priístas afectados de Aldama, como zapatistas no aceptamos ni un punto que pretende imponernos los de Santa Martha.

2. Que exigimos a los hermanos y hermanas de Santa Martha que respeten nuestros acuerdos que hemos firmado entre indígenas y que vienen de acuerdos ancestrales entre nuestros dos pueblos. Como indígenas debemos de reconocer y dar fuerza a las palabras de nuestros ancestros y no a las leyes de los caxlanes.

3. Hermanos y hermanas de Santa Martha si ustedes no nos comprenden tendremos que buscar la justicia, la razón y la verdad a como de lugar, no se puede regalar la tierra, ni negociar, ni entregar a otro pueblo ni a otras costumbres, cada quien debe tener lo que es suyo y no al revés.

Compañeros y compañeras es todo nuestra DENUNCIA PÚBLICA esperamos que se entiende y se clarifique el problema, muchas gracias.

RESPETUOSAMENTE
EL CONSEJO MUNICIPAL AUTÓNOMO
MAGDALENA DE LA PAZ
C.MARTÍN PÉREZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
C. MANUEL SANTIZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
C. GILBERTO PÉREZ GÓMEZ
JUEZ MUNICIPAL
SEBASTIÁN JIMÉNEZ PÉREZ
REPRESENTANTE DE LOS AFECTADOS.
JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO
LUCAS PÉREZ GÓMEZ
REINALDO PÉREZ PACIENCIA
JAVIER PÉREZ SANTIZ
ROSALINDA GÓMEZ LÓPEZ

Un enigma llamado EPR
Carlos Fazio/La Jornada

De manera sorpresiva, el 24 de abril, un par de días después de anunciar la reanudación de sus acciones militares, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) invitó a un grupo de reconocidos miembros de la sociedad civil a que interviniera como mediador en un “diálogo” con el gobierno de Felipe Calderón tendiente a la aparición con vida de dos de sus compañeros detenidos en mayo de 2007. El hecho desató especulaciones, porque el EPR, considerado por los servicios de inteligencia “la guerrilla activa más radical y peligrosa”, se había negado desde su aparición en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1996, a cualquier negociación con las autoridades.

El año pasado, tras la detención-desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el EPR protagonizó sendos sabotajes con bombas contra ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que generaron cuantiosos daños materiales, en lo que fue el inicio de una nueva fase de hostigamiento militar contra objetivos estratégicos en diferentes estados del país. Según sus propios documentos, la guerrilla eperrista es partidaria de todas las formas de lucha; combina las formas legales con las clandestinas, las parlamentarias y las extraparlamentarias, y la resistencia civil pacífica con las acciones militares y la autodefensa de masas. En la etapa actual, dominada por un gobierno que definen como ultraderechista, reaccionario y fraudulento, el EPR había calificado de prioritaria la modalidad de la autodefensa armada de las masas ante el cierre de los espacios legales por el régimen neoliberal de Felipe Calderón, la militarización y paramilitarización del país y el regreso de la tortura, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales como prácticas de un Estado de tipo contrainsurgente, lo que según la organización armada derivó en un agotamiento de las vías pacíficas de transformación social.

Por eso ahora, la nueva acción política, no armada, del EPR –que no supone una negociación con el gobierno de Calderón ni un reconocimiento de su legitimidad– generó diversas interpretaciones. Entre ellas, que se trata de una “trampa” o “maniobra distractora”, o que propone negociaciones debido a su “debilidad” o “acorralamiento político”.
Lo cierto es que han pasado ocho meses de los últimos sabotajes con explosivos en los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y en ese lapso el EPR se ha venido manifestando mediante comunicados vía Internet, donde exige al gobierno la aparición con vida de sus dos compañeros, bajo amenaza de reanudar las hostilidades.

La propuesta eperrista se dio después de que un conocido militante de la ultraderecha mexicana, José Antonio Sánchez Ortega, vinculado con los servicios de inteligencia, denunció públicamente que Calderón y el EPR estaban “negociando” una tregua militar en lo oscurito. Fue evidente que la “negociación” entre el gobierno y el grupo armado ocasionó cierto malestar en el interior de las fuerzas armadas. El ala “dura”, que considera a los eperristas simples “transgresores de la ley”, recomendó al “comandante supremo” Calderón que se abstenga de reconocer de facto a “otros ejércitos”; piensan que la aceptación tácita a negociar con los “delincuentes” del EPR les da en automático la estatura de ejército.

La denuncia exhibió contradicciones al interior del régimen entre “halcones” y “moderados”. Y si bien la respuesta inicial del gobierno fue condicionar cualquier negociación a una virtual rendición incondicional de la guerrilla (contrapropuesta considerada “alevosa, grosera y tramposa” por el EPR), la marcha atrás gubernamental hizo evidente que Calderón tiene muchos frentes abiertos en lo político y lo militar, por lo que un proceso de negociación con la guerrilla podría desactivar nuevos sabotajes y aminorar las tensiones y la violencia a escala nacional.

Vista así, la ofensiva política del EPR, lejos de expresar debilidad, podría estar obligando al régimen calderonista a definirse en torno al tema de la desaparición forzada de personas, considerado un crimen de lesa humanidad. En ese contexto, documentos de la octava Región Militar con sede en Oaxaca, atribuidos a su comandante, el general Juan Alfredo Oropeza, dieron cuenta de que dos oficiales de la Marina, los tenientes de navío y fragata (respectivamente), Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas, quienes dirigían las policías ministerial y preventiva de Oaxaca, habrían participado en la detención-desaparición de los dos eperristas. Un día después, la Procuraduría General de la República negó la participación de militares en los hechos.

A su vez, la PGR filtró información que señala como autores intelectuales de sendas desapariciones a gente del círculo íntimo del gobernador Ulises Ruiz, entre ellos un primo del mandatario, Romeo Ruiz. Las investigaciones de la procuraduría apuntan a la desaparecida Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT), “grupo de choque” a las órdenes Jorge Franco Vargas, que habría llevado a cabo una guerra sucia contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el EPR. Según un “testigo protegido” de la PGR, la UMIT, integrada por unos 40 agentes de elite de distintas corporaciones policiales, realizaba operaciones ilegales sin uniforme, en automóviles “no oficiales”, con armas largas no registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y contaba además con equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta y cuatro casas de seguridad.

Lo curioso del caso es que, pese al desmentido de la PGR, en sus propias investigaciones aparece al menos uno de los dos marinos involucrados por la comandancia de la octava Región Militar: José Manuel Vera Salinas, actual jefe policial en Cancún, Quintana Roo. El sorpresivo pase a retiro del general Juan Alfredo Oropeza indica que, sin tirar tiros, el EPR exhibe al gobierno y está haciendo daño.

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