Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 9 de julio de 2008

EZLN

Acusan a alcalde de comprar apoyo para despojar a zapatistas

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que habitantes de la Sección III Las Palmas, una de las comunidades del cerro Huitepec, confirman con su testimonio que el gobierno municipal priísta de Mariano Díaz Ochoa sostiene una campaña de “garrote y zanahoria” hacia las comunidades. La intención es obligarlos a respaldar el desalojo forzado de las bases de apoyo zapatistas en la reserva ecológica que éstos protegen en 102 hectráreas del generoso cerro sancristobalense. (La Jornada. Se anexa)

Se agrava conflicto por 100 hectáreas

Autoridades estatales solicitaron que se apliquen medidas cautelares para evitar confrontaciones entre indígenas bases de apoyo zapatistas e integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), que se disputan cien hectáreas en el municipio autónomo Che Guevara. Fuentes gubernamentales explicaron que el conflicto se agravó el pasado 21 de junio, cuando unos 40 indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se presentaron en los terrenos, presuntamente para decir a los orcaístas que “o se unen a nosotros o se van” del predio. Agregaron que ese día los zapatistas construyeron dos chozas de madera, se retiraron a sus casas y en su ausencia, los miembros de la Orcao las destruyeron. Según las fuentes, 23 familias zapatistas se posesionaron en 1994 de 100 hectáreas del predio Jetjá, municipio de Ocosingo, que pertenecían a pobladores priístas del ejido Nuevo Oxchuc. Para evitar confrontaciones, el gobierno de Chiapas reubicó hace una década a los priístas en terrenos situados cerca de las ruinas de Toniná. Años después, los zapatistas se integraron a la Orcao y 16 familias abandonaron el lugar. Las siete restantes continúan en el predio y militan en la misma agrupación. “Estas son las siete familias a las que los zapatistas les han pedido que se unan a ellos o se salgan del terreno”, comentó la fuente, al tiempo de informar que el diferendo ha creado una situación de tensión en la zona. (La Jornada)

GRUPOS ARMADOS

Desaparecidos de EPR no estuvieron aquí

En Oaxaca no hay nada que ocultar, pero no meto las manos al fuego por nadie”, señaló el gobernador Ulises Ruiz, quien rechaza todas las acusaciones que se le hacen a su gobierno en relación a los dos militantes desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y a los acontecimientos de 2006 relacionados con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el magisterio. Dijo que este año no es igual a 2006 en cuanto a movilización social, ya que ahora sí están amarrados los acuerdos anuales con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y expedida la convocatoria para la renovación de su dirigencia, como ha sucedido normalmente en los últimos 28 años, por lo que no hay convulsión en el estado, fluyen las inversiones y se realizará en paz la tradicional festividad de la Guelaguetza los lunes 21 y 28 de julio próximos. En relación a la desaparición, en mayo de 2007, de los guerrilleros eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el funcionario afirmó que su gobierno no tiene nada qué ver. “No sólo nos hemos deslindado como gobierno y en lo personal, sino que nos sumamos a la exigencia de que quien los tenga los presente vivos”. (El Universal)

El gobierno debe reconocer la desaparición forzada de eperristas, señalan mediadores

La comisión de intermediación con el EPR pidió al Gobierno Federal que acepte públicamente que investiga el delito de desaparición forzada en el caso de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes de ese grupo armado cuyo paradero se desconoce desde mayo de 2007. Lo anterior, al confirmar que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a dos policías de Oaxaca como responsables de desaparición forzada, secuestro y crimen organizado en agravio de los eperristas, de acuerdo con la versión del propio abogado de los inculpados, ofrecida a los mediadores, y con testimonios a los que han tenido acceso este grupo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En primer término, dijo el escritor Carlos Montemayor, vocero de la comisión de intermediación, “como una decisión política más avanzada del Estado mexicano que permita sentar una base sólida para que en el país no vuelva a presentarse el delito de desaparición forzada como acción habitual de las autoridades”. La CNDH informó a los mediadores las acciones realizadas acerca del caso de los eperristas desaparecidos, entre las que se encuentra, dijo Montemayor, “la confirmación de que había una acumulación de expedientes y de cargos, entre ellos el de desaparición forzada de personas en perjuicio de los eperristas”, cometidos presuntamente por los policías oaxaqueños. (La Jornada)

GOBIERNO FEDERAL

Legisladores aprueban dictamen para pedir la renuncia del titular del Cisen

Legisladores integrantes de la primera comisión de la Comisión Permanente aprobaron en esta instancia un dictamen mediante el cual solicitan al presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la remoción del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, por haber autorizado a una empresa particular que investigara a diputados y senadores. El 26 de mayo pasado, un medio de comunicación reveló que el Cisen contrató a la empresa privada Consultores en Diseño de Estrategia Político-Legislativas, a la que ordenó un análisis clasificado con reserva de 12 años sobre trabajo de senadores y diputados. Una vez que esa información se hizo pública en la Cámara de Diputados, legisladores de todos los partidos, con excepción del PAN, demandaron la destitución del titular de este órgano. En reunión de trabajo de esta comisión, por mayoría de legisladores del PRI, PRD, PT, Convergencia, y con la sola excepción de diputados y senadores del PAN, se aprobó el dictamen por el que se solicita la remoción del funcionario referido. Este dictamen pasará hoy al pleno para su discusión y aprobación. (La Jornada, El Universal, Milenio, Reforma)

Dan más poder de compra al Cisen

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) autorizó dotar de mayores facultades al director general del Cisen, para la adquisición de bienes muebles y servicios para el fortalecimiento de las labores de inteligencia civil en el país. Dispone para este año de mil 270.5 millones de pesos, 156 millones más respecto a 2007, cuando recibió poco más de mil 114 millones de pesos.  En el Congreso de la Unión se exige la renuncia del titular del Cisen, Guillermo Valdés, por dar segumiento a las actividades de los legisladores. De acuerdo con el oficio COFEME/08/1682, fechado el 26 de junio de 2008, se autoriza a la Secretaría de Gobernación un acuerdo propuesto por Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, para ampliar este presupuesto. Ahora sólo falta que el acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. Mouriño argumentó, según el acuerdo, que estos recursos son para “cubrir de manera pronta y expedita las necesidades materiales del órgano administrativo y darle mayor celeridad a los procedimientos de adquisición de bienes muebles, prestación de servicios, y contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que requiera el Centro”. (El Universal)

TEXTOS

Acusan a alcalde de comprar apoyo para despojar a zapatistas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Habitantes de la Sección III Las Palmas, una de las comunidades del cerro Huitepec, confirman con su testimonio que el gobierno municipal priísta de Mariano Díaz Ochoa sostiene una campaña de “garrote y zanahoria” hacia las comunidades. La intención es obligarlos a respaldar el desalojo forzado de las bases de apoyo zapatistas en la reserva ecológica que éstos protegen en 102 hectráreas del generoso cerro sancristobalense.

Según el testimonio divulgado por Indymedia Chiapas, el domingo 6 de julio los pobladores de Las Palmas fueron convocados a una asamblea comunitaria, algo inusual, pues la anterior había sido apenas el domingo anterior. “Rápido entendimos, porque ya conocemos la estrategia del mal gobierno en su guerra de baja intensidad: crear divisiones entre los pueblos zapatistas y sus vecinos directos, comprando la ayuda de los últimos para justificar su posterior entrada armada”.

Añaden: “entendimos la manipulación que el alcalde intentó en la Sección III. Se nos hizo claro que la asamblea de la semana pasada empezó el proceso”. Y detallan que el 29 de junio, la comunidad discutió qué obras públicas “iba a permitir el gobierno” este año. De las dos propuestas (mejoramiento y ampliación de la red de luz pública, o construcción de caminos pavimentados), se eligió la primera, “reconociendo también la gran necesidad de la segunda. Ni modo, tuvimos que eligir”.

El lunes 30 tuvo la comunidad una entrevista con el edil para comunicarle la decisión. “Ahora nos enteramos del chantaje que impuso Díaz Ochoa a la comunidad, que ya lleva tres años pidiendo los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad”. Los pobladores de Las Palmas identifican las tácticas contrainsurgentes del alcalde con el fin de obtener apoyo “para respaldar su intolerable política” de comunidades con necesidad de obra pública.

Este 6 de julio, la asamblea comunitaria se vio emplazada por el gobierno municipal a “decidir si aceptaríamos firmar en favor del desalojo de los zapatistas. Con cumplir esta condición, ahora sí veríamos empezar los trabajos tan necesarios para el pueblo”. Consideran esto “un juego infantil de las autoridades municipales, prometiendo recompensa o castigo”.

Acusan a Díaz Ochoa de intentar “comprar de antemano el silencio del pueblo Las Palmas, a través del cual tendrían que pasar los camiones de policías y militares el día que subieran a las antenas encima de San Cristóbal para quitar a los zapatistas de las tierras que ocupan, legítimamente, para protegerlas de las intenciones privatizadoras del gobierno”.

El grupo de “habitantes rebeldes” de la Sección III apunta que, “afortunadamente, la posición generalizada es no tomar parte en el conflicto, ni de un lado ni del otro”. Y se regocijan: “qué relajo al ver que la comunidad no cayó en la trampa oficial como sus vecinos de Los Alcanfores, quienes sí aceptaron las ventajas prometidas por el presidente municipal a cambio de su complicidad”.

Hubo “individuos” que “trataron de seducir a la demás gente” con los “beneficios materiales” en caso de apoyar al edil. “A pesar de su actitud agresiva, no lograron sus fines” y la Sección III sostuvo el acuerdo, expresado con anterioridad, “de no tomar parte en el conflicto, oponiéndose indirectamente al chantaje gubernamental”.

Sin embargo, “esta pequeña victoria”, dicen los testigos, “nos llama a ser más atentos aún ante los peligros que corren los zapatistas de la reserva del Huitepec”. El también empresario Díaz Ochoa “prepara el terreno para legitimar la violencia” contra los zapatistas. “Sus sucios tentáculos están ya moviéndose para dividir con el poder del dinero y del autoritarismo”, concluyen.

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