Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 5 de julio de 2008

EZLN

Preparan desalojo de zapatistas en reserva ecológica de Huitepec

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que según una fuente del gobierno estatal enteramente confiable, pero que solicitó el anonimato, el presidente municipal de esta ciudad, ingeniero Mariano Alberto Díaz Ochoa, estaría preparando, con respaldo federal, el “desalojo” de la reserva ecológica zapatista en las alturas del cerro Huitepec. En el eventual operativo podrían participar el Ejército, las procuradurías federales, además de la policía municipal, añade la fuente. (La Jornada. Se anexa)

ACTEAL

La Corte no analizará responsabilidad del Estado en matanza de Acteal: ONG

El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya aceptado resolver los amparos interpuestos por algunos de los autores materiales del asesinato de 45 indígenas de Acteal no significa que “analizará la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la matanza, como un crimen planeado y perpetrado en el contexto de la estrategia contrainsurgente de los gobiernos federal y estatal contra los pueblos indígenas organizados”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En un comunicado de prensa, el organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García sostuvo que la SCJN “única y exclusivamente se avocará al análisis de la legalidad y constitucionalidad de las sentencias condenatorias emitidas en primera instancia por los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, contra los peticionarios del amparo”. El Fray Bartolomé opinó que la aceptación del máximo tribunal de resolver los amparos “es una estrategia mediática que quizá ha utilizado la defensa de los sentenciados para desorientar o confundir a la gente sobre cuáles van a ser las verdaderas funciones de la Corte en el caso Acteal”. Como representante legal de las víctimas sobrevivientes, advirtió que continuará “sosteniendo ante las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional directa por el crimen de lesa humanidad” cometido en Acteal contra 45 indígenas, el 22 de diciembre de 1997. (La Jornada)

CHIAPAS

Reconocen labor del gobernador Sabines

El Embajador de Guatemala en México, José Luis Chea Urrela, destacó el desempeño del Gobierno que encabeza Juan Sabines Guerrero, en su tarea de proteger y respetar los derechos de los migrantes, lo anterior, luego de una reunión oficial con el mandatario chiapaneco, durante su visita por Chiapas.
Dicha reunión se realizó en el marco del interés recíproco entre ambas naciones, pero en particular con Chiapas, teniendo como prioridad el tema migratorio, del cual el representante de Guatemala dijo que el Gobernador tiene un especial interés en mejorar la situación de los migrantes centroamericanos a su paso por esta región. (Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas)

Acusan de homicidio a panista en Chiapas

El ex candidato del PAN a la gubernatura del estado, Francisco Rojas Toledo, fue detenido y acusado de homicidio agraviado en grado de tentativa, contra el secretario de la Coparmex en el estado, José Antonio Olguín Ruiz y por agredir a su ex esposa Mirna Camacho, delegada de la Profeco. La detención se derivó de la denuncia de los ofendidos, quienes dijeron que el pasado martes el empresario fue agredido por Rojas Toledo. Un día después de nuevo el panista amenazó a Olguín Ruiz en las oficina de la funcionaria, quien también recibió insultos. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS YEDITORIALES

Gloria Muñoz Ramírez escribe en su columna Los de Abajo que “este fin de semana la región Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena (CNI) celebra su vigésima primera reunión en el poblado de Mesa del Tirador, en la comunidad wixárika de Wuatla, Jalisco. Se trata de una mesa de trabajo ampliada a la que asisten representantes indígenas del norte y sur del país. En la reunión de esta red nacional se abordará el impacto de las políticas gubernamentales en los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la autonomía indígena por la vía de los hechos, la resistencia de la identidad indígena frente a la dominación de la cultura occidental y, por supuesto, el fortalecimiento del CNI (espacio construido hace 12 años que rechaza ‘reproducir las formas de dominación o de control con las que nos han oprimido los grupos de poder en el país, sino por el contrario, establecer nuevas formas de vivir la democracia…’). Otro ingrediente que se incorpora a esta asamblea es la actual campaña militar y paramilitar que busca ‘el exterminio definitivo’ de las comunidades zapatistas de Chiapas. En la convocatoria el CNI advierte: ‘ante la firme voluntad del Estado mexicano de no reconocer los derechos fundamentales de nuestros pueblos, éstos han decidido ya no solicitar el reconocimiento legal de sus derechos y sí ejercer tales derechos y la autonomía en los hechos. La unidad de los pueblos indígenas del país y el fortalecimiento inmediato del CNI son dos tareas urgentes para afrontar la realidad cotidiana de nuestros pueblos’.” (La Jornada)

Justicia penal y democracia

Ana Laura Magaloni menciona “en el caso de México, la Suprema Corte no ha logrado instituirse cabalmente como esa instancia educadora y afianzadora de la democracia. Las razones son diversas y complejas. En este sentido, resulta muy relevante y alentador que, por primera vez desde la refundación de la Corte, los ministros de la primera sala hayan decidido revisar la jurisprudencia constitucional en materia penal. Para ello, el miércoles pasado decidieron atraer, por unanimidad, el caso de los acusados por la matanza de Acteal. La Corte, a través del caso de Acteal, tiene material de sobra para comenzar a redefinir algunos de los componentes centrales de una justicia penal propia de un régimen democrático. Éste es uno de esos casos paradigmáticos para que nuestra Corte desempeñe el papel de instancia educadora que incentiva un cambio de mentalidad en los operadores del sistema penal. La atracción del caso de Acteal por parte de la Corte sucede en un momento particularmente relevante. Algunas de las cuestiones constitucionales que aborda el amparo promovido por Javier Cruz Angulo y los alumnos de la Clínica de Interés Público del CIDE en defensa de los acusados de la matanza de Acteal forman parte toral de la reforma constitucional en materia de juicios orales. Está claro que los quejosos no tienen derecho a que se les juzgue con el nuevo sistema, de eso no se trata este caso. De lo que se trata es que la Corte, a la luz del caso de Acteal, comience a establecer líneas jurisprudenciales a tono con la reforma penal que pronto comenzará implementarse en México. (Reforma)

TEXTOS

Preparan desalojo de zapatistas en reserva ecológica de Huitepec
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis. 4 de julio. Según una fuente del gobierno estatal enteramente confiable, pero que solicitó el anonimato, el presidente municipal de esta ciudad, ingeniero Mariano Alberto Díaz Ochoa, estaría preparando, con respaldo federal, el “desalojo” de la reserva ecológica zapatista en las alturas del cerro Huitepec. En el eventual operativo podrían participar el Ejército, las procuradurías federales, además de la policía municipal, añade la fuente.

No es sólo un rumor. El propio edil anunció el desalojo en la sesión de cabildo el pasado lunes 23 de junio, en presencia de algunos pobladores de la comunidad Alcanfores (quienes han servido como punta de lanza para la campaña de contrainsurgencia en el área, mediante reclamos infundados sobre las tierras reservadas y custodiadas desde 2007 por bases de apoyo zapatistas de la región tzotzil, en respaldo a la comunidad Huitepec Ocotal (Segunda Sección).

Argumentando “órdenes” del gobierno federal, Díaz Ochoa aseveró que desalojará “el campamento (zapatista) hasta dejarlo limpio”, y refrendó su “compromiso” (que data de su campaña para relegirse alcalde el año pasado) de echar a los zapatistas. Todas las personas presentes en el acto aplaudieron el anuncio.

Según las versiones recabadas, Díaz Ochoa habría acudido a la Secretaría de Gobernación, en la ciudad de México, para concretar el operativo. Ya con presunta luz verde, regresó a su ayuntamiento vuelto un dechado de albricias.

Si bien el gobierno estatal sostiene el compromiso público de no desalojar la reserva zapatista del Huitepec, y desautorizó anteriormente los planes de Díaz Ochoa, en esta ocasión no ha intervenido.

El 12 de marzo pasado, el gobernador Juan Sabines Guerrero publicó en este diario una carta abierta “a las Juntas de Buen Gobierno del EZLN”, a las cuales se dirigía “respetuosamente”. Recapitulaba una decena de acciones y compromisos emprendidos por su administración, y la número uno decía: “Hemos manifestado públicamente, y así será, que no permitiremos ningún desalojo en predios ocupados por zapatistas antes de 2007, y en particular la reserva ecológica El Huitepec”. En diversas oportunidades, Sabines ha reiterado esta posición.

Según lo anunció desde un año antes, el 13 de marzo de 2007, el EZLN estableció la nueva reserva, a la cual saldría al paso un decreto del gobierno chiapaneco, creando a su vez un área protegida en el mismo espacio de 102 hectáreas que las bases autónomas resguardan como proyecto colectivo y regional, con el respaldo de la otra campaña de la región y nacional. Con base en su compromiso político, el gobierno de Sabines no ha emprendido acciones. Cabe recordar que el decreto de marzo de 2007 delega el área reservada al gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas.

Otras fuentes consultadas confirman que, ante las intenciones explicitadas por el alcalde coleto, dentro del gobierno estatal existiría interés en deslindarse de dichos planes de desalojo. Hasta cierto límite, pues si hubieran órdenes federales, el gobierno chiapaneco deberá participar en las acciones de fuerza que se realicen.

La junta de buen gobierno (JBG) de Oventic, que tiene bajo su jurisdicción la reserva del Huitepec y la ha respaldado desde que la creó hace más de un año, no se ha manifestado en la actual coyuntura. Se pudo confirmar, sin embargo, que en días recientes las guardias de bases de apoyo del EZLN en el Huitepec han sido reforzadas con indígenas de todos los municipios autónomos de los Altos.

Según la citada fuente gubernamental, durante la semana que concluye el presidente municipal de San Cristóbal tenía programada una reunión con el secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner, el licenciado Jaime Ramírez Maza y un representante del gobernador Sabines para tratar el asunto y solicitar su “apoyo” en la operación. No se pudo confirmar que dicha reunión se haya efectuado.

El alcalde Díaz Ochoa, de extracción priísta, alardeaba la semana pasada que el desalojo podría ser en los primeros días de julio. Con algo similar amenazó en enero de este año, al asumir la alcaldía por segunda vez en este municipio que con frecuencia llega a parecer propiedad suya y de sus familiares.

Además, según la misma fuente, dentro del gobierno del estado se habrían considerado “provocaciones” las recientes incursiones militares en La Garrucha y San Jerónimo Tulijá, de las que intentó deslindarse a pesar de haber participado. Y en relación al caracol de Morelia, agredido en mayo, el presidente municipal de Altamirano habría dicho “tener” su respectiva “orden del gobierno federal” para desalojar el caracol con la participación de “aviones y helicópteros”. Esto, a pesar de que el gobierno chiapaneco indemnizó a los priístas del ejido Morelia que amagaban con destruir el caracol hace cinco semanas.

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