Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 2 de julio de 2008

ASUNTOS RELIGIOSOS

Chiapas: cortan agua y luz a evangélicos

Elio Henríquez escribe desde San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que católicos tradicionalistas de Santa Rita, municipio de La Trinitaria, encabezados por el comisariado ejidal Antonio Hernández Aguilar, suspendieron los suministros de agua y electricidad a cinco familias evangélicas que no cooperaron con 600 pesos para la celebración de la fiesta de la virgen de Santa Rita, el pasado 22 de mayo. Rosario Calvo Gómez, feligrés del templo Jesús es el Camino, precisó que unos 70 ejidatarios armados con machetes cortaron esos servicios, con lo que suman 13 viviendas afectadas. Agregó que desde febrero recibieron presiones para que hicieran la aportación. (La Jornada, Crónica, Milenio)

ASUNTOS INDÍGENAS

Zacapela entre mazahuas y policías en gira de Calderón

Al grito de “¡queremos agua!”, indígenas mazahuas lograron quebrar el cerco del Estado Mayor Presidencial (EMP) y terminaron siendo replegados a escudazos y toletazos por policías federales y estatales. Al abordar rápidamente una camioneta, el presidente Felipe Calderón quedó a salvo de la zacapela, que duró una hora, en la cual resultaron lesionados el diputado local perredista Tomás Octaviano Félix y un policía. “Somos pueblo”, insistía cuando se le preguntaba si pertenecían a alguna organización, a lo que contestaban que eran de Villa de Allende y de Donato Guerra. En tanto, Calderón y Peña Nieto se mantenían bajo resguardo de los elementos del EMP al mando del general Jesús Castillo, quienes se encargaron del traslado del mandatario para que pudiera abordar su helicóptero. Mientras elementos de las distintas corporaciones policiacas mantenían a raya a los inconformes, los miembros del EMP aprovecharon para conducir al Presidente al helicóptero. El mismo camino siguieron el gobernador; el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, y el comisionado de los Pueblos Indígenas, Luis H. Álvarez, así como legisladores panistas. (La Jornada, Milenio, Reforma, Excélsior)

Rompen cerco presidencial

En Villa de Allende, una de las zonas de mayor pobreza en el Estado de México, un grupo de personas rompió el cerco de seguridad al arribo del presidente Felipe Calderón, para exigir agua potable, lo que motivó un enfrentamiento con elementos del Estado Mayo Presidencial y de la policía estatal. Sobre este incidente, el gobernador del estado comentó que fue un grupo de personas, movidos por uno de los diputados de esta zona, un legislador del PRD. “Lo que hicieron fue azuzar a la gente como ha sido la profesión del PRD de oposición al presidente. Vinieron a manifestarse y a generar problemas y caos”. (Al parecer fue el diputado del PRD, Tomás Octaviano Felix, del XI Distrito Electoral local e integrante de la LVI Legislatura del Estado de México), quién también resultó lesionado en la refriega. El Comisionado Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, don Luis H. Álvarez, comentó sobre este incidente que “son manifestaciones de un grupo bien reducido y dudo que todos sean indígenas, son gente que aprovecha el momento para sacar agua y llevarla a su molino”. Enfatizó que con actitudes así no es como se gana la voluntad de los ciudadanos. (El Sol de México, Crónica)

Leonel Godoy exhorta “a no ser mezquinos” y apoyar a Calderón

El Gobernador de Michoacán, el perredista Leonel Godoy, convocó a no regatear ni ser mezquinos, sino a apoyar al presidente Felipe Calderón. Ante el panista, que inició este día una gira por su tierra natal, Godoy se congratuló de que el mandatario federal sea originario de esta tierra y, por eso, se mostró confiado en que “nos va a ir mejor a los michoacanos con este presidente”. Frente a habitantes que recibieron apoyos del programa del Gobierno Federal Vivir Mejor, aseguró que en el ejercicio de su gobierno pondrá por delante de los intereses personales los de los michoacanos. Luego, en el municipio de Angangueo, durante un encuentro con representantes de las cuatro etnias del estado, se pronunció en favor de que los jóvenes estudien carreras técnicas, porque “hay más chance de encontrar trabajo”. Luego de escuchar una serie de demandas de los representantes de grupos indígenas, confesó que le han llegado a recomendar que no haga diálogos públicos, “porque salen cosas imprevistas”, pero se declaró dispuesto a escuchar sus peticiones. (La Jornada, Reforma, Milenio)

GRUPOS ARMADOS

Comando balea camioneta con perredistsas: 5 muertos

Dos menores y tres adultos, miembros de una familia integrante de la organización Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), murieron al caer a un barranco la camioneta en la que viajaban tras ser atacada a balazos por un grupo armado en la carretera de terracería que conduce al poblado de Zopilotepec, perteneciente al municipio de Zapotitlán Tablas, en Guerrero. El secretario general de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, informó que la Procuraduría de Justicia del Estado investiga si el móvil del atentado está relacionado con las elecciones internas del PRD realizadas el pasado domingo para designar candidatos a los ayuntamientos y a diputados locales. (Crónica)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

EZLN y EPR: las paradojas

Jorge Lofredo escribe en su artículo que “sin el riesgo cierto de una nueva escalada de violencia contra las comunidades zapatistas y la trascendencia que puede alcanzar una salida política a la cuestión de los eperristas desaparecidos, la mención de ambas circunstancias quedaría relegada simplemente a ello. Sin embargo, durante el transcurso del segundo semestre de 1996, el EZLN se encontraba en pleno diálogo con el Gobierno Federal al momento de la irrupción del EPR. (Excélsior. Se anexa)

Exigen cesar hostigamiento a comunidades indígenas

En El Correo Ilustrado, Comité Eureka. Rosario Ibarra informa que:”En los últimos tres meses se ha recrudecido el embate oficial contra comunidades indígenas en Chiapas, con el común denominador de que se trata de comunidades con presencia de organizaciones campesinas e indígenas que han reivindicado a lo largo de los años la lucha por sus derechos fundamentales. Es el caso de las bases de apoyo zapatistas, el EZLN, La otra campaña, la Organización Campesina Emiliano Zapata y el Frente Nacional de Luchas por el Socialismo. El Ejército ha sido el actor principal de una serie de incursiones hostiles en estas comunidades, bajo argumentos como la búsqueda de plantíos de estupefacientes, pero sus acciones han sido acompañadas también por corporaciones federales y estatales como la AFI, la PFP, la PGR, la Policía Estatal Preventiva, agentes del Ministerio Público y civiles armados. No se trata de casos aislados, sino de lo que podría enmarcarse en una ofensiva sistemática contra poblaciones indígenas incómodas a los gobiernos federal y estatal. Así, la movilización de diversas unidades militares de todos los puntos de la región, la asistencia de las diversas corporaciones federales, así como la colaboración de la policía del estado y, sin contradicción aparente, de grupos civiles armados, todo ello configura una ofensiva táctica en contra de comunidades con una fuerte organización para la defensa de sus derechos. Es el caso de las incursiones en Cruztón (27 de abril y 18 de junio), San Jerónimo Tulijá (19 y 20 de mayo), el patrullaje de 11 comunidades de Venustiano Carranza (22 de mayo), la incursión en La Garrucha (4 de junio), y el desalojo de comunidades de Montes Azules (27 de mayo, con apoyo de la Profepa), por citar sólo algunos. Por lo anterior, exigimos el cese al hostigamiento a las comunidades zapatistas e indígenas y al conjunto de las organizaciones sociales de Chiapas por parte de las autoridades federales y del gobierno estatal de Juan Sabines, así como de grupos “civiles” que operan bajo su cobijo, y la salida del Ejército de las comunidades indígenas.” (La Jornada)

TEXTOS

EZLN y EPR: las paradojas
Jorge Lofredo/Excelsior

Sin el riesgo cierto de una nueva escalada de violencia contra las comunidades zapatistas y la trascendencia que puede alcanzar una salida política a la cuestión de los eperristas desaparecidos, la mención de ambas circunstancias quedaría relegada simplemente a ello. Sin embargo, durante el transcurso del segundo semestre de 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se encontraba en pleno diálogo con el gobierno federal al momento de la irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR). La vía política primaba con los alzados de Chiapas, en tanto que los enfrentamientos militares imperaban en Guerrero y Oaxaca. Actualmente, los roles se han invertido: mientras el EPR y la actual administración federal encuentran en la Comisión de Mediación una instancia sobre los desaparecidos, el subcomandante Marcos acaba de agregar un agravante: “Estamos como en 1993, pero al revés. (…) Ahora es el gobierno el que está preparando el ataque (Laura Castellanos y Ricardo Trabulsi: Corte de Caja, Búnker/Alterno, 2008, p. 49.)”.

La paradoja entre ambos momentos serviría como referencia política de la historia inmediata, pero la relevancia de la coyuntura la convierte en lectura imprescindible. El reciente informe (La Sedena: Operación Garrucha, 7 de junio de 2008) del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) destaca en el mismo sentido: “Frente a un escandaloso silencio mediático, la ofensiva contra los pueblos zapatistas dentro de su territorio no sólo se mantiene, sino en forma por demás alarmante, se incrementa”. Diversos análisis apuntaron que el zapatismo no fue aniquilado, pese a su manifiesta debilidad militar debido, entre otras cosas, a una exitosa estrategia comunicacional y cobertura mediática; pero ya sin éstas, las comunidades zapatistas están a la intemperie. Como bien se refleja en el trabajo de Castellanos-Trabulsi, también son ignoradas las formas de autogobierno que se está impulsando y plasmando en las comunidades chiapanecas. Ello implica que ante la ruptura de y con Marcos, continuó un desinterés por la suerte de esa experiencia autonómica.

El EZLN concitaba toda la atención (mediática-comunicacional) alrededor suyo, a la vez que la única vía de asumir al EPR era a través del enfrentamiento policial-militar. Basta con mencionar la definición de “guerrilla buena” (EZLN y su base social) y “guerrilla mala” (EPR y sus acciones terroristas) para comprender cabalmente la diferencia entre ambas decisiones gubernamentales. Ahora, en cambio, con las advertencias sobre el asedio a los caracoles y la puesta en marcha de la mediación, parece haberse invertido nuevamente la fórmula: antes se hablaba del y con el EZLN, mientras se combatía al EPR; hoy es al revés en todo sentido (hasta en su misma definición). Y aunque han habido reiteradas denuncias sobre incursiones militares a la zona zapatista que no se han concretado, podría considerarse la ejecución de una estrategia militar que reside precisamente allí: asedios constantes o su amenaza, que especulan con la reacción del EZLN y de organizaciones no gubernamentales para que caigan en el descrédito o la indiferencia, hasta que al final acaban sucediendo.

El EPR logró romper el cerco de silencio impuesto desde tiempos del Partido Revolucionario Obrero Campesino-Unión del Pueblo (PROCUP), y esto quizá ocurrió a partir de sus acciones político-militares en 1996-1997; no obstante, alcanza mayor notoriedad con las recientes explosiones en Pemex y con la propuesta de mediación. Obtiene también una repercusión periodística que actualmente ya no logra el EZLN. Al respecto, puede notarse que el PROCUP, antecedente del EPR, no era considerado en la sección política de los periódicos nacionales, sino que se le relegaba a los sucesos policiales. Hoy es impensado suponer que un medio les destine a ese lugar, aun cuando se les involucre en algún ilícito. De hecho, el EPR también ha hecho notar en reiteradas ocasiones la escasa llegada a los medios y la imposibilidad de hacer conocer su ideario a través de su propia voz.

Además de dejar al desnudo estas paradojas, Corte de Caja descubre un cambio en la visualización del EPR por parte de Marcos. Como antecedente inmediato puede contabilizarse el texto zapatista del 22 de septiembre, donde anuncia la suspensión de las actividades de La Otra Campaña mientras transcurre la campaña eperrista. Pero en este caso, profundiza aún más. Luego de reconocer la existencia de discusiones internas para volver a las armas luego de la Marcha del Color de la Tierra, en 2001 (p. 65), y tras la advertencia de que responderán ante una nueva agresión (p. 52), aseguró: “El EPR va a dar mucho de qué hablar en los próximos años.” (p. 110.) Y a continuación, afirma: “El EPR tuvo lo que no tuvimos nosotros en 94. En 94 —continúa Marcos— todos fueron unánimes a la hora de apoyar nuestras causas, pero se dijo que la vía armada no era el camino. Y el EPR no recibió una condena unánime por las bombas (ídem)”. Y concluye: “Debido a la situación del país, acciones de este tipo despiertan simpatías (p. 111)”.

Esto, sin embargo, no parece ser así. Un recorrido por las distintas opiniones planteadas en los medios de comunicación en torno de las acciones político-militares llevadas a cabo por el EPR contra los ductos de Pemex, concluyen en su gran mayoría en rotularlas como “terroristas”. El EZLN, también, ha contado con una movilización social de gran magnitud para poner fin a las acciones militares en su contra, suceso con el que ni la masacre de Aguas Blancas ni el EPR han contado. Y tampoco ha concitado la misma atención que la obtenida por el zapatismo en aquellos años ni ha encontrado eco en alguna personalidad que haya hecho propia la causa eperrista. Las diferencias entre cada circunstancia son muchas, pero aun así continúan las paradojas.

Más todavía, casi idénticos son los argumentos que encuadran al EPR como “terrorista” como los esgrimidos contra el PROCUP. Encontrando nuevamente al EZLN como punto de conexión entre uno y otro momento, en el libro Lucio Cabañas, 20 años después (coordinado por Felipe Edgardo Canseco; Claves Latinoamericanas, s/f) se aborda la misma situación en el contexto de las acciones político-militares realizadas por el PROCUP y el Partido de los Pobres (8 y 9 de enero de 1994) en solidaridad con el levantamiento zapatista.
Ahí se responde a las aseveraciones que caracterizaron de “terroristas” a esos hechos. Y dos son los argumentos de fondo, entre otros, que aún persisten. Primero, que las acciones político-militares fueron realizadas con posterioridad a los sucesos que denuncian —en este caso, posterior a la avanzada militar del gobierno contra las posiciones zapatistas— como una suerte de respuesta basada en la solidaridad revolucionaria con el EZLN; y segundo, que estas acciones de hostigamiento “sólo constituyen una forma táctica más (y que) no se contrapongan las diferentes formas de lucha, sino que se comprendan como formas complementarias (pp. 92-93)”.

Los posicionamientos del PROCUP como del EPR siguen siendo los mismos: no ejercen una violencia ofensiva, sino que se presentan como una respuesta a una realidad considerada injusta y que sólo a través de la combinación de todas las formas de lucha, incluida la armada, puede revertirse esta situación. La caracterización de terrorismo, sin más explicación ni equiparación con otras experiencias, también es un hecho que ha transcurrido inmutable a lo largo de todos estos años. Los datos antes expuestos dan cuenta de ello.

Lo cierto es que tras estas paradojas se esconden las mismas situaciones ocurridas muchos años atrás, como si lo sucedido de nada hubiese servido. Y, más grave aún, es que se repiten los mismos riesgos de décadas pasadas.

Jorge Lofredo es investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (www.cedema.org)

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