Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 11 de julio de 2008

EZLN

Alarmante, despliegue táctico-militar en Chiapas contra zapatistas: Capise

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que en un nuevo y detallado informe sobre la militarización en Chiapas, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise) encontró que el despliegue de fuerzas castrenses en las zonas zapatistas se ha redefinido: “El sentido de profundidad de las unidades castrenses y las operaciones recientes que se observan dentro de un gran ‘teatro de operaciones’ militares es alarmante”. (La Jornada. Se anexa)

ACTEAL

La Corte, última senda en el caso Acteal

La decisión que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 2 de julio pasado, al atraer el caso Acteal, es de la mayor trascendencia, porque le permitirá revisar la calidad de juicios que se realizan en México y establecer lineamientos para que las irregularidades cometidas no se repitan. El interminable proceso iniciado a los indígenas tzotziles acusados de la matanza de 45 personas, integrantes de su misma etnia, es un caso paradigmático que ofrece a la Corte la posibilidad de sentar precedentes en materia de derecho al debido proceso, una garantía base de nuestro sistema judicial. No es poca cosa lo que está en juego. En tanto que Tribunal Constitucional, la Corte debe analizar si los jueces y magistrados que conocieron del caso validaron la fabricación de evidencia y, por tanto, de culpables, junto con un cúmulo de anomalías que iniciaron con la integración de la averiguación previa, de acuerdo con la defensa. A partir de este caso, la Corte tiene la posibilidad de definir qué puede y qué no puede hacer un juez en el proceso, cómo debe valorar la evidencia y cómo debe garantizar la igualdad procesal. Acteal es un ejemplo de denegación de justicia, argumenta la defensa, pues hasta el año pasado la mayoría de los inculpados llevaba 10 años en prisión preventiva, sin recibir una sentencia. (El Universal)

GOBIERNO FEDERAL

Mouriño: no hay razón para destituir al titular del Cisen

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, desestimó este jueves el requerimiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con miras a que destituya al director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, por ordenar espionaje de diputados y senadores. “No vemos razón para destituir a alguien en función de un pronunciamiento político que carece de algún tipo de pruebas que sustente la acusación”, afirmó. Mouriño Terrazo anunció que la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República atenderán la denuncia por espionaje que presentó el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, “para dar resultados con absoluta convicción”. Sobre la desaparición de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Sánchez Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, rechazó nuevamente alguna responsabilidad del Gobierno Federal en los hechos. Añadió que la investigación está abierta y en curso. “Lo que se está haciendo es investigar lo ocurrido y cuando las investigaciones arrojen resultados, se darán a conocer”, asentó. (La Jornada, Excélsior, Reforma, Milenio)

El Cisen, sin licencia para espiar

La ley es muy clara. El marco normativo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no le permite espiar ni grabar conversaciones sin autorización de un juez, y tampoco le permite delegar a empresas privadas el acopio de información relacionada con la seguridad nacional. Respecto del espionaje a personajes públicos, el artículo 16 constitucional garantiza que las comunicaciones privadas de los ciudadanos mexicanos son inviolables, y el artículo 34 de la Ley de Seguridad Nacional especifica que cualquier intervención en las comunicaciones de una persona sólo pueden llevarse a cabo con autorización judicial. Por eso, de comprobarse que fue este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación el que espió al senador Manlio Fabio Beltrones sin estar involucrado en un proceso judicial, se debe castigar a los responsables del ilícito. Se pueden argumentar muchas atenuantes: que siempre se ha hecho, que para el PRI era práctica cotidiana, que un gobierno debe estar atento a todo lo que pasa en el país, que dicha práctica ha servido para develar casos tan ominosos como los del gobernador de Puebla, Mario Marín, y su amistad con Kamel Nacif. (El Universal)

Mintió a Congreso asesora del Cisen

La empresa consultora contratada por el Cisen para recabar información de legisladores realizó su labor mediante engaños, de acuerdo con una carta en poder de este diario. La directora de Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, Laura Ballesteros, envió en junio de 2007 una misiva a senadores y diputados en la que informaba que los datos recabados por medio de cuestionarios serían utilizados en unas memorias a cargo del Fondo de Cultura Económica, que irían acompañadas de ensayos de académicos. La carta, de cinco párrafos, ostenta el logo de Observatorio Ciudadano. Al final, los datos se recopilaron, pero no tuvieron como destino el Fondo de Cultura, sino el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El contrato firmado entre la consultora y el Cisen ascendió a un millón de pesos, publicó EL UNIVERSAL a fines de mayo. El coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, mencionó que no respondió el cuestionario porque parecía “un asunto raro... hoy sé de qué se trató y que no hubo ningún libro”. (El Universal)

El Cisen “ignora” a quién contrata

El director general del Cisen, Guillermo Valdés, aseguró que desconocía en muchos de los casos los antecedentes o filiación partidista de los diversos proveedores del órgano de inteligencia que encabeza. También restó importancia al hecho de que la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político–Legislativas, además de haber monitoreado para el Cisen la actividad de los legisladores, sea la misma que colaboró para el equipo de transición del entonces presidente electo Felipe Calderón. La Comisión Permanente del Congreso pidió la renuncia de Valdés a raíz de un contrato que firmó con la empresa que dirige Laura Ballesteros, una militante de Acción Nacional. Por su parte, Ballesteros admitió que su compañía ha sido contratada por partidos, iniciativa privada y sociedad civil, además de deslindar de esta actividad a Mariana Gómez del Campo, dirigente del PAN en el DF, y prima de Margarita Zavala, esposa del presidente de la República. (El Universal, Excelsior, Reforma)

ASUNTOS INDÍGENAS

Pobladores de Suljaa frustran clausura de radio indígena

Alrededor del mediodía de este jueves, agentes federales intentaron desalojar la radio indígena Ñomndaa en Xochistlahuaca (o Suljaa), Guerrero. El comité directivo de la emisora del pueblo amuzgo, conocida como La Palabra del Agua, denunció que “aproximadamente 40 elementos, entre efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y la Policía Ministerial, encabezados por una persona de la SCT que se identificó como José Mario Jodas (sic) llegaron a la radio”. Intentaron clausurar y llevarse el equipo de transmisión, pero la llegada de ciudadanos de Suljaa, colaboradores, la directiva y el comisariado ejidal lograron “evitar la clausura y el desmantelamiento”. Los agentes manifestaron a los indígenas que “cometen un delito federal al no contar con el permiso para poder transmitir”. Al llegar cada vez más gente de las comunidades cercanas, procedieron a retirarse sin llevarse nada ni a nadie. (La Jornada, Excelsior)

TEXTOS

Alarmante, despliegue táctico-militar en Chiapas contra zapatistas: Capise
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En un nuevo y detallado informe sobre la militarización en Chiapas, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise) encontró que el despliegue de fuerzas castrenses en las zonas zapatistas se ha redefinido: “El sentido de profundidad de las unidades castrenses y las operaciones recientes que se observan dentro de un gran ‘teatro de operaciones’ militares es alarmante”.

El despliegue táctico-militar corresponde, según el organismo civil, “a una lógica de guerra regular e irregular, pero hay un detalle más dentro de este ofensivo ‘teatro de operaciones’: el Ejército federal de Felipe Calderón ahora penetra zonas francas donde un ‘supuesto enemigo se mueve’”.

El informe destaca que “si las fuerzas armadas violentan las zonas francas, se cierra el espacio de libre movimiento que debe existir en tiempos de tregua y de paz; se cierra el espacio de lucha civil y pacífica propuesto por los pueblos zapatistas; se muestra la intransigencia contra pueblos que construyen un proyecto integral en materia de libre determinación indígena; se muestra, pues, el rostro de un gobierno impuesto que reprime y despoja con escandalosa impunidad”.

En el documento Vientos de Guerra, Capise “observa grupos de Fuerzas Especiales, Policía Militar (PM), agrupamientos, Batallones de Infantería (BI), Regimientos de Caballería Motorizada (RCM), Regimientos de Artillería (RA), Compañías de Infantería no Encuadradas (CINE), Batallones de Ingenieros de Combate (BIC) y Compañías de Ingenieros de Combate (CIC), entre otros, dentro del territorio indígena zapatista”.

La “nueva ofensiva militar” se centra “de manera muy concreta contra el EZLN, las autoridades civiles zapatistas, sus bases de apoyo, el proyecto integral que desarrollan en el contexto de su libre determinación como pueblos indígenas y contra el movimiento nacional de La otra campaña”.

Tras ajustes significativos en la distribución y caracterización de las tropas en las regiones indígenas de Chiapas, los constantes patrullajes castrenses y los recientes operativos militares en La Garrucha, San Jerónimo Tulijá y la zona norte “tejen una ofensiva”, coordinados desde cinco “grandes instalaciones estratégicas”: el campo militar 39-A, cuartel general de la 39 Zona Militar y del 31 Batallón de Infantería, en Toniná (Ocosingo); el cuartel del 38 Batallón de Infantería, en San Quintín (Ocosingo); el cuartel general de 15 Regimiento de Caballería Motorizada en Comitán; el cuartel del 18 Batallón de Infantería, en Palenque, y el de la 38 Zona Militar, en Tenosique (Tabasco). A éstos deben agregarse las bases de Rancho Nuevo y Tuxtla Gutiérrez, sede de las comandancias.

Para ilustrar los efectos sociales de esta militarización, el informe señala los impactos que padecen los pobladores de San Quintín y Monte Líbano: “la cantidad de cantinas, el alcoholismo, la importación de prostitutas, y la prostitución que alcanzó a mujeres indígenas, han conllevado una descomposición del tejido social y comunitario en niveles lamentables e indignos para los pueblos”. Estas comunidades “son muestra elocuente de por qué nunca el Ejército federal debe habitar tierras y territorio civil en el país”.

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