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Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.
México, D.F, 7 de febrero de 2008
EZLN
Reciben ex zapatistas apoyos de Sedesol
El programa Oportunidades, de Sedesol, entregó ayer apoyos económicos a 193 familias de ex zapatistas en una fracción de la comunidad Polhó, en la zona de Los Altos de Chiapas. La ceremonia fue presidida por el coordinador nacional del programa, Salvador Escobedo, y el coordinador de delegaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI), Xavier Abreu. (Reforma, Excélsior, Diario de Chiapas, El Heraldo de Chiapas. Se anexa)
Compran a ex bases de apoyo
Elio Henríquez escribe desde Polhó, Chiapas, que en un acto que las bases de apoyo zapatistas consideraron parte de las acciones de contrainsurgencia, el coordinador nacional del Programa Oportunidades, Salvador Escobedo Zoletto, y otros funcionarios federales entregaron y ofrecieron apoyos diversos a 193 familias ex integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en un barrio de la comunidad de Polhó, uno de los símbolos de la resistencia en los Altos de Chiapas. El acto, al que se invitó a muchos reporteros, tuvo lugar en momentos en que la tensión se ha incrementado en la zona, debido a que el martes indígenas contrarios a las bases de apoyo del EZLN construyeron varias chozas de madera en las inmediaciones del banco de arena de Majomut que trabajan estos últimos y cuya disputa, según el Libro blanco elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), fue el origen de la masacre de 45 tzotziles en Acteal el 22 de diciembre de 1997. (La Jornada, Cuarto Poder. Se anexa)
Se pronuncia el CNI contra ola de hostilidades en Chiapas
Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que ante el recrudecimiento de las agresiones “a pueblos, naciones y tribus”, el Congreso Nacional Indígena (CNI) se pronunció contra las hostilidades hacia los pueblos zapatistas de Chiapas, “que en los meses recientes han intensificado por medio de organizaciones paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos”. (La Jornada. Se anexa)
Documenta ONG tortura en Chiapas
La Comisión Civil Internacional de Organismos de Derechos Humanos encontró en su visita a Chiapas que la tortura se mantiene como práctica en los procesos penales y documentó dos casos de presos del penal de Playas de Catazajá (Palenque), por lo que recomendó a las autoridades darles atención sicológica de inmediato. En el Centro de Readaptación Social de Catazajá visitaron a Eliseo Silvano Jiménez y a su hijo Eliseo Silvano Espinosa, detenidos el pasado 1 de febrero acusados de perpetrar un asalto.
Los dos son integrantes de bases de apoyo zapatistas. Integrantes de la CCIODH observaron que las lesiones que presentaban Eliseo y su hijo, eran más significativas que un mero forcejeo y que necesitaban de una atención médica hospitalaria. A pesar de todo, los militantes zapatistas insisten en su inocencia. Los integrantes de la CCIODH realizan una vista a Acteal para entrevistarse con familiares de las víctimas de la matanza en esa población ocurrida hace 10 años. (Milenio, Reforma, Cuarto Poder)
Ratifica ONG que campesinos zapatistas fueron torturados
Hermann Bellinghausen señala desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que actualmente recorre las regiones indígenas de Chiapas, visitó y valoró médicamente a los dos campesinos zapatistas agredidos y detenidos por la Policía Estatal de Caminos (PEC) y pobladores de la comunidad Betel Yochip’ (municipio oficial Salto de Agua) el pasado día primero, luego torturados en separos policiacos de Palenque y encarcelados sin atención médica en el penal José Patrocinio González Garrido, o Cereso 17 de Playas de Catazajá. (La Jornada. Se anexa)
ACTEAL
Demandan evangélicos profundicen investigaciones del caso Acteal
Evangélicos pidieron ayer que la SCJN atraiga las pesquisas de la masacre de 45 indígenas ocurrida en Acteal, municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997, debido a que los jueces del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito "prostituyeron la justicia y torcieron las investigaciones". El pastor Loreno López Sántiz, de la iglesia Evangélica Cristiana de los Altos de Chipas, miembro de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), afirmó que "los jueces oyeron sólo a los asesinos y mercenarios zapatistas y no a los 83 detenidos y sentenciados injustamente". Aseguró en entrevista que los indígenas presos acusados de la matanza siempre quisieron decir la verdad ante la autoridad judicial pero nunca los escucharon. Mencionó que desde el inicio de las diligencias de la masacre la Confraternice denunció graves irregularidades, "estas causas son suficientes para que los mismos jueces que han intervenido en tales juicios sean merecedores de no sólo inhabilitación, sino de la comisión de delitos contra la administración de justicia". Sustentó que previo a la masacre, durante el gobierno de Julio César Ruiz Ferro, 18 indígenas vecinos y familiares de los ahora procesados fueron asesinados por zapatistas en un lapso de 10 meses. "No se les otorgó seguridad pública ante los ataques y homicidios cometidos por zapatistas, ni se investigó, ni se ordenaron aprehensiones a los asesinos de los 18 indígenas, además, confiesan haberse enfrentado a los miembros del EZLN en las afueras de Acteal, pero no haber matado", dijo. (El Heraldo de Chiapas)
CHIAPAS
Combate a la pobreza
El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Ernesto Cordero Arroyo, donde se refrendó el compromiso de trabajar en unidad en el combate a la pobreza extrema en Chiapas. En ese marco, Cordero Arroyo enfatizó que para el Presidente Felipe Calderón una de las prioridades de su administración es atender las necesidades de todas las comunidades del país, particularmente las que hasta el día de hoy presentan el menor índice de desarrollo humano.
Por lo que, los titulares de la SEDESOL y el gobernador de Chiapas, coincidieron en establecer estrategias para seguir trabajando de manera coordinada y paralela en beneficio de los municipios que presentan mayor marginación, por lo que se detallan pormenores para la firma de un convenio de colaboración en la materia. En la reunión que se desarrolló en las oficinas centrales de esa dependencia, en la Ciudad de México, también se abordó el tema de Ciudades Rurales, que con la suma de esfuerzos de los gobiernos y de la sociedad civil es una solución integral para atender la dispersión poblacional y su relación con la pobreza. (Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas)
Diputados abren oficina de Enlace en zona indígena
Tal como lo ofrecieron a los habitantes de los municipios de la Región Altos de Chiapas, los diputados Javier Martínez Vargas y Domingo Pérez López, del PRI, inauguraron una Oficina de Enlace Legislativo en San Cristóbal de Las Casas, a través de la cual buscarán apoyar a la población indígena y atender a la sociedad en general. Los diputados indígenas Martínez Vargas y Pérez López, destacaron su propósito de "recibir propuestas legislativas, realizar actividades de gestoría, atender diversas peticiones de la población, pero sobre todo acercar atención a los habitantes de municipios como Amatenango, Teopisca, Chanal, Oxchuc, Huixtán, San Juan Cancuc, Tenejapa, Chamula, Mitontic, Chenalhó, Santiago El Pinar, Zinacantán, San Andrés Larráinzar, Pantelhó y Chalchihuitán, sin necesidad de que tengan que trasladarse a la capital del estado". (Cuarto Poder)
Activista denuncia tortura en Chiapas
Felipe Hernández Yuena, detenido el martes en la cabecera municipal de Venustiano Carranza y acusado de los delitos de sedición, motín “y los que resulten”, relató que fue interrogado sobre si el Ejército Popular Revolucionario (EPR) estuvo “detrás” de la marcha contra el Tratado de Libre Comercio que se efectuó el 31 de enero pasado en la capital de Chiapas y de la cual fue el orador principal. Con huellas de golpes en rostro, brazos y abdomen, el maestro rural denunció que fue llevado a un cuarto donde dos personas “fornidas, encapuchadas, con la apariencia de agentes de inteligencia militar”, lo torturaron y le preguntaron si tenía que ver con el EPR, si conocía a los dirigentes de ese grupo o si los guerrilleros habían participado en la marcha, todo lo cual negó. (La Jornada)
GOBIERNO FEDERAL
Campesinos inconformes exigen negociación directa con Mouriño
La Confederación Nacional Campesina y organizaciones exigieron que la mesa de diálogo con el gobierno federal sea encabezada por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, pues los titulares del Trabajo, Economía y Agricultura “dieron muestras de incapacidad para responder a las demandas del agro nacional”. Sin embargo, Bucareli informó en un comunicado que será el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Abraham González, quien se sumará a la mesa de diálogo planteada por el presidente Felipe Calderón a organizaciones campesinas inconformes. (Milenio, Crónica, Diario Monitor, Excélsior, Reforma)
Ordenan al Cisen abrir sus archivos sobre espionaje
Por primera vez, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) deberá detallar operaciones de indagación: intervenciones de conversaciones y mensajes electrónicos hechas de febrero de 2005 al 6 de noviembre de 2006.
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) notificó, en sesión ordinaria, que en ese lapso el órgano de inteligencia del gobierno federal realizó 34 intervenciones a teléfono y correo electrónico, con conocimiento y autorización del Poder Judicial de la Federación. Un solicitante de información pidió estos datos y el Cisen entregó la respuesta al IFAI. Los consejeros sopesaron el impacto que tendría para la seguridad nacional la revelación de detalles y decidió que no hay riesgo si se da a conocer el número de llamadas privadas intervenidas. El comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, celebró que gracias a la ciudadana o al ciudadano solicitante, se esté sometiendo al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a un “escrutinio de un instrumento delicadísimo que son las intervenciones telefónicas”. (Excésior, Reforma, Milenio, La Jornada)
ASUNTOS INDÍGENAS
Cubren con falsa fachada inmueble artístico
Ni la titular del INBA, Teresa Franco, ni el director de la CDI, Luis H. Álvarez, han respondido a las cartas enviadas por la arquitecta Margarita Chávez de Caso, quien con su esposo Alejandro Caso creó en 1963 el edificio que fue sede del Instituto Nacional Indigenista (INI). El inmueble es objeto, desde 2006, de una intervención que altera el sentido original de la obra, considerada pionera por el estilo de su fachada. Doce millones de pesos ha destinado en la presente administración la CDI a las obras de remodelación del antiguo edificio del INI. Las reformas internas, concebidas para dar más espacio a las bóvedas de conservación de los distintos acervos de la CDI, serán de carácter permanente, no así la doble fachada —creada según la Comisión para aislar del ruido—, que tendrá que ser retirada en cuatro años, por recomendación del INBA. Hay razones de peso político, estima el arquitecto Víctor Jiménez. Creo que el INBA mide con dos varas: usa la dura cuando se trata de bloquear un proyecto del gobierno del DF, y usa la vara blanda cuando el encargado del edificio es un santón del PAN, Luis H. Álvarez. La inacción del INBA, en el fondo, es porque no se quiere pelear con el PAN”. El año pasado, hace aproximadamente seis meses, tras enterarse de la intervención, Teresa Franco escribió una carta a la titular del INBA, en este 2008 hizo lo propio con Luis H. Álvarez. En las cartas les decía que no entendía por qué se recubría el edificio con tablarroca. “Le decía (a Luis H. Álvarez) que me parecía que había asuntos más importantes para la Comisión que estar modificando un edificio que ya estaba construido y funcionando... Pero no he recibido ninguna explicación o respuesta”. (El Universal)
Denuncian intervención de Bours en la elección de autoridad yaqui
El gobierno de Eduardo Bours intervino en la elección de autoridades tradicionales de la tribu yaqui, en Sonora, aseguró el enlace de la etnia, Ernesto Argüelles. Explicó que luego de un proceso interno de la tribu, iniciado el 22 de diciembre, se eligió a los gobernadores tradicionales en Tórim, Cócorit, Bácum, Vícam, Pótam, Nahum, Huirivis y Belem, los ocho pueblos que integran la Nación Yaqui. “En el caso de Vícam, la cabecera de la Nación Yaqui, el gobierno del estado financió la aparición de un autonombrado gobernador tradicional Aniceto Suárez, que no siguió el escrutinio interno de la Guardia Tradicional de ese lugar”, expuso Argüelles. Sostuvo que Luciano Molina Buitimea es el auténtico gobernador tradicional elegido en el proceso interno de la tribu, y acusó a Aniceto Suárez Cota de formar parte de grupos paramilitares que dijo son financiados por intereses externos a la etnia. (La Jornada)
ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES
'México armado'
Guadalupe Loaeza destaca en su artículo que luego de leer el libro México armado y de escuchar la declaración que hizo el secretario de Gobernación a propósito de su decisión de no dialogar con el EPR, decidió escribirle una carta: “Lo hago para expresarle mi preocupación por haber declarado que no dialogará con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). ¿Qué no se supone que su nueva responsabilidad es precisamente el atender y resolver los conflictos internos del país? En vez de abrir una puerta a la guerrilla usted pidió ‘la condena unánime’ en su contra. Es decir, apoyo de la opinión pública para ejercer la mano dura contra el EPR y la decena de grupos subversivos que actúan en México. Señor secretario, con todo respeto debo decirle que si usted conociera la historia de este país comprendería que su posición no sólo es errónea sino peligrosa. Fíjese qué ironía, usted tiene 36 años, nació en Madrid en 1971, y ése es el año que precisamente una generación de jóvenes puso a este país de cabeza. ¿Sabía usted que en los setenta una veintena de guerrillas brotaron en México? Sí, leyó usted bien, una veintena. La respuesta del entonces presidente Luis Echeverría fue la de la represión con un saldo de más de mil 200 casos de desaparición forzada. ¿Y se acabó a la guerrilla? Pues no. Los grupos fueron aplastados, es verdad. Pero ha de saber usted que de los sobrevivientes de esa generación viene precisamente la raíz tanto del EPR como la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). ¿Ve cómo el pasado está más presente que nunca, mi estimado Mouriño? El gobierno federal al que representa además de la negativa del diálogo ha rechazado ofrecer una amnistía a los presos políticos acusados de subversión, al igual que lo hizo Echeverría. Ha de saber usted que fue precisamente la amnistía de 1978 la que posibilitó a esa juventud su incorporación a la lucha legal. Señor secretario, por el bien del país (y del suyo) lea usted México armado, que esta semana circula en una nueva edición. Así aprenderá de los errores del pasado, no ignorará a la guerrilla y verá la importancia de tenderle puentes comunicantes.” (Reforma)
TEXTOS
Reciben ex zapatistas apoyos de Sedesol
María Teresa del Riego/Reforma
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.- El programa Oportunidades, de Sedesol, entregó ayer apoyos económicos a 193 familias de ex zapatistas en una fracción de la comunidad Polhó, en la zona de Los Altos de Chiapas.
La ceremonia fue presidida por el coordinador nacional del programa, Salvador Escobedo, y el coordinador de delegaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI), Xavier Abreu.
A nombre de los indígenas ex zapatistas, Javier Luna Ruiz señaló que decidieron aceptar los apoyos del programa Oportunidades porque "ya no aguantaban" la pobreza.
El indígena pidió que las 193 familias sean incorporadas al Procampo y sean apoyadas con alimentos y utensilios de cocina, así como con la construcción de una clínica rural, una primaria y una secundaria. Solicitó además que se les incluya en proyectos productivos.
Abreu reconoció que los pueblos indígenas de México han estado durante mucho tiempo lejos de la justicia.
El acto fue calificado como contrainsurgente por indígenas zapatistas que pertenecen al municipio autónomo de Polhó, considerado un bastión del EZLN.
Polhó acepta apoyo de Sedesol federal
Elio Henríquez/Cuarto Poder
En un acto que los zapatistas consideraron parte de las acciones de contrainsurgencia, el coordinador nacional del Programa Oportunidades, Salvador Escobedo Zoletto, y otros funcionarios federales entregaron y ofrecieron apoyos diversos a 193 familias ex bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en un barrio de la comunidad de Polhó, uno de los símbolos de la resistencia en los Altos de Chiapas.
El acto tuvo lugar en momentos en que la tensión se ha incrementado en la zona debido a que el martes, indígenas contrarios a las bases de apoyo del EZLN construyeron varias chozas de madera en las inmediaciones del banco de arena de Majomut que trabajan estos últimos y cuya disputa, según el libro blanco elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), fue el origen de la masacre de 45 tzotziles en Acteal el 22 de diciembre de 1997.
La ceremonia oficial se realizó al medio día en una especie de barrio de Polhó, llamado Fracción Polhó, el cual se ubica a poca distancia de donde se encuentran las oficinas del consejo autónomo zapatista con sede en la comunidad de Polhó, y donde viven miles de desplazados.
Ante funcionarios que se desplazaron hasta el lugar para tratar de resaltar el acto, Javier Luna Ruiz, representante de las 193 familias, dijo que como bases de apoyo del EZLN durante diez años vivieron en la resistencia civil, "pero llegamos a un nivel que no podemos seguir así".
Luego presentó su lista de peticiones: que los reincorporen al Procampo, apoyo con alimentos básicos, utensilios de cocina, una clínica rural con farmacia, programas de mejoramiento y construcción de viviendas, una escuela primaria y una secundaria, ampliación del tendido de luz eléctrica, paquetes de herramientas para el campo, proyectos productivos y de artesanías, expedición de actas de nacimiento gratuitas, apoyo para los adulos mayores, una tienda Diconsa, agua potable y pavimentación de medio kilómetro del acceso principal.
Al tomar la palabra, Xavier Abreu Sierra, coordinador de delegaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, afirmó que "el silencio y el grito de la resistencia nos hicieron tomar conciencia a muchos mexicanos de algo que tenía que haber para que pudiera haber desarrollo en México: justicia, porque muchos años han estado totalmente aparte de la justicia, los pueblos originarios de este país".
Agregó: "Si queremos que haya paz tiene que haber justicia, y si queremos que haya desarrollo tiene que haber paz y justicia".
Anunció que dentro de unos ocho días se instalarán mesas de trabajo en esta localidad, con funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social, Reforma Agraria y otras "para que vayamos viendo los diferentes problemas y los vayamos atendiendo".
Dijo que en principio la Conadepi construirá este año la carretera de entrada a la comunidad, apoyará en la construcción de la clínica o casa de salud, y de un jardín de niños y una escuela primaria.
Escobedo Zoletto, por su parte, rechazó que los apoyos entregados a las familias ex zapatistas formen parte de alguna acción de contrainsurgencia. "Qué lástima que alguien lo considere así". Advirtió que las dependencias del Gobierno Federal insistirán en llevar apoyo a las comunidades en resistencia.
Cuando se le preguntó si el hambre venció la resistencia de las 193 familias de Polhó, respondió: "Yo creo que si lograron estar doce años en resistencia no es por eso, sino porque reconocen que existen las condiciones de salir de la pobreza si aceptan las ayudas del gobierno".
Para empezar, los funcionarios entregaron desde este miércoles a las 193 familias, apoyos en efectivo.
Un poco más arriba de donde se efectuó en acto, varios indígenas bases de apoyo del EZLN estaban en alerta porque tzotziles contrarios, dijeron, los pretenden despojar del banco de arena de Majomut, con el que colindan.
Son los mismos paramilitares que participaron en la masacre de Acteal", dijeron, y agregaron que la presencia de grupos contrarios representa una "provocación".
Se pronuncia el CNI contra ola de hostilidades en Chiapas
Hermann Bellinghausen/La Jornada
San Cristóbal de las Casas, Chis., 6 de febrero. Ante el recrudecimiento de las agresiones “a pueblos, naciones y tribus”, el Congreso Nacional Indígena (CNI) se pronunció contra las hostilidades hacia los pueblos zapatistas de Chiapas, “que en los meses recientes han intensificado por medio de organizaciones paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos”.
En su reunión celebrada en El Mayor Cucapá, Baja California, el CNI región noroeste repudió “el despojo de las tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el que participan la Secretaría de la Reforma Agraria, el Tribunal Unitario Agrario y la Procuraduría Agraria”; también rechazó la paramilitarización y militarización que fomenta “la guerra entre hermanos y ataca el núcleo de los logros expresados en la ley agraria revolucionaria”.
El CNI rechazó los ataques a las bases zapatistas “que incluyen violencia, intentos de homicidio, desalojos, robos de cosechas, amenazas, negación de servicios indispensables y violación de derechos humanos, como ha sucedido en Mukulúm, Agua Azul, El Nance, 24 de Diciembre, San Juan del Río, San Alfredo, Casablanca, Miguel Hidalgo, 20 de Febrero, Nuevo Rosario, Nueva Revolución, San Patricio, Cerro de Huitepec, Sok’on y Bolom Ajaw”.
Estos pueblos, “que arriesgaron todo con dignidad, recuperando una mínima parte de su territorio invadido por finqueros, ganaderos, y más recientemente por empresas trasnacionales, están siendo de nuevo despojados. No podemos guardar silencio ante estos hechos mezquinos dirigidos contra un pueblo que ha brindado a México y al mundo un ejemplo de organización, valor y lucha”, añade el pronunciamiento.
“Exigimos a los que se proclaman nuestros gobernantes que dejen de codiciar este territorio recuperado, pues nunca les ha pertenecido; que cesen de tramar artimañas como la expropiación o el Fondo 95; que en vez de sembrar nuestro territorio con militares dejen que nuestros pueblos cultiven el alimento que conforma nuestra cultura”. El CNI se opone a la imposición de proyectos ecoturísticos.
“Reiteramos nuestro desconocimiento al mal gobierno de Felipe Calderón y reconocemos como gobierno legitimo a las autoridades tradicionales autónomas de nuestros pueblos, naciones y tribus que nos han enseñado que el gobierno obedece al pueblo, no lo extermina ni explota, que la tierra es nuestra madre y no se vende, se defiende”.
Ratifica ONG que campesinos zapatistas fueron torturados
Hermann Bellinghausen/La Jornada
San Cristóbal de las Casas, Chis., 6 de febrero. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que actualmente recorre las regiones indígenas de Chiapas, visitó y valoró médicamente a los dos campesinos zapatistas agredidos y detenidos por la Policía Estatal de Caminos (PEC) y pobladores de la comunidad Betel Yochip’ (municipio oficial Salto de Agua) el pasado día primero, luego torturados en separos policiacos de Palenque y encarcelados sin atención médica en el penal José Patrocinio González Garrido, o Cereso 17 de Playas de Catazajá.
Eliseo Silvano Jiménez y su hijo Eliseo Silvano Espinosa, “acusados de realizar un asalto, son bases de apoyo zapatistas; el primero es además responsable comunitario”, apunta el informe. Antes, la comisión se reunió en San Cristóbal de las Casas con el fiscal del distrito región Selva, Ernesto López, “quien dio información sobre la detención y el traslado de Silvano Jiménez al hospital y de su hijo al penal”.
Eliseo padre fue ingresado en el hospital general de Palenque, y trasladado al penal el mediodía de ayer. “Según el fiscal, los detenidos negaron ante el juez haber participado en los hechos. Ni el juez ni el abogado defensor preguntaron por la naturaleza y origen de sus lesiones”. El equipo médico de la CCIODH pudo observar que estas “eran más significativas que un mero forcejeo” y necesitaban atención médica. El reporte destaca que ambos indígenas “presentaban golpes y denunciaron en su testimonio haber sido objeto de malos tratos y tortura en el momento de su detención y en los separos de las dependencias de la policía en Palenque. Insisten en su inocencia”.
El médico Bernard Doray y la sicóloga Concepción Doray manifiestan haber quedado “sorprendidos de verlos en la cárcel con acusaciones graves, aparentemente sin pruebas convincentes, mientras que por otro lado encontrábamos marcas físicas y síndrome neurológico en concordancia con su relato de los hechos graves de tortura de los cuales dicen haber sido víctimas”.
Los especialistas puntualizan: “Nos parece evidente que la cárcel es una continuación de lo que ellos vivieron, y que es por consecuencia absolutamente necesario ponerle fin inmediatamente, para que un trabajo de reconstrucción sicológica, urgente e ineludible, pueda realizarse. Además, la recuperación física debe realizarse en un lugar apropiado”. Según concluyen, Silvano Jiménez necesita atención médica para el brazo y mano derechos, cuidados para la cicatrización de la quemadura grave de la espalda y de la herida de bala en el pie, y desinfección de la herida que atraviesa tejido muscular y probablemente óseo”. (Las quemaduras fueron producto de la sesión de tortura, que incluyó otros procedimientos aún más crueles).
Eliseo hijo requiere reposo “para la consolidación de la costilla lumbar y verificación de la zona faringo-laringítica” que presenta lesiones. El reporte diagnosticó en ambos pacientes “un estado de angustia profunda” e indicios de un síndrome de estrés postraumático grave.
La versión de la PEC es que los detenidos serían responsables de asaltos carreteros (frecuentes en esa zona), aunque diversos pobladores del tramo Agua Azul-Palenque los atribuyen a un grupo de personas bajo la protección de la propia policía.
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