Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 28 de febrero de 2008

EZLN

“Preocupa” a ONG mundial la seguridad de bases zapatistas

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifestó “preocupación” por “la detención arbitraria, malos tratos y serias torturas” infligidos a Eliseo Silvano Jiménez y Eliseo Silvano Espinosa, bases de apoyo zapatistas, por miembros de la Policía Estatal de Caminos (PEC), en las inmediaciones de la comunidad Betel Yochip, el pasado primero de febrero. (La Jornada. Se anexa)

Llama al diálogo Unión de Ejidos de la Selva ante boicot de La otra campaña

Después de un año de que integrantes de La otra campaña llamaron a la opinión pública a que deje de consumir café de la Unión de Ejidos de la Selva (UES), por presuntamente propiciar el desalojo de indígenas en tierras chiapanecas, el presidente de la organización, Arturo Jiménez Hernández, propuso una mesa de diálogo en la que funja como mediador el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La UES –señaló– se constituyó en 1978 como cooperativa, y llegaron a participar mil 500 productores de café, quienes, con apoyo de organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), aprendieron a seleccionar, cultivar y comercializar el grano en los mercados nacional e internacional. Explicó que “hace casi un año, un grupo de personas que se asumen como militantes zapatistas han estado realizando diferentes acciones de hostigamiento” contra el Café La Selva, “causando malestar e inquietud entre nuestros clientes y amigos. Afirman que campesinos de la UES han agredido físicamente y despojado de 595 hectáreas –en el ejido Nuevo Gracias a Dios, municipio Las Margaritas– a un grupo de campesinos denominados milicianos del zapatismo”. Aseguró que dicha superficie fue otorgada a la UES por las autoridades, y como prueba entregó una fotocopia de la escritura pública 592, del 14 de abril de 2003, mediante la cual el gobierno estatal entregó oficialmente dicha superficie al citado ejido, que se constituyó en lugar del fideicomiso denominado Nuevo Momón, Cruz del Rosario, Nuevo Paraíso y El Edén. “Son 25 personas que tienen invadidas 75 hectáreas donde se cultiva café; los conocemos porque convivimos con ellos antes del levantamiento del EZLN. El presidente de la UES afirma que habló del asunto con algunos comandantes del EZLN, quienes pidieron que “no moleste a las familias” que invadieron, sino que la autoridad resuelva el problema. (La Jornada)

MONTES AZULES

No odio a nadie, pero me apresaron sin motivo, dice chol.

Elio Henríquez escribe que al indígena chol, Diego Arcos Meneses, se le humedecen lo ojos cuando dice que no guarda odio ni rencor a nadie por el año y 10 días que, "inocentemente", estuvo preso acusado del delito de homicidio por tratar de ayudar a los pobladores de Viejo Velasco, ubicada en los límites de la reserva de Montes Azules que habían sido atacados por priístas."Me sentía triste en la cárcel porque no es una cosa sencilla de lo que me acusaban, es algo criminal; abandoné a mi familia y perdí mi trabajo injustamente", afirma en sus primeras declaraciones desde que abandonó el penal de Playas de Catazajá el 4 de diciembre pasado. Arcos Meneses fue detenido el 14 de noviembre del 2006, un día después del ataque perpetrado por unos 300 indígenas de la comunidad de Nueva Palestina contra varias familias que vivían en Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo, por la disputa de tierras. En los hechos murieron tres pobladores -cuatro más fueron desaparecidos- y un atacante. (La Jornada, Cuarto Poder)

CHIAPAS

Arraigan a cinco policías por el asesinato de un indígena

Cinco policías municipales de Palenque fueron arraigados para ser investigados por la muerte del indígena chol de 18 años de edad Roberto Avendaño Montejo, quien falleció cuando estaba en manos de los uniformados, quienes lo detuvieron el viernes pasado por escandalizar en estado de ebriedad. La policía sostuvo que Roberto murió ahogado con su vómito, pero un dictamen del Ministerio Público indicó que falleció por traumatismo craneoencefálico. (La Jornada)

ASUNTOS INDÍGENAS

Tepehuanos invaden otra vez tierras del ejido Luis Echeverría

Indígenas tepehuanos invadieron una vez más mil 876 hectáreas del ejido Luis Echeverría, en el municipio de Vicente Guerrero, Durango, e incluso se apoderaron de algunas casas de ejidatarios mestizos. A mediados de 2006, un grupo de tepehuanos invadió Luis Echeverría, con el argumento de que las tierras pertenecían a la comunidad indígena Santa María de Ocotán, mostrando como justificación títulos virreinales, y solicitaron a las más de 40 familias habitantes que abandonaran esas tierras. Personal de la Secretaría de la Reforma Agraria acudió al lugar a mediados de 2007 y junto con autoridades estatales, le dio la razón a los ejidatarios. Los indígenas, en vez de retirarse, endurecieron sus presiones y evitaron que los mestizos cosecharan el maíz que sembraron; asimismo, comenzaron a robar el ganado de los ejidatarios. (La Jornada)

Preocupantes abusos contra los indígenas en Guerrero: ONG

Al concluir su visita de seis días a Guerrero, la secretaria ejecutiva de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Carola Hausotter, calificó de “preocupante” la situación en la entidad, principalmente en las comunidades indígenas, informó Abel Barrera Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Explicó que Hausotter documenta violaciones a los derechos humanos perpetradas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, para que el colectivo que representa, con sede en Stuttgart, “analice cómo y en qué casos podrán apoyar por medio de cabildeo con parlamentarios alemanes y europeos”. Dijo que la coordinación investigará durante dos años las violaciones a los derechos económicos, sociales, civiles, políticos, culturales y ambientales de los indígenas. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Actividades en Chiapas y el DF

En El Correo Ilustrado, La Chinampa Café y los autores informan que: “En el contexto de las presentaciones del libro Los colores de la tierra, nuevas generaciones zapatistas, invitamos a la conferencia sobre la situación actual en Chiapas, en el CIDECI-Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el viernes 29 a las 17:00 horas. Participan: Rosario Arrambide, Gaspar Morquecho, Marina Pagés, Sergio Valdez, Margarita Hernández Román y Ricardo Martínez. El sábado primero de marzo, verbena popular en la Plaza Hidalgo 10b, barrio La Asunción Iztacalco, sobre calzada de la Viga esq. Avenida Santiago, en el Distrito Federal, a las 17:00 horas. Participan: el taller de guitarra de la Casa de la Palabra José Emilio Pacheco, dirigido por Ricardo Barrón; Raúl Zarza, con un recital de poemas; Ricardo Cruz, con la exposición fotográfica del Encuentro de las Mujeres Zapatistas con las Mujeres del Mundo, y el grupo tropical Taller del Sur.” (La Jornada)

Réplica de Rosalva Aída Hernández a Aguilar Camín

En El Correo Ilustrado,Rosalva Aída Hernández señala: “Hasta Baltimore, donde me encuentro por razones de trabajo, me han llegado las mentiras y descalificaciones del señor Aguilar Camín. He decidido responder de nuevo para probar que el periodista miente cuando dice que la causa penal 361/99 no existe, como ha venido mintiendo en torno a una serie de acontecimientos en Acteal. No puedo creer que sus afirmaciones se deban a errores o desconocimientos en torno a las causas penales que integran el expediente de Acteal, sino que miente de manera deliberada para sembrar dudas en los lectores y desviar la atención del punto central: el castigo de los responsables al más alto nivel de la masacre que están demandando los sobrevivientes de Acteal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las causas penales en torno a la masacre no son nueve, como él afirma, sino 13, según informe del Ministerio Público Federal, en las cuales se procesaron a 87 civiles indígenas adultos y a 15 ex servidores públicos. Entre estas 13 causas penales se encuentra la 361/99 del juzgado del fuero común de San Cristóbal de las Casas, iniciada como causa 27/98 en los juzgados federales, la cual no se incluye en la lista enumerada en la reciente carta del periodista. El Centro Fray Bartolomé de las Casas ha enviado a La Jornada copias de la necropsia que cito en mi carta anterior, del testimonio de Alberto Ruiz Pérez en donde se describe la saña con que fueron tratadas las embarazadas y del documento oficial que prueba la existencia de la causa penal 361/99 citada por mí. En los próximos días estos y otros documentos en los que nos basamos para la elaboración de distintos capítulos del libro La otra palabra podrán ser consultados en la página web www.frayba.org.mx. Es evidente que así pongamos personalmente en las manos de Héctor Aguilar Camín las miles de páginas que integran los expedientes judiciales del caso Acteal y que prueban los distintos niveles de responsabilidad gubernamental, él seguirá repitiendo su versión, porque se trata de un problema de intereses políticos, no de falta de información. A estas alturas ya está claro a qué intereses responde su lamentable labor periodística.” (La Jornada)

TEXTOS

“Preocupa” a ONG mundial la seguridad de bases zapatistas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifestó “preocupación” por “la detención arbitraria, malos tratos y serias torturas” infligidos a Eliseo Silvano Jiménez y Eliseo Silvano Espinosa, bases de apoyo zapatistas, por miembros de la Policía Estatal de Caminos (PEC), en las inmediaciones de la comunidad Betel Yochip, el pasado primero de febrero.

Con base en “fuentes fidedignas”, entre ellas Antenna Internacional, miembro de la red SOS-Tortura, de la OMCT, el organismo indentificó entre los presuntos torturadores a los agentes Bladimir Gómez Méndez, Josué Nucamendi Espinosa y Marcelino Gómez Sánchez. (Quienes, por cierto, actualmente se encuentran en una casa de arraigo en Tuxtla Gutiérrez, y son investigados).
En los testimonios de los agredidos se menciona un grupo mayor de policías, aún sin identificar. Uno de los indígenas fue baleado en un pie, y luego de los malos tratos, ambos fueron encarcelados en Playas de Catazajá y liberados una semana después.

La OMCT manifiesta “preocupación por la seguridad y la integridad personal” de los afectados, y solicita a los gobiernos federal y estatal “que se tomen de manera urgente las medidas más apropiadas para protegerlos, a ellos y sus familias, contra todo tipo de intimidación o represalias”.

Asimismo, recuerda que el Estado mexicano “es parte de la Convención Contra la Tortura y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que de acuerdo con estos instrumentos, ‘nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes’”. Las autoridades mexicanas –añade– “están llamadas a considerar seriamente todas las alegaciones de tortura y malos tratos y llevar a cabo una investigación profunda e independiente al respecto”.

También emitió un documento sobre este caso la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, desde su sede en Stuttgart. El organismo demanda la aplicación de justicia y el fin de esas prácticas en el país.

Apunta que el pueblo de Betel Yochip “está dominado por miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), acusada por numerosas organizaciones de Chiapas de amenazar y agredir en su zona de acción (especialmente Agua Azul y Palenque) a miembros de comunidades, en su mayoría zapatistas. La colaboración con la policía local les garantiza impunidad”.

Añade que en los días anteriores al suceso, en Betel Yochip, “miembros de la Opddic amenazaron a habitantes y a observadores de derechos humanos internacionales” allí presentes. Argumenta que estos “contribuyen a reducir e impedir actos de violencia”. La coordinación alemana “protesta de la manera más contundente contra los intentos de intimidación y las amenazas”.

Subraya que según la declaración de la ONU sobre defensores de derechos humanos, es responsabilidad de cada Estado garantizar su seguridad y las condiciones adecuadas para sus actividades. La coordinación alemana insta al gobierno mexicano a tomar todas las medidas posibles para garantizarlas. “Esto incluye el impedir actividades paramilitares”, concluye.

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