Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 27 de febrero de 2008

SELVA LACANDONA

Detectan espía del Ejército en reunión de comunidades

Elio Henríquez escribe desde Betania, Ocosingo, Chiapas, que el encuentro de organizaciones y comunidades indígenas por la defensa del territorio y los recursos naturales de la selva Lacandona concluyó la madrugada del martes en medio de una fuerte tensión debido a que las autoridades detectaron y detuvieron durante cinco horas y media a Carlos Rodríguez, cabo del Ejército Mexicano que presuntamente realizaba tareas de espionaje. (La Jornada. Se anexa)

EZLN

Nahuas, triquis y mixtecos atestiguan ataques a zapatistas

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que representantes y autoridades de los pueblos nahuas, triquis y mixtecos, integrantes de la peregrinación de pueblos en solidaridad con los pueblos zapatistas estuvieron en territorio autónomo del 22 al 24 de febrero, y al concluir su recorrido aseguraron haber presenciado “agresiones, amenazas y ataques”. (La Jornada. Se anexa)

Indígenas adherentes a La otra campaña se unen al ayuno de catequista

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que diez indígenas miembros de la organización La Voz del Amate, adherentes a La otra campaña, recluidos en el penal de Cintalapa, se unieron a la huelga de hambre del catequista de Tres Cruces (San Juan Chamula) Zacario Hernández Hernández, quien inició el ayuno hace dos semanas en demanda de su liberación. Otros cuatro presos, quienes se reivindican como bases zapatistas, se sumaron a la protesta. Así, hay ya 15 personas en huelga de hambre. Dos reclusas, también de La Voz de Amate, realizan hoy un ayuno en respaldo a sus compañeros. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Zacario Hernández es acusado falsamente de haber cometido varios homicidios en el paraje Tres Cruces, en el municipio de San Juan Chamula, en enero de 2003. (La Jornada)

ACTEAL

Condenan a 26 años de prisión a dos implicados en la matanza de Acteal

Un juez federal condenó a 26 años de prisión y a la reparación del daño por casi un millón de pesos a dos de los 87 indígenas acusados de participar en la matanza de 45 indígenas en Acteal en diciembre de 1997, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. La organización no gubernamental informó que la sentencia se emitió el pasado 15 de febrero contra Antonio y Mariano Pucuj Luna, cuyos abogados apelaron la sentencia, la que no podrá ejecutarse hasta en tanto no se resuelva la impugnación. En la sentencia, un juez federal consideró que ambos “son penalmente responsables de los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército”. La reparación del daño a los familiares de las 45 víctimas consiste en un pago por concepto de gastos funerarios, que asciende a 70 mil 750 pesos, y una indemnización por 739 mil 125 pesos, que deberán ser pagadas de manera solidaria y mancomunada entre los sentenciados. (La Jornada, Milenio)

CHIAPAS

Piden a la Corte atraer caso de indígena tzotzil encarcelada

La indígena tzotzil Sebastiana Gómez Gómez se encuentra privada de su libertad desde el 11 de agosto de 2004, acusada de delitos contra la salud en la modalidad de transporte de cocaína. Su caso se distingue de muchos otros similares, ya que cuando fue sentenciada, el 7 de abril de 2005, no contó con la asesoría de un defensor público que hablara su lengua, lo que dio inicio a una serie de irregularidades que mantienen a la acusada en prisión “a pesar de que transcurrió en exceso el término constitucional para ser juzgada”. Por medio de su defensor público federal Santos Sánchez Altunar, Sebastiana Gómez solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción para que conozca de su amparo y para que el máximo tribunal siente un precedente histórico en favor de los derechos humanos. (La Jornada)

Yucatán y Chiapas claman por inversiones de la IP

Los gobernadores de Yucatán, Ivonne Ortega, y de Chiapas, Juan Sabines, aseguraron que en sus entidades existen los más bajos índices de delincuencia en todo el país, pero el gran problema es la falta de inversión. Por su parte, Juan Sabines, gobernador de Chiapas, expresó, en el mismo foro, que en el estado hay altos niveles de rezago, “estamos en competencia permanente en cifras que dan vergüenza, en materia de desarrollo humano, en índices de marginación, comparado siempre con Guerrero y Oaxaca, siempre en el rezago”. Indicó que la política en Chiapas no tiene tintes partidistas, lo que puede generar reconciliación en todos los ámbitos. “Chiapas es una de las entidades más seguras del país -dijo- pues tiene el menor índice de secuestros, no tiene asaltos bancarios desde hace 10 años, pero aún así se tiene una impresión de  inseguridad”. (Crónica, Excélsior)

TEXTOS

Detectan espía del Ejército en reunión de comunidades
Elio Henríquez/La Jornada

Betania, Ocosingo, Chiapas. El encuentro de organizaciones y comunidades indígenas por la defensa del territorio y los recursos naturales de la selva Lacandona concluyó la madrugada de este martes en medio de una fuerte tensión debido a que las autoridades detectaron y detuvieron durante cinco horas y media a Carlos Rodríguez, cabo del Ejército Mexicano que presuntamente realizaba tareas de espionaje.

A las 9 de la noche los asistentes estaban en plena discusión para aprobar las conclusiones del encuentro que comenzó el domingo en este ejido ubicado en una de las cañadas de Ocosingo, cuando el personal de seguridad detectó a un militar vestido de civil que tomaba fotografías sin autorización desde un vehículo en marcha.

Inmediatamente fue detenido y en medio de gritos de “bote” y “amárrenlo” fue llevado hasta el estrado, donde fue atado con un lazo e interrogado. Dijo llamarse Carlos Rodríguez Corral, cabo del Ejército Mexicano, y que un soldado al que únicamente conoce con el apodo de El Sapo le pagó 300 pesos para que tomara fotografías del encuentro.

Después del interrogatorio y de entregar una cámara fotográfica y 864 pesos que llevaba, así como una libreta de apuntes y otros documentos, el informante fue llevado a una casa, donde fue encerrado. Después se nombró una comisión que fuera a avisar al cuartel de San Quintín, acerca de la detención.

A la 1:30 horas de este martes, en medio de una fuerte tensión, llegó a la comunidad vestido de civil y en un vehículo no oficial el capitán Indelfo Soto Arizmendi, acompañado sólo por el conductor de la unidad, para recibir al cabo.
Enseguida el cabo fue liberado y le regresaron los 864 pesos y la cámara fotográfica.

En el intermedio de la detención y la liberación del militar, prosiguieron los trabajos de la mesa plenaria, en la cual fueron aprobados varios acuerdos.

Uno de ellos señala que no aceptarán en las comunidades la presencia de integrantes de organizaciones no gubernamentales que sena financiadas con recursos de los Banco Mundial e Interamericano de Desarrollo.

Ante experiencias anteriores convinieron en que “queda prohibido” que los dirigentes del movimiento ocupen cargos en el gobierno. Asimismo acordaron “cuidarnos de nosotros mismos” y “cuidar a los responsables del movimiento en general”.

Como parte de sus conclusiones desconocieron a los integrantes del consejo asesor de la reserva de Montes Azules. “La única autoridad reconocida por nosotros somos los pueblos y comunidades, habitantes de la selva y el pueblo de México”.

Ya casi a la media noche concluyeron con la aprobación de uno de los últimos puntos: “nos comprometemos a consultar e informar a las comunidades de manera clara, completa y responsable sobre los proyectos y programas de apoyo del gobierno federal, estatal y municipal, como Prodesis, Maíz Solidario, Procede, Proárbol, Conafor y Conservación”.

Nahuas, triquis y mixtecos atestiguan ataques a zapatistas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, 26 de febrero. Representantes y autoridades de los pueblos nahuas, triquis y mixtecos, integrantes de la Peregrinación de pueblos en solidaridad con los pueblos zapatistas estuvieron en territorio autónomo del 22 al 24 de febrero, y al concluir su recorrido aseguraron haber presenciado “agresiones, amenazas y ataques”.

Tras visitar los caracoles y comunidades en problemas, el lunes expresaron: “En la zona del caracol de Morelia crece la lumbre que según el gobierno se había apagado. La situación es muy tensa, por los ataques constantes a la población por paramilitares y policía estatal”.

Escuchando del hostigamiento cotidiano “entendimos la convicción de su lucha, y por qué el gobierno quiere despojar a los pobladores de Bolón Ajaw: todo Chiapas es riqueza natural”. Las inversiones privadas y la construcción de un proyecto turístico, de consumarse, “acabarían con esos pueblos”. Reconocen que en su encuentro con la junta de buen gobierno (JBG) comprendieron “que el pueblo manda y aprende a manejar las cosas como gobierno”.

Otro grupo acudió a 24 de Diciembre (municipio autónomo San Pedro de Michoacán): “Atestiguamos la situación de la comunidad, rodeada por policías y soldados”, así como la “complicidad” de la Unión de Ejidos de la Selva con campesinos que amenazan y provocan. “Las bases de apoyo sufren escasez de agua porque el Ejército federal tiene el manantial que corresponde a la comunidad; además, están preocupados por la explotación excesiva de madera”.

En los Altos recorrieron la Reserva Comunitaria Zapatista del Huitepec, en San Cristóbal de Las Casas, y la colonia 5 de Marzo, donde las familias en resistencia sufren amenazas de desalojo, hostigamientos, cortes de la luz y cierre de fuentes agua públicas. También acudieron a Elambo Alto y Bajo, Chactoj y Sok’on, en Zinacantán, donde se ha despojado a las bases zapatistas de sus manantiales, se niega la entrada a las escuelas y reciben las amenazas de muerte por priístas, perredistas y caciques.

La brigada que visitó La Garrucha fue informada de las recientes agresiones en La Culebra. El 20 de febrero, 31 familias zapatistas de Benito Juárez “fueron desalojadas de sus tierras por miembros de la Asociación Rural de Interés Colectivo oficial; los desplazados se encuentran en el poblado Javier Hernández”, notificó la JBG.

En el caracol de Roberto Barrios se reunieron con los consejos autónomos de la zona norte. Más amenazas de desalojo, cortes de luz y agua. “Visitamos una de las comunidades de mayor riesgo, San Patricio, hostigada por Paz y Justicia”. Allí han aumentado las agresiones verbales y los disparos nocturnos de personas priístas de Ostilucum. Además existen cuatro órdenes de aprehensión contra zapatistas.

En su informe, los indígenas de Oaxaca y Puebla insistieron: “El objetivo de nuestra visita era conocer la realidad y romper el cerco mediático, porque la lucha zapatista refleja la de nuestros pueblos”. Exigieron “detener la impunidad de grupos total o parcialmente paramilitares con el aval del gobierno de Juan Sabines, quien ha prometido no llevar a cabo ningún desalojo de pueblos indígenas”. También demandaron el retiro “inmediato” del Ejército.

Los observadores experimentaron, “por un lado el coraje y la impotencia de ver la intervención del gobierno para desmantelar la resistencia, sembrando dolor y muerte; por otro, nuestro corazón se llena de ejemplo y esperanza al encontrar hermanos que en medio de ese escenario se levantan todos los días y construyen el mundo que soñamos”. Exigieron “no más mentiras a la opinión pública, ni más hostigamiento a las comunidades zapatistas”.

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