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México, D.F, 24 de febrero de 2008

EZLN

Es agente del Cisen el supuesto reportero retenido por el EZLN

Hermann Bellinghausen escribe desde Ocosingo, Chiapas, que una nueva versión de origen gubernamental, aunque no oficial, sobre los hechos de Bolom Ajaw el pasado jueves por la tarde, señala que el “reportero” que presuntamente fue retenido el jueves por bases zapatistas de la mencionada comunidad, en el área de las cascadas del río Agua Azul, era en realidad “un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)”, organismo federal dependiente de la Secretaría de Gobernación. (La Jornada. Se anexa)

Avanza la inversión privada en Chiapas en detrimento de pobladores

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que más allá de las bonanzas y la paz declarativa del gobierno estatal, Chiapas parece más bien un campo minado, donde los conflictos de orden político cada día se relacionan más claramente con el avance de la inversión privada, la “transformación del paisaje” de manera radical (de Ostuacán a Palenque) en detrimento de la población indígena y campesina, la expropiación de tierras ejidales y comunales, la fiebre carretera (gasolinerías incluidas). En ese contexto, las comunidades en general, y las zapatistas en particular, tanto en Agua Azul como en Montes Azules, representan un obstáculo. (La Jornada. Se anexa)

Lanzan indígenas y ONG defensa de la Lacandonia

Elio Henríquez escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que en un intento por frenar el “despojo silencioso” de tierras en las Cañadas, cientos de indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) iniciarán este domingo en la comunidad Betania, municipio de Ocosingo, un encuentro por la defensa del territorio, la cultura y los recursos naturales estratégicos de la selva Lacandona. (La Jornada. Se anexa)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

El Amate

Daniel Cristanto escribe en su columna LA VOZ DE LOS ALTOS que“en donde también hubieron problemas es en la zona norte de la entidad, en donde policías estatales preventivos y un agente del CISEN fueron retenidos y desarmados por presuntas bases del EZLN del municipio de Chilón, cuando el agente tomaba imágenes de un predio invadido en Salto de Agua acompañado de policías estatales, este conflicto si no se atiende se puede complicar ya que los contendientes son los de la OPDIC y las bases de apoyo zapatistas quienes tomaron como una provocación la presencia en su territorio de policías armados y un Agente del CISEN en presuntas acciones de espionaje, por lo que fueron retenidos y desarmados, en tanto que al agente del CISEN le quitaron la cámara que llevaba. (Diario de Chiapas)

Réplica de Aguilar Camín

En El Correo Ilustrado, Héctor Aguilar Camín informa que: “Con visible prudencia habla ahora la antropóloga Rosalva Hernández de “mutilaciones corporales” y no, como en el testimonio que recoge en su libro La otra palabra, de pechos cortados, palos introducidos en los genitales de las víctimas, bebés erradicados del vientre vivo de sus madres y jugados de machete en machete por sus captores (sic). Ahora todo eso se ha convertido en “mutilaciones corporales”. Espero que este acto de prudencia verbal de la antropóloga sea un indicio de que matiza sus exageraciones ante la falta de pruebas de que eso que ella dice sucedió. Conviene que nos diga ahora qué es exactamente lo que entiende por “mutilaciones corporales” y de qué testimonios específicos está hablando. Siendo tantos como sugiere, no tendrá problema en ofrecernos algunas muestras precisas. La antropóloga Hernández no puede haber confirmado “en las autopsias y en las actas de fe ministerial” ninguna de las mutilaciones que incluye en La otra palabra. Ni en la fe ministerial ni en las autopsias aparecen las lesiones que dice el testimonio recogido por Hernández. No le extrañaría, dice la antropóloga, que “muchos documentos hayan sido alterados o desaparecidos”. No me extrañaría que la antropóloga Hernández nunca haya tenido frente a sí ninguno de esos documentos. Le envío copias de la fe ministerial y la necropsia de ley que yo he obtenido del expediente judicial (tomo 1 de la causa 224/97 y tomo XVIII de la causa 46/98) para que pueda cotejarlos y decirnos en dónde fueron alterados respecto de los que ella consultó. En aras del rigor sería interesante que La Jornadapublicara estos documentos íntegros o los subiera a su sitio electrónico para que los consulte quien quiera.” (La Jornada)

Contrarréplica de Rosalva Hernández

En El Correo Ilustrado, R. Aída Hernández Castillo informa que: “En su deseo por seguir haciendo eco de la verdad oficial, el periodista Héctor Aguilar Camín hace de los cuerpos de las mujeres indígenas su campo de batalla en una guerra periodística fundamentada en el Libro blanco elaborado por la PGR. No me interesa ser su contraparte en esta guerra, ni concurrir a ningún tipo de espacio para que él pueda seguir repitiendo sus “verdades”. Quienes estén interesados en los pormenores de las mutilaciones corporales cometidas por los paramilitares en los cuerpos de las mujeres de Acteal, pueden encontrar detalles sobre las mismas en los distintos expedientes judiciales, en los testimonios de los sobrevivientes y en los informes periciales en http//frayba.org.mx/informes.php. Estas vejaciones incluyeron el asesinato de cuatro mujeres con embarazos de entre 10 y 37 semanas, entre ellas María Gómez Ruiz, quien según la necropsia de ley realizada dentro de la averiguación previa AL7C/SJI/657/ 997 de la causa penal 361/99, consultada por las autoras de La otra palabra hace 10 años, presentaba “Exposición de víscera abdominal al medio ambiente a través de herida corto contundente penetrante en cavidad abdominal”; asimismo podrán consultar los testimonios ante el Ministerio Público presentados el 7 y 27 de enero de 1998 por varios de los sobrevivientes, entre ellos los de Victorio Gómez Pérez y Alonso Pérez Jiménez (causa penal 46/98), en donde se describe: ‘Cuando murieron las mujeres, un hombre les quitó su nagua, su ropa y lo echaron palo en su nalga a las mujeres. Había una mujer embarazada María Gómez Ruiz de Quextic y ya muerta lo cortó su estómago, tenía un cuchillo, lo abrió su panza y murió el niño ahí dentro de la panza de la mujer’.Estas denuncias fueron reiteradas posteriormente por otros integrantes de Las Abejas que fueron testigos de la masacre y cuyos testimonios se pueden consultar en el documento Esta es nuestra palabra: testimonios de Acteal presentados en 1998 (Archivos CDHFBC). Le adelanto al periodista sagaz que no todos los testimonios de este documento aparecen en la causa penal, porque algunos fueron presentados por menores aterrorizados por la pérdida de sus familiares y los sobrevivientes se negaron, comprensiblemente, a seguirlos agobiando con una presentación ante un Ministerio Público en el que no confiaban. Por mi parte, y por respeto a los deudos, doy por cerrado este debate con el señor Aguilar Camín, convencida de que sus ‘verdades’ no impedirán que finalmente se haga justicia y que los responsables al más alto nivel de la masacre algún día paguen por sus delitos.” (La Jornada)

TEXTOS

Es agente del Cisen el supuesto reportero retenido por el EZLN
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Ocosingo, Chiapas. Una nueva versión de origen gubernamental, aunque no oficial, sobre los hechos de Bolom Ajaw el pasado jueves por la tarde, señala que el “reportero” que presuntamente fue retenido el jueves por bases zapatistas de la mencionada comunidad, en el área de las cascadas del río Agua Azul, era en realidad “un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)”, organismo federal dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Desde el viernes, fuentes del gobierno estatal transmitieron a algunos reporteros dicha versión. La agencia informativa Mirada Sur reporta que “policías estatales preventivos y un agente del Cisen” habrían sido “retenidos y desarmados por presuntas bases del EZLN del municipio de Chilón, cuando el agente tomaba imágenes de un predio invadido en Salto de Agua acompañado de policías estatales”.

No obstante, Bolom Ajaw pertenece a la región autónoma zapatista La Montaña, en la demarcación del municipio oficial de Tumbalá (no Chilón ni Salto de Agua). La información, procedente de Palenque, señala que “seis policías preventivos estatales destacados en Agua Azul, de la patrulla PEP-315”, habrían custodiado al agente federal para que tomara imágenes “de un predio conocido como Bolom-Ajau (sic) invadido por los zapatistas; problema agrario que ya lleva varios años sin resolverse y ha provocado conflictos entre zapatistas y ejidatarios”.

Mientras la junta de buen gobierno del caracol de Morelia, consultada por La Jornada, manifestó que “sigue investigando los hechos”, el citado reporte periodístico añade: “Al parecer, los indígenas zapatistas de Bolom-Ajau tomaron como una provocación la presencia en su territorio de policías armados y un agente del Cisen en presuntas acciones de espionaje, por lo que fueron retenidos y desarmados”. La noche del mismo jueves, los policías “denunciaron los hechos ante la Fiscalía Distrital con sede en Palenque, la cual inició la averiguación previa”.

Fuentes policiacas de Palenque sugirieron el viernes que podría efectuarse “un operativo para recuperar las armas”. Según Mirada Sur, también “trascendió que hay malestar en las autoridades superiores del gobierno chiapaneco, porque el mando a cargo de los policías retenidos no pidió autorización para prestar el apoyo solicitado por el agente del Cisen, tratándose de un asunto delicado y del orden federal”.

Avanza la inversión privada en Chiapas en detrimento de pobladores
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Más allá de las bonanzas y la paz declarativa del gobierno estatal, Chiapas parece más bien un campo minado, donde los conflictos de orden político cada día se relacionan más claramente con el avance de la inversión privada, la “transformación del paisaje” de manera radical (de Ostuacán a Palenque) en detrimento de la población indígena y campesina, la expropiación de tierras ejidales y comunales, la fiebre carretera (gasolinerías incluidas).

Esto, en un territorio militarizado a gran escala, donde operan extraoficialmente grupos armados progubernamentales (que muchos llaman paramilitares) y las autoridades agrarias atizan conflictos –con frecuencia artificiales– entre comunidades. Los programas gubernamentales fluyen masivamente, en lo que parece una carrera contra reloj de corte estadístico llamada “índices de desarrollo humano”, además de ser instrumento para ganar o mantener lealtades. Habrá quien diga que cuál es la novedad en eso.

Hay alarma en decenas de comunidades y ejidos de la selva Lacandona dentro o cerca de Montes Azules. El gobierno federal ha iniciado un agresivo proceso de expropiación de tierras ejidales, terrenos nacionales y áreas significativas de la comunidad lacandona, en favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y llevando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como ariete.

Ecoturismo sí, indígenas no

El anuncio de una inminente autopista San Cristóbal de la Casas–Palenque, a través del territorio tradicional de los tzeltales, con especial interés en el complejo fluvial de las cascadas de Agua Azul, en Tumbalá y Chilón, implica la “detonación” de un desarrollo turístico cuyo otro polo sería la ambicionada selva Lacandona. Mediante campañas publicitarias, programas televisivos locales, discursos y notas periodísticas, se promueve la idea de que el ecoturismo es la “mejor” manera de proteger el medio ambiente, y por inferencia (o explícitamente) los indígenas estorban, o representan una “amenaza ambiental”, y se presume que les irá mejor de lancheros o cuidacoches.

Además, el tramo carretero habrá de enlazarse con la autopista que viene de Arriaga, en la costa, a la capital del estado y de ahí a los Altos; recientemente fue concesionada a la fantasmal empresa con capital español Consorcio México-España, vinculada a la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y su red de gasolineras Grupo Energético del Sureste.

Si bien no existe registro público ni en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ni en Caminos y Puentes Federales de Ingreso (Capufe), ese consorcio ya administra al menos dos tramos de la autopista desde noviembre pasado, lo cual significó el súbito aumento del peaje, la desaparición de grúas y servicios de protección vial, la suspensión del mantenimiento y hasta el incumplimiento de indemnizaciones a las comunidades afectadas, según ha documentado la reportera Ángeles Mariscal, así como el sitio web de información periodística Tinta Fresca, de Tuxlta Gutiérrez.

Zapatistas, un obstáculo

El avance de las empresas de la familia Mouriño ya impacta en lugares tan improbables como Oxchuc, donde los caciques priístas locales gestionaron durante mucho tiempo la concesión de una gasolinera allí, en el camino a Ocosingo. Finalmente se expidió el permiso, pero no a ellos sino a la empresa hispanomexicana, que por lo visto administrará también las estaciones de gasolina que se instalen en la futura autopista San Cristóbal-Agua Azul-Palenque, así como en el trayecto Comitán-Montebello-Palenque. O sea, toda la selva Lacandona.

Hoteles, restaurantes, comercios y servicios de capital privado vendrán por añadidura. En ese contexto, las comunidades en general, y las zapatistas en particular, tanto en Agua Azul como en Montes Azules, representan un obstáculo.

Focos rojos de otro tipo aparecen en Zinacantán, donde crecen las amenazas de desalojo y expulsión de bases zapatistas, y en Chenalhó, donde una nueva beligerancia de “cardenistas” (priístas) amenaza con desestabilizar Polhó, Majomut y Acteal, y revive el fantasma, nunca ido, de los paramilitares: invasión de predios, disparos nocturnos al aire, amagos de agresión contra indígenas en resistencia. Y una fuerte inversión “social”, cosmética pero invasiva.

Lanzan indígenas y ONG defensa de la Lacandonia
Elio Henríquez/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.. En un intento por frenar el “despojo silencioso” de tierras en las Cañadas, cientos de indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) iniciarán este domingo en la comunidad Betania, municipio de Ocosingo, un encuentro por la defensa del territorio, la cultura y los recursos naturales estratégicos de la selva Lacandona.

Al anunciar el encuentro, representantes de ONG afirmaron que hace casi un año el gobierno federal los “despojó” de 14 mil hectáreas para destinarlas a áreas protegidas, y que acaban de confirmar que la administración de Felipe Calderón asignó en agosto pasado 22 mil hectáreas propiedad del gobierno a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para áreas naturales protegidas.

Agregaron que “el despojo” de las 36 mil hectáreas por el gobierno federal en la selva Lacandona tiene en alerta no sólo a los 28 poblados afectados directamente, sino a todas las comunidades y ejidos legalmente asentados en las Cañadas.

Miguel Ángel García, de Maderas del Pueblo del Sureste –una de las organizaciones que ofrecieron una conferencia de prensa en la sede del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas– dijo que la medida afecta a los ejidos de San Gregorio, Nuevo San Gregorio y San Antonio Miramar, cuyos pobladores pertenecen a la Asociación Rural de Interés Colectivo independiente, y a Nuevo Limar y Ojo de Agua, donde habitan bases de apoyo zapatistas.

Agregó que también se afecta a Vilalflores, a la cual se ha prometido su regularización, además de a una parte de Benito Juárez y Galilea. En total, aseveró, son 28 poblados, de los cuales 20 son ejidos legalmente constituidos en 1989, y los demás estaban en trámites de serlo.

Sostuvo que en términos de la política mundial de conservación ambiental “es un retroceso, porque va en contra de la política de reservas de biosfera que se supone se habían hecho para hacer participar a las comunidades”, y en este caso “no se notificó a las comunidades ni se respetó su derecho a consulta, a información y a su decisión”.

Comentó que “nadie sabía que esos terrenos (las 22 mil hectáreas asignadas a la Semarnat) eran nacionales, pero el gobierno se acordó e hizo el trámite de declaratoria formal y mediante un convenio se lo asignó a la secretaría con fines de conservación”. Esto ocurrió poco después de la expropiación de 14 mil hectáreas en la zona.

García manifestó que este proceso se hizo de manera “silenciosa; apenas nos dimos cuenta mediante un comunicado del gobierno federal en agosto del año pasado, en el que ni siquiera especifica la ubicación de las 22 mil hectáreas.

“Se tuvo que averiguar vía la Ley de Acceso a la Información Pública; se nos entregó el mapa y ahora ya sabemos dónde están: junto a la laguna de Miramar.”
Precisó que “lo absurdo del decreto expropiatorio es que los polígonos están regados. Uno tiene una extensión de unas 100 hectáreas y está rodeado de ejidos. Es absurdo desde el punto de vista técnico ambiental, porque sólo que le pongan barda o policía” podrá ser área protegida. Además, hay un polígono, el número 2, que está dentro de Montes Azules”.

Luis Menéndez Medina, de Servicios y Asesoría para la Paz, afirmó que en las Cañadas “hay temor de un desalojo generalizado”, debido a los insistentes rumores. “Los ejidos que están legalmente constituidos no tienen por qué ser desalojados, pero así está corriendo el rumor en la región”, lo que tiene en alerta a la población, expresó.

Dijo que ahora los ofrecimientos del gobierno han subido a 300 mil pesos por familia, para que los habitantes entreguen las propiedades. Aparte se les ofrece reubicarlos o se les amenaza con el desalojo policiaco.

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