Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 16 de febrero de 2008

ACUERDOS DE SAN ANDRÉS

Sabíamos que los acuerdos de San Andrés difícilmente se cumplirían: Samuel Ruiz

Elio Henríquez escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas que cuando el Gobierno Federal y el EZLN suscribieron los acuerdos de San Andrés Larráinzar, “éramos conscientes de que difícilmente se cumplirían, porque iban a topar con dificultades, aunque la esperanza era que había fuerzas sociales que los iban a impulsar”, recuerda el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, quien entonces era el mediador entre las partes. (La Jornada, Cuarto Poder. Se anexa)

COCOPA

No tenemos nada de qué hablar con el EZLN: María Elena Orantes

A pesar que la COCOPA se conformó con la intención de ser un interlocutor con el EZLN y los poderes de gobierno, la senadora María Elena Orantes López, integrante de dicha comisión, consideró que la COCOPA no tiene nada de qué hablar con el ejército insurgente en estos momentos. Señaló que la comisión debe entablar un diálogo con la sociedad civil y no con el EZLN. (El Heraldo de Chiapas. Se anexa)

ACTEAL

Acteal sigue sin firmar convenio

Sobrevivientes y familiares de los 45 indígenas asesinados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, pidieron al gobernador Juan Sabines Guerrero, que los integrantes de la comisión negociadora no los presionen para que firmen un acuerdo de respeto mutuo con las autoridades municipales de Chenalhó. En una carta firmada por 57 personas de manera individual, los sobrevivientes y familiares de las víctimas afirmaron que el gobierno "no ha hecho justicia" en el caso Acteal y por el contrario "ha aprovechado para manipular al pueblo y para que los miembros de la sociedad civil Las Abejas se separen". Ante tal situación, insistieron: "Nosotros, la comunidad de las víctimas de la masacre y los sobrevivientes de Acteal, dirigimos directamente al gobernador la petición formal para que la comisión negociadora cese de presionarnos, ya que no estamos de acuerdo con el documento 'acuerdo de respeto mutuo'". Reiteraron que "la sangre de nuestros hermanos mártires no se vende a ningún precio". En la carta hacen alusión a un documento firmado el pasado 13 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, en el cual "vemos la firma de Agustín Vázquez Ruiz (ex dirigente de Las Abejas) como supuesto coordinador general de las organizaciones sociales de Chiapas, algo que no pertenece a nuestra organización y lo desconocemos como alguien que pueda firmar a nombre de Las Abejas". (Cuarto Poder)

CCIODH

Insostenible, la imagen de México como Estado respetuoso de los derechos humanos

Los gobiernos recientes de México no han logrado legitimar la imagen de un país donde se respeta el estado de derecho, a pesar de la gran infraestructura institucional que han creado las sucesivas administraciones, sostiene el coordinador de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), Iñaki García. “Constatamos que las denuncias se multiplican en todos lados, que la conflictividad en Chiapas y Oaxaca, lejos de resolverse, se ha agudizado y que los mecanismos burocráticos carecen de legitimidad de cara a las víctimas. Explicó que en Chiapas, entidad en la que la CCIODH realizó tres misiones anteriores (1998, 1999 y 2002), los observadores encontraron, a diez años de la matanza de Acteal, un escenario inestable, donde los conflictos y las denuncias de violaciones se multiplican y en el que los cauces institucionales no generan confianza a las víctimas. “Cierto que no es la misma virulencia que había en el gobierno de Roberto Albores y su embestida contra los municipios autónomos. Pero hay elementos de paramilitarismo y despojos de tierras y un perfeccionamiento de la mecánica represiva que mantiene abiertos todos los frentes de conflicto”. El grupo tuvo dos reuniones con el gobernador Juan Sabines y su equipo. “Ahí escuchamos palabras de buena voluntad, el problema es que no se traducen en hechos. Un ejemplo es que aunque prometió revisar los expedientes de los presos políticos, no sólo no lo ha hecho sino que siguen entrando opositores (al gobierno) a las cárceles”. Por otra parte, a partir de las reuniones que sostuvieron con bases de apoyo y juntas de buen gobierno, “constatamos que estas formas de autogobierno se han legitimado, han contribuido a la gobernabilidad y a la solución no violenta de conflictos. El mismo gobernador reconoce que las juntas zapatistas llegan a cubrir mejor las necesidades de salud de sus comunidades”. (La Jornada)

CHIAPAS

Cumple indígena tercer día en huelga de hambre en El Amate

El indígena Sacario Hernández Hernández, preso en el penal El Amate, municipio de Cintalapa, cumplió su tercer día de huelga de hambre en demanda de que sea liberado, porque considera que es inocente de los delitos que es acusado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas dijo que Pascual Heredia Hernández y Enrique Hernández Hernández, quienes lo acompañan en jornada de oración, llamaron a personal de dicho organismo informando que el jueves a las 13:30 horas los visitó un representante de la Comisión de Derechos Humanos para preguntar el motivo de la huelga. Los tres indígenas, junto con Mariano Heredia Gómez, quien se encuentra arraigado desde el sábado pasado en la Casa de Ancianos de Tuxtla Gutiérrez, están detenidos desde 2003 acusados del delito de homicidio. "Mi lucha es hasta las últimas consecuencias", refiere Sacario Hernández Hernández en su carta que le envía al abogado del Frayba. (Cuarto Poder)

Se retiran militares de zonas afectadas por desborde del Grijalva

El Ejército Mexicano concluyó las labores de ayuda humanitaria en los albergues donde se encuentran instaladas unas 3 mil 500 personas afectadas por la inundación causada por el desbordamiento del río Grijalva y cedió la responsabilidad a la Policía Estatal Preventiva. El subsecretario de Protección Civil del estado, Luis Manuel García Moreno, confirmó que los efectivos castrenses se retiraron esta semana de los ocho albergues ubicados en los municipios de Ostuacán y Tecpatán; no obstante, los damnificados seguirán ahí por tiempo indefinido. (La Jornada)

ASUNTOS INDÍGENAS

Que se respete el derecho de indígenas a tener medios: CDI

Si bien en la Constitución se garantiza el derecho de los pueblos indígenas a tener sus medios de comunicación, en la práctica no se concreta porque no se les reconoce como personas jurídicas y las leyes quedan “como letra muerta”, sostuvo la subdirectora de enlace con el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Citlali Ruiz Ortiz. Al participar en un seminario sobre radiodifusión indígena en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la funcionaria dijo que ante ese vacío legal, la comisión ha entablado contacto con el Senado para que en la nueva ley de radio y televisión se tome en cuenta ese derecho. Comentó que la postura de la CDI es que se cumplan los derechos indígenas, como determina el artículo 2 constitucional, el cual señala que “deben establecerse las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación”. Esa disposición no se cumple –dijo– porque la legislación actual sólo otorga concesiones y permisos a personas morales y físicas; “los pueblos no tienen figura (legal), y por ello no se les conceden los permisos”. (La Jornada)

GRUPOS ARMADOS

Represalia del crimen organizado: PGR

La explosión registrada la tarde de este viernes en la ciudad de México no fue obra de grupos subversivos, sino actos delictivos relacionados con la detención de miembros del crimen organizado por parte de autoridades capitalinas en fechas recientes, señalaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). De manera oficial, la Procuraduría General de la República PGR, señaló: “de la información con que se cuenta hasta el momento, el modus operandi y las características del explosivo, se puede inferir que este hecho no es atribuible a grupos armados o subversivos”. De acuerdo con versiones obtenidas, altos mandos de la SSP federal y de la PGR, así como encargados de otras áreas de inteligencia del gobierno mexicano, en conjunto con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), realizaron un primer análisis de la explosión y se ha establecido que lo sucedido fue una respuesta del crimen organizado a las detenciones realizadas en fechas recientes por autoridades del Distrito Federal, que incluyen la captura de miembros de los cárteles de Sinaloa y del Golfo. (La Jornada, Crónica, Reforma, Excélsior, Diario Monitor, Milenio)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Denuncian agresiones contra zapatistas

En el Correo Ilustrado, Elizabeth Silva Nogales, Gabriela Piccinelli, Antonio Ramírez, Iliana González, Benita Rodríguez, Joel Vázquez, Gloria Rico. Colectivos: Pazinterena, Votan Zapata, Coyoacán, Lucha Libre, Plantón de Molino de Flores, Abogados Zapatistas, Telefonistas Zapatistas, Pueblos Indígenas de la Ciudad Adherentes a la Zexta y a La Otra Campaña, Educación para la Liberación de Nuestros Pueblos, adherentes individuales, informan: “Los firmantes, colectivos e individuos, integrantes de la otra campaña, denunciamos enérgicamente las agresiones provocadas por el grupo paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos en contra de las comunidades indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La agresión de esta organización es paramilitar, armada con garrotes y armas de fuego, al igual que la Unión de Ejidos de la Selva, que es socio y principal distribuidor de la cadena nacional de cafeterías La Selva y una más de las organizaciones que promueven los desalojos violentos de las comunidades productoras de café, en complicidad con los cuerpos policiacos y militares, quienes se reposicionan y refuerzan militarmente con nuevos campamentos, tropas de elite y carros blindados. Pretenden despojar a las comunidades indígenas de sus tierras y territorios, en complicidad con los tres niveles de gobierno, por conducto de la “justicia” agraria, que entrega a grupos campesinos tierras que fueron recuperadas y ocupadas por los zapatistas desde 1994, provocando enfrentamientos, conjuntamente con los grupos del poder local, quienes se han reagrupado bajo la cobertura de las siglas del Partido de la Revolución Democrática, como Constantino Kanter y Roberto Albores Guillén, principales promotores del racismo y la violencia. Exigimos al Estado mexicano el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales de los pueblos indígenas en resistencia, de los municipios autónomos zapatistas, el retiro inmediato de los cuerpos policiacos, militares y paramilitares, y el cese a la represión gubernamental. Convocamos a denunciar el despojo, el desprecio, la explotación y la represión que ejercen los gobiernos federal, estatal y municipales en contra de los pueblos indígenas y urbanos. Hacemos un llamado a no consumir café de las cafeterías La Selva.” (La Jornada)

TEXTOS

Sabíamos que los acuerdos de San Andrés difícilmente se cumplirían: Samuel Ruiz
Elio Henríquez/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de febrero. Cuando el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) suscribieron los acuerdos de San Andrés Larráinzar, “éramos conscientes de que difícilmente se cumplirían, porque iban a topar con dificultades, aunque la esperanza era que había fuerzas sociales que los iban a impulsar”, recuerda el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, quien entonces era el mediador entre las partes.

A 12 años de la histórica firma, que se cumplen este sábado en medio de una ofensiva contra comunidades indígenas zapatistas, éstas se mantienen en resistencia en protesta por el incumplimiento gubernamental de los acuerdos, lo que implica rechazar programas y recursos oficiales.

Según Ruiz García, quien hace 12 años era presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), la resistencia en dichas comunidades “no ha sido inútil, pues han logrado con su actividad y su aguante físico una mejoría en varios aspectos”.

Paralelamente a la resistencia, las comunidades zapatistas están inmersas en sus procesos de autonomía –que, alegan, forman parte del cumplimiento de los acuerdos–, mediante los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno ubicadas en los caracoles de Oventic, Morelia, La Garrucha, La Realidad y Roberto Barrios.

Pero el ejercicio de la autonomía no ha estado exento de ataques, según han denunciado las juntas de buen gobierno, las cuales han referido como su principal agresora a la priísta Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que sirve de instrumento a las autoridades para atacarlas.

Uno de los flancos de las agresiones radica en la parte agraria, concretamente por las tierras “recuperadas” en 1994 por el EZLN en la llamada zona de conflicto.

De acuerdo con las autoridades zapatistas, la OPDDIC pretende “despojarlas” de sus tierras mediante documentos “legales” de las instancias agrarias oficiales, como parte de programas de “contrainsurgencia”, que han causado tensión en la zona. Probablemente si los acuerdos se hubieran cumplido esas disputas no existirían.

Samuel Ruiz opinó que, pese a que lo pactado en San Andrés no se ha respetado, “de todas maneras podemos decir que los esfuerzos que se han hecho en distintas partes han logrado que se introduzcan en algunos estados modificaciones sustanciales para la situación de los indígenas”.

Al preguntársele si los indígenas están condenados a que no se cumplan los tratados, el obispo respondió: “La situación de los indígenas está ligada a la acción de un cambio fuerte de la estructura social, de manera que si no se lleva a cabo esto estaremos asistiendo a mejorías pero no a una situación radical. Tiene que haber un cambio de sociedad”.

El prelado agregó que “es un hecho irreversible que hayan indicado ellos que son sujetos de su propia historia. Esto ya no tiene vuelta en la historia en forma regresiva sino que va hacia delante”.

No tenemos nada de qué hablar con el EZLN: María Elena Orantes
Heraldo de Chiapas

A pesar que la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) se conformó con la intención de ser un interlocutor con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los poderes de gobierno, la senadora María Elena Orantes López, integrante de dicha comisión, consideró que la Cocopa no tiene nada de qué hablar con el ejército insurgente en estos momentos.

En una entrevista, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que la comisión, integrada por un representes del gobierno federal, uno del estado y diputados y senadores de diferentes fracciones parlamentarias, debe entablar un diálogo con la sociedad civil y no con el EZLN.

"La presidenta de la comisión señaló hace poco que era necesario un acercamiento con el EZLN, yo difiero de esa apreciación porque creo que en estos momentos no tenemos nada de qué hablar con ellos", señaló la legisladora priísta.

Pese a que la Cocopa dejó de fungir como un interlocutor entre el grupo insurgente y los poderes de gobierno, la senadora consideró que todavía esta comisión tiene razón de ser, ya que a su consideración está sirviendo como un grupo de evaluación y así presentar propuestas.

Al ser cuestionada sobre las denuncias del grupo insurgente de que está aumentando la militarización en su zona de influencia, la senadora dijo que no tienen reportes al respecto, pero señaló que está en contra de la militarización en el estado.

Comentó que la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) está trabajando con organismos internacionales de derechos humanos para que se respeten las garantías individuales en la zona de conflicto en Chiapas.

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