Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 12 de febrero de 2008

EZLN

Descartan desalojo de grupos zapatistas

La secretaria técnica del Gobierno de Chiapas, Blanca Ruth Esponda Espinosa, descartó que exista alguna intención por parte de los tres niveles de gobierno para desalojar a alguna comunidad zapatista asentadas en zonas ecológicas en la entidad. Ante la necesidad de llevar a cabo programas de ordenamiento ecológico en diversas áreas naturales, la funcionaria estatal dijo que la actual política que lleva a cabo el Gobierno del Estado es de absoluto respeto a las comunidades indígenas de la entidad, incluyendo aquellas que simpatizan con el movimiento zapatista.  "A todas las comunidades zapatistas, la política gubernamental es de respeto absoluto y los zapatistas aprenderán a desarrollar una cultura de convivencia y preservación de las zonas naturales en las cuales están asentadas. Este gobierno será garante en todo momento de los derechos indígenas", señaló la funcionaria estatal en entrevista. (Cuarto Poder)

Tildan de ¡Inepto! al alcalde de San Cristóbal

Por la ineptitud, por la falta de sensibilidad política y como una consecuencia de las ocurrencias irresponsables con las cuales gobierna el alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, el Ayuntamiento acordó en sesión de cabildos indemnizar con más de un millón de pesos a los 250 comerciantes que fueron desalojados en la madrugada del pasado 7 de octubre del estacionamiento del mercado público municipal "José Castillo Tielemans". Mientras la discusión se agotaba en el cabildo, el alcalde Mariano Díaz Ochoa, pidió permiso para retirarse y en entrevista con el periodista Hugo Isaac Robles Guillén, en la estación radiofónica XEWM adelantó que en los próximos días ordenará el uso de la fuerza pública municipal, para desalojar a las bases de apoyo del EZLN que se encuentran en las faldas del cerro el Huitepec y de igual forma se procederá en contra de más de 500 comerciantes artesanos que desde hace 25 años permanecen instalados en las plazuelas de Caridad y Santo Domingo. (Diario de Chiapas)

MONTES AZULES

En Montes Azules “se pretende privatizar recursos naturales”

La entrega de 36 mil hectáreas de la reserva de la biosfera de Montes Azules por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dejó en la indefensión a habitantes de ocho poblados que a pesar de tener entre ocho y 30 años de antigüedad en ese lugar nunca fueron regularizados, y ahora pueden ser desalojados, denunció la organización Maderas de Pueblos del Sureste. En agosto de 2007, el gobierno federal sostuvo que la acción formaba parte del programa de atención integral a la comunidad lacandona y “llevaba seguridad y oportunidades de desarrollo a los poseedores de los recursos naturales”; sin embargo, eliminó derechos elementales a los habitantes de las comunidades: tzotzil Nuevo San Gregorio; tzeltales San Antonio Miramar, Ojo Agua La Pimienta, Nuevo Limar, Benito Juárez y Nueva Galilea, así como a la chol Nuevo Villa Flores y Nuevo Agua Dulce, las cuales se ubican dentro de un polígono de 22 mil 236 hectáreas que fueron incorporadas al área natural protegida. (La Jornada)

CHIAPAS

Reitera la CCIODH que en Chiapas se violan a diario los derechos humanos

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que en una nueva comunicación pública, la Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) señaló que durante el actual gobierno estatal “los cuerpos policiales todavía proceden a la detención de personas inocentes a partir de denuncias falsas, con la colaboración de grupos paramilitares; imputan hechos no realizados; arrancan autoinculpaciones bajo tortura, y procesan a las personas con base en ello. Todo, en procesos penales “repletos de irregularidades”. (La Jornada. Se anexa)

Excarcelan a 7 miembros de la Opddic

En momentos en que el gobierno de Chiapas presuntamente busca debilitar a la priísta Organización para la Defensa de los Derechos de los Indígenas y Campesinos (Opddic), un juez federal otorgó un amparo que permitió la liberación de siete de sus integrantes, entre ellos su líder, Carlos Moreno Hernández, y su fundador y principal asesor, Pedro Chulín Jiménez, detallaron fuentes de la agrupación. Los siete priístas estaban recluidos en el penal de El Amate, ubicado en Cintalapa, desde marzo del año pasado, acusados de robo agravado y lesiones calificadas. Detallaron que fueron liberados el viernes primero de febrero a las 15 horas, justo el día que arribaron a Chiapas los 51 miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, quienes el pasado sábado concluyeron su visita. (La Jornada)

Documentan abusos

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), en su VI visita a la entidad chiapaneca, tuvo la oportunidad de documentar abusos y violaciones a los derechos humanos de más de una treintena de casos de personas que fueron víctimas de lo que popularmente se ha denominado la época del terror en Chiapas, de la mano ejecutora de Mariano Herrán Salvatti, durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.  Las cárceles en Chiapas todavía resguardan a hombres, en su mayoría indígenas y pobres, que fueron sometidos por gente subordinada a Mariano Herrán Salvatti, quien se desempeñaba como Fiscal General del Estado y brazo ejecutor de Salazar.  Dentro de los casos documentados, y con base en entrevistas que realizaron los propios miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, los afectados señalaron directamente a estos personajes de haber sido los intelectuales de esa tormentosa etapa para los líderes de organizaciones sociales o cualquier ciudadano que opinara distinto al régimen. (Cuarto Poder)

Se unen organizaciones para abatir la pobreza en Chiapas

Instalan el Consejo Consultivo Ciudadano de Ciudades Rurales Sustentables, con el cual la sociedad civil organizada participará en la formulación, creación y consolidación de este programa social. El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, encabezó la instalación de este consejo que está integrado por fundaciones sociales, universidades, académicos y consultores de organismos internacionales. Todos ellos se suman con sus propuestas y esfuerzos a la gran tarea de combatir la dispersión y pobreza en las comunidades chiapanecas.  Además calificaron de “antídoto para revertir los graves rezagos en Chiapas” el programa de Ciudades Rurales Sustentables, en el acto que se efectuó en el Palacio de Gobierno.
Ahí, el gobernador reiteró que Ciudades Rurales Sustentables no debe ser un programa gubernamental, sino un esfuerzo de la sociedad civil que “hará una nueva vida para miles de familias que ahora tendrán acceso a servicios de salud y educación de calidad, y otros beneficios”. (El Universal, La Jornada-inserción)

GOBIERNO FEDERAL

Miente Mouriño, acusa Noroña

Gerardo Fernández Noroña, secretario de Propaganda del PRD, aseguró que Juan Camilo Mouriño Terrazo proporcionó datos falsos sobre su nacionalidad para asumir el cargo de Secretario de Gobernación. Entrevistado a su regreso de Madrid, España, Fernández Noroña aseguró haber encontrado documentos oficiales que probarían que la madre de Mouriño nació en Avión, y su padre en Vigo. “Traigo elementos fuertes, no sólo es una investigación hemerográfica, sino también testimonios y documentos oficiales de que él no es mexicano, y que presentaron información falsa, creo entender porque, desde la óptica de  mirantes, ellos no podían saber qué iba a pasar con sus nietos. Desde esa óptica lo entiendo, pero quien no tiene justificación es Juan Camilo Mouriño, porque él sabe la verdad y está mintiendo”, sostuvo el perredista. (Reforma)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

La CCIODH y el mapa de la impunidad en México

Luis Hernández Navarro señala en su artículo que “la imagen de la democracia mexicana en el exterior dista de ser buena. El término democracia a la mexicana se usa en el exterior como sinónimo de una democracia de mentiras. Se le asocia con la simulación y la hipocresía. Uno de los organismos más activos en la vigilancia de lo que ocurre en México es la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH). Se trata de una iniciativa que nació de la preocupación en sectores de la sociedad civil internacional alrededor de la violencia en Chiapas. La matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, precipitó su parto. Estos días, precisamente, la CCIODH está en su sexta visita al país. Cincuenta personas de nueve países participan en los trabajos. El motivo de esta gira surge del décimo aniversario de Acteal, la grave preocupación por la situación en Chiapas, con un incremento de las denuncias por agresiones y violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas zapatistas, así como de la necesidad de dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones de las visitas realizadas a Atenco y Oaxaca. (La Jornada)

TEXTOS

Reitera la CCIODH que en Chiapas se violan a diario los derechos humanos
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En una nueva comunicación pública, la Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) señaló que durante el actual gobierno estatal “los cuerpos policiales todavía proceden a la detención de personas inocentes a partir de denuncias falsas, con la colaboración de grupos paramilitares; imputan hechos no realizados; arrancan autoinculpaciones bajo tortura, y procesan a las personas con base en ello. Todo, en procesos penales “repletos de irregularidades”.

Al informar sobre la rueda de prensa en la que la comisión presentó conclusiones y recomendaciones provisionales de su visita a Chiapas, un importante diario local dio hoy el siguiente titular de primera plana: “CCIODH: terminó época de terror de Mariano Herrán cuando se fabricaron delitos y crearon víctimas. Fue Pablo Salazar el mayor represor”. En la nota correspondiente se lee: “El obispo Felipe Arizmendi, integrantes de organizaciones sociales y defensa de derechos humanos, asociaciones campesinas, grupos y comunidades indígenas, así como familiares de ex presos, calificaron a gobiernos anteriores como represores de la libertad de expresión y culpables de la persecución a líderes sociales, señalando particularmente y de manera reiterada al ex fiscal general del estado Mariano Herrán Salvatti” (funcionario hoy en desgracia pero aún poderoso y temible, y que no fue tema en la rueda de prensa del sábado).

Según la misma nota, la CCIODH “informó de persecución a líderes sociales, organismos campesinos y comunidades indígenas por medio de un video documental, y la forma en que fueron detenidos, ‘sufriendo violaciones a sus derechos humanos, castigos físicos y sicológicos permanentes’” (Cuarto Poder, 10 de febrero). La nota “da a entender” que lo denunciado tuvo lugar en años anteriores, y que bajo el gobierno de Sabines estos hechos dejaron de producirse.

En la información impugnada puede leerse: “Familiares y afectados señalaron que ‘los represores’ fabricaban (sic) el delito de una forma bastante vulgar y con impunidad manifiesta, ‘ya que lo pudimos observar directamente, inclusive las declaraciones sufrían muchas contradicciones que no se sustentaban en absoluto, sin justificarse la detención ni las graves acusaciones que sobre los agraviados correspondía. Observamos también la actitud judicial y las irregularidades que se daban’”.

La CCIODH niega que los asistentes a la rueda de prensa hayan podido escuchar dichas afirmaciones. Nadie dijo que “terminó la época de terror”. Los graves hechos documentados en el video habían ocurrido apenas unos días atrás en Palenque y Playas de Catazajá, involucrando a policías estatales, parte de “un patrón contrainsurgente que se desarrolla actualmente en Chiapas”.

Los observadores internacionales reiteran que persisten “numerosos casos” de impunidad de servidores públicos, lo cual “no favorece la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto” para los derechos humanos. Reconocen “algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno”. Sin embargo, añaden, “no se ha avanzado realmente en este aspecto”.

Tras calificar de “inquietante” la persistencia de ciertas conductas de servidores públicos (como el considerar “legales” las denuncias falsas, el maltrato físico para obtener declaraciones autoinculpatorias y su valor probatorio en el proceso judicial), la comisión advierte: “Este modelo frecuentemente concluye con sentencias de muchos años, y sirve para la persecución de organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia”.

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