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México, D.F, 10 de febrero de 2008

EZLN

Centro Fray Bartolomé documenta tortura de zapatistas en Catazajá

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que al momento de su liberación, el viernes pasado, Eliseo Silvano Jiménez (padre) y Eliseo Silvano Espinosa, indígenas zapatistas que permanecieron una semana en el penal de Playas de Catazajá por acusaciones falsas, “aún presentaban huellas de la tortura que sufrieron de elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC)”, atestigua el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC). (La Jornada, Cuarto Poder, EL Heraldo de Chiapas, El Sol de México. Se anexa)

Inaplazable, desmilitarizar Chiapas: ONG

Elio Henríquez y Emir Olivares Alonso escriben que la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) señaló que a más de diez años de la masacre de Acteal, Chiapas, la situación social “sigue atravesada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión” que afectan a la mayor parte de la población en ese estado. Agregó que la construcción de las autonomías indígenas de las comunidades zapatistas “es, sin duda, el ejemplo más avanzado” de esta forma de organización, “pues genera espacios propios de participación social, económica y política. (La Jornada, El Universal, Cuarto Poder. Se anexa)

CHIAPAS

CCIODH reconoce los avances

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) dio a conocer en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lo que denominó conclusiones del proceso de análisis e investigación de la situación de los derechos humanos en Chiapas, evento en el que reconoció avances en esta materia, resultado de la política de unidad que promueve el gobernador Juan Sabines Guerrero. Y manifestó que es de reconocerse las acciones del Ejecutivo estatal, "entre ellas el anuncio por parte del nuevo gobernador Juan Sabines de dejar atrás las prácticas represoras de gobiernos anteriores, justificantes de nuestra presencia en Chiapas". En las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) los integrantes de la comisión especial resaltaron que a 10 años de iniciadas las investigaciones por el caso Acteal, éste es el primer gobierno que da muestras de querer llegar hasta la verdad de lo sucedido el 22 de diciembre de 1998. (Cuarto Poder)

TEXTOS

Centro Fray Bartolomé documenta tortura de zapatistas en Catazajá
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Al momento de su liberación, el viernes pasado, Eliseo Silvano Jiménez (padre) y Eliseo Silvano Espinosa, indígenas zapatistas que permanecieron una semana en el penal de Playas de Catazajá por acusaciones falsas, “aún presentaban huellas de la tortura que sufrieron de elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC)”, atestigua el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).

Además de golpes, Eliseo padre tiene quemaduras en la espalda y un disparo en el pie. El CDHFBC reporta “delicado” su estado de salud: dificultad para respirar y digerir, tos frecuente, vómito, brazo derecho inmovilizado, estrés y diversas lesiones. Cuando estuvo en el hospital de Palenque no sólo fue desatendido; allí “continuaron las amenazas y tortura sicológica por parte de los agentes que lo custodiaban”.

El centro señala “múltiples irregularidades” en el proceso penal: se limitaron el acceso al expediente y la actuación para la defensa de derechos humanos durante careos e interrogatorios; se retrasaron y obstaculizaron los trámites. La tarde del viernes, ya libres, los afectados presentaron una denuncia por torturas ante el juez responsable, donde se nombran los policías responsables y se incluyen documentos médicos y una relación testimonial.

El centro de derechos humanos recuerda que “en distintos momentos y espacios se ha denunciado que Opddic, en esa zona, se caracteriza por amenazar, hostigar, fabricar delitos e impulsar agresiones. En lógica de control territorial, y particularmente por el botín ecoturístico, opera con impunidad y en complicidad con miembros de la PEC y la Policía Estatal Preventiva”.

Demandas

En su declaración preparatoria, los tzeltales zapatistas manifestaron que fueron torturados y obligados a firmar una declaración ministerial. Dos hombres más, detenidos en el lugar de los hechos horas antes (Sebastián Moreno Gómez y Emilio Aguilar Moreno), “también afirmaron haber sido torturados y forzados a firmar la declaración” donde inculpaban a Eliseo padre e hijo. El centro exige cese a la tortura y las garantías de un debido proceso para Moreno Gómez y Aguilar Moreno, quienes permanecen presos.

En especial, el documento del CDHFBC demanda “castigo a los miembros de la PEC y quienes resulten responsables de la fabricación de los delitos imputados a Silvano Jiménez y Silvano Espinosa; investigar la asociación y complicidad de la policía estatal con miembros de Opddic para amenazar, hostigar y agredir impunemente a pobladores de la región”.

Además exige a las autoridades “informar las causas de la reciente liberación de Pedro Chulín Jiménez, fundador y líder de Opddic, quien permanecía recluido en el penal del Amate, y cuya actuación puede repercutir en un incremento de las hostilidades hacia comunidades autónomas”.

Por su parte, la Comisión Civil de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) consideró que “los testimonios y careos no sustentan la participación de los acusados en el intento de asalto, ni la posesión de armas”, y recomendó “atender la grave denuncia sobre tortura, así como la anulación del proceso federal abierto”.

Para la comisión, que hoy concluyó su recorrido por la entidad, “fueron muchas” las irregularidades. El caso “resume de forma paradigmática los conflictos actuales en Chiapas: el conflicto sobre la tierra, la connivencia entre funcionarios y organizaciones paramilitares y la impunidad consiguiente”.
Ante ello, cuestiona “los proyectos turísticos sin acuerdo con las comunidades afectadas, y las agresiones, amenazas, tortura y fabricación de delitos para impedir los procesos de autonomía de las propias comunidades indígenas”.

En su informe inicial del día 6, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise) era catagórico: “Betel Yochip’ (de donde son originarios los Eliseos) se encuentra entre Agua Azul y Misol-ha, una de las aréas turísticas más importantes y peligrosas. Grupos delincuenciales, paramilitares y elementos de la Policía Estatal de Caminos han convertido la región en un nido de ratas”. Y enlistaba asaltos, intimidaciones, tráfico de armas y estupefacientes, fabricación y encubrimiento de delitos, agresiones.

Inaplazable, desmilitarizar Chiapas: ONG
Elio Henríquez y Emir Olivares Alonso/La Jornada

La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) señaló que a más de diez años de la masacre de Acteal, Chiapas, la situación social “sigue atravesada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión” que afectan a la mayor parte de la población en ese estado.

Agregó que la construcción de las autonomías indígenas de las comunidades zapatistas “es, sin duda, el ejemplo más avanzado” de esta forma de organización, “pues genera espacios propios de participación social, económica y política, cuya intensidad desborda los referentes institucionales y confronta profundas dinámicas de dominación cultural todavía vigentes”.

El organismo manifestó, sin embargo, que la implementación de las autonomías crea “división y conflictos en muchas comunidades”, debido a que “los poderes públicos” han respondido “con políticas de desarrollo social que no respetan” estas formas de organización “ni han incorporado seriamente la participación de las comunidades en el diseño” de aquellas.

Al cierre de una gira de trabajo por Chiapas, dentro del marco de su sexta visita a México (la primera fue en 1998, tras la masacre de 45 indígenas en Acteal), la ONG realizó un balance provisional del cumplimiento de sus recomendaciones sobre la matanza.

Señaló que a diez años de aquellos hechos “existe una necesidad inaplazable de emprender la desmilitarización de la zona” y de disolver todos los grupos paramilitares en la entidad, pero, agrega, “lamentablemente seguimos detectando tanto la continuidad de su presencia como su conexión con agentes de seguridad pública. En algunas áreas geográficas, su actividad incluso ha aumentado”; además de que, agregó, persisten “numerosas irregularidades” en el funcionamiento de la justicia.

Asimismo, la comisión internacional sostuvo que los poderes públicos “deben respetar y promover los procesos de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, dada su demostrada capacidad de satisfacción de necesidades básicas”, por lo que, afirmó, cualquier programa gubernamental de desarrollo económico y social debe ser consensuado con los sectores sociales verdaderamente representativos.

En torno al tema Acteal, el organismo agregó que aunque el gobierno de Juan Sabines creó la fiscalía especializada, ésta “no ha logrado ningún avance significativo”, pues “la detención de sujetos condenados por estos hechos, la revisión de las sanciones administrativas impuestas o la firma de acuerdos con la comunidad sin reconocimiento de la verdad sobre los hechos, son simplemente actos políticos de carácter simbólico, inútiles para el alcance de la justicia”.

En el balance presentado ayer, la ONG destacó que las autoridades no deben criminalizar o reprimir movimientos ni organizaciones sociales mediante un sistema punitivo, por lo que exigió que se realicen las reformas necesarias para eliminar las situaciones de indefensión, abuso de poder, vulneración del principio de presunción de inocencia, construcción de denuncias falsas y la creación de delitos que por su amplitud puedan ser utilizados en esta dinámica represiva.

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