Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 31 de enero de 2008

EZLN

Cedió juez a presiones; confirmó sentencia contra dos zapatistas

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que finalmente, la justicia chiapaneca decidió encubrir a miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) en el caso del asesinato de dos de sus correligionarios durante una riña en la comunidad de Banavil (Ocosingo), en febrero de 2002, y confirmó la sentencia de ocho años de prisión contra Alfredo Hernández Pérez, de 48 años, y Fidelino Ruiz Hernández, de 73, bases de apoyo del EZLN, quienes han servido como chivos expiatorios. (La Jornada. Se anexa)

ACTEAL

Responsabilidad del Estado en “masacre” de Acteal: CCIODH

Víctor Ballinas escribe que la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que el miércoles empezó su sexta visita al país para corroborar la situación de México en la materia, destacó que viene a supervisar las acciones adoptadas en el caso de la matanza de Acteal. “Ahora que se ha abierto el debate y que se hace una revisión de lo ocurrido, nosotros sostenemos que hubo una masacre, y hay responsabilidad gubernamental en esos crímenes”. (La Jornada. Se anexa)

Certidumbre con Fiscalía para el caso Acteal

alcanzar la paz social, se tiene que dar certidumbre de que las autoridades están actuando y que tienen la voluntad política para que se avance en los temas que durante muchos años estuvieron rezagados; uno de estos casos es sin duda el caso Acteal, para la cual el gobierno de Juan Sabines tuvo a bien crear una fiscalía especializada. Esto declaró Esdras Alonso González, pastor de la iglesia "Alas de Águila", quien comentó que este caso desde un principio correspondía al Fuero Común, sin embargo, en ese momento fue atraído por la Procuraduría General de la República, por lo cual resulta muy importante el volver a retomar este caso por parte del gobernador del estado quien instruyó al Ministerio de Justicia para implementar líneas de investigación que habían sido aisladas. (Cuarto Poder)

SEGOB

Ordenan entregar información de e-mails enviados por Mouriño

 En sesión plenaria, el Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó a Los Pinos entregar los correos electrónicos enviados, recibidos y eliminados por Juan Camilo Mouriño de enero a junio de 2007, periodo en el cual aún se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Hay que destacar que los comisionados advirtieron sobre la imposibilidad de que la Presidencia incurra en una omisión en la entrega de la información con el argumento de la inexistencia de la misma, porque ratificó la existencia de los correos. Precisaron que serán confidenciales los correos electrónicos institucionales que contengan información sobre datos personales (domicilio, teléfono, cuentas bancarias, etcétera) o temas de índole personal. Sin embargo, luego de un prolongado análisis, se acordó hacer público el nombre de los funcionarios que hubieran enviado o recibido los referidos correos, con el propósito de hacer posible su identificación. (La Jornada, Crónica, Milenio)

GRUPOS ARMADOS

Narcotráfico, tras el apoyo financiero al EPR: diputado

El narcotráfico está detrás del financiamiento al EPR, manifestó el general Justiniano González Betancourt, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, y dijo que la pretensión del ombudsman, José Luis Soberanes, de retirar al Ejército del combate a la delincuencia organizada es contraproducente, porque las fuerzas armadas han demostrado que su presencia es indispensable en esa lucha. El diputado panista consideró que el gobierno federal está obligado a recabar información y profesionalizar a su personal policiaco y militar en las tareas de análisis para prever atentados. –¿El secretario de Gobernación tiene capacidad para restructurar el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y hacer frente a esa amenaza? –Con un organismo como el EPR, que es clandestino o terrorista, puede tenerse cualquier eventualidad. Toda precaución no es extraordinaria, no sobra. –¿Podría haber vínculos entre grupos terroristas y el EPR con el narcotráfico? (La Jornada, Milenio, Crónica, Cuarto Poder, El Sol de México)

Sin recursos, grupo que combate al EPR

El Grupo Central de Atención a la Subversión, creado a partir de los ataques a los ductos de Pemex el año pasado, reivindicados por el EPR, no cuenta con presupuesto ni instalaciones propias y su función única es ser un “mecanismo de coordinación”. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional informó que dicho grupo, dado a conocer por el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, “es simplemente un mecanismo de coordinación motivado por los atentados perpetrados en perjuicio de instalaciones de Petróleos Mexicanos”. Sin embargo, reitera que su función principal es ubicar a los responsables de los estallidos en los ductos de la paraestatal. En respuesta a una solicitud realizada ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, Gobernación informó que en la oficina del secretario no se había encontrado registro o documento alguno referente al Grupo Central de Atención a la Subversión y sugirió consultar al Cisen. (Milenio)

CHIAPAS

Desalojan policías a indígenas de la Sepi

Policías estatales en Chiapas desalojaron a indígenas que realizaban un plantón afuera de las oficinas de la Secretaría de Pueblos Indios (Sepi) en demanda de la destitución del titular de dicha dependencia, Fernando López Hernández. En un operativo "relámpago", a las 12:30 horas, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó a cerca de 200 agentes, entre ellos antimotines, para desalojar a los campesinos que habían bloqueado los accesos de las oficinas de la Sepi, y cerrado la puerta principal de dicho edificio ubicado en San Cristóbal de las Casas. Los uniformados quitaron las piedras que habían en las calles, abrieron las puertas de la Sepi, rompieron una manta de protesta colocada en dicho lugar por los campesinos y empezaron a detener a los líderes, a quienes sólo les dijeron que querían "platicar" con ellos. Previamente ubicados por personal de inteligencia, los policías detuvieron a los principales líderes del movimiento: Juan Encino Gómez, del municipio de Oxchuc; Isaías Pérez Luna, de Chalchihuitán, y Jesús García Solano, de Venustiano Carranza, entre otros. (Cuarto Poder, La Jornada)
Desalojan a indígenas de un rancho en Chiapas

Elio Henríquez escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que unos 500 policías estatales y federales desalojaron a 13 indígenas que fueron asegurados luego de un enfrentamiento entre autoridades estatales y federales en municipios de la zona Altos, considerados como zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, incautándose un pequeño arsenal. Estos indígenas que hace más de un año se apoderaron del rancho San Isidro, de 24 hectáreas, propiedad de Silviano Pérez Barrios, en el municipio de Aldama (vecino a San Andrés Larráinzar) y recuperaron en ése y otros municipios de Los Altos 46 vehículos robados en varios estados. Marcos Juárez Escalera, director de la Policía Ministerial, informó que en la primera operación, cuyo objetivo era “recuperar la legalidad” resultó lesionado “por un rozón de bala” Luis Antonio Arroyo Estrada, elemento del grupo táctico de la policía estatal, quien fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez para recibir atención médica. De acuerdo con fuentes gubernamentales, cinco indígenas fueron detenidos. (La Jornada, Milenio)

ASUNTOS INDÍGENAS

Proyectos de infraestructura, otra forma de violar derechos indígenas

El relator de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, destacó que en México y en muchas partes del mundo los grandes proyectos de desarrollo de los estados y los capitales privados, nacionales o extranjeros, violan los derechos humanos de los indígenas. En algunos casos –dijo– provocan desalojos masivos forzados, en otros se inundan grandes territorios para presas, y a menudo esos proyectos también entrañan grandes riesgos para la salud de los pobladores, degradación del medio ambiente y destrucción de ecosistema por el uso de desechos químicos y minerales tóxicos. Experto en el tema indígena, investigador y académico, durante la presentación de su libro Los pueblos indígenas y sus derechos, editado por la UNESCO, en el edificio sede de la ONU en México, Stavenhagen sostuvo que “los megaproyectos violan los derechos humanos de las poblaciones autóctonas, lo que ocurre en el contexto de las grandes inversiones, ya sea obras de infraestructura que construyen los gobiernos o el capital extranjero”. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

Guerrilla

Lorenzo Meyer escribe en su artículo que “la política es comúnmente conflicto de intereses, pugna por acceso a bienes escasos. Lo deseable, por tanto, es que esa lucha tenga límites, pues de lo contrario se transforma en lo que Laura Castellanos recrea en México armado, 1943-1981 (México, Era, 2007): en confrontación desnuda, sin límites”. El “EPR -heredero del PROCUP-PDLP- voló varios gasoductos de PEMEX y anunció que seguiría con sus operaciones en tanto el gobierno no presente con vida a dos de sus dirigentes -Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz Sánchez- supuestamente capturados por las autoridades. Finalmente, en Chiapas, sigue movilizado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional -surgido del FLN, creado hace ya casi 40 años. (Reforma. Se anexa)

TEXTOS

Cedió juez a presiones; confirmó sentencia contra dos zapatistas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Finalmente, la justicia chiapaneca decidió encubrir a miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) en el caso del asesinato de dos de sus correligionarios durante una riña en la comunidad de Banavil (Ocosingo), en febrero de 2002, y confirmó la sentencia de ocho años de prisión contra Alfredo Hernández Pérez, de 48 años, y Fidelino Ruiz Hernández, de 73 años, bases de apoyo del EZLN, quienes han servido como chivos expiatorios. Tras incumplir el término de ley para emitir la sentencia, “incurriendo en responsabilidad administrativa y penal” –según el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), encargado de la defensa de los indígenas zapatistas–, el juez mixto de primera instancia de Ocosingo, Guillermo González Rodríguez, los condenó. Han pasado ya cinco años y medio tras las rejas.

Se les consideró “culpables de homicidio”, en lo que la defensa considera una “decisión política” que necesariamente involucra a la Magistratura Superior del estado, pues en dos ocasiones el juez fue llamado por sus superiores a Tuxtla Gutiérrez en relación con el caso, antes de emitir la sentencia.

La argumentación del juez “da por buenas todas las declaraciones de los miembros de la Opddic”, pasando por alto las irregularidades, contradicciones e inconsistencias denunciadas por la defensa y los acusados, e incluso “las aberraciones jurídicas señaladas por el mismo Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), cuando ordenó la reposición del caso”. Para el centro de análisis, “la injusticia y el descaro llegan a tal extremo que justifica que los testigos de cargo, miembros de Opddic, no se hayan presentado a las diligencias de ley (como ordenó el tribunal)”.

El magistrado se escudó en una notificación de la Agencia Estatal de Investigación, según la cual “no fue posible” su localización, pues “al preguntar por ellos”, les informaron “que no los conocen o no los han visto en esos lugares” (o sea Banavil, donde viven todos). Así, ignora (“increíblemente”, expresa el CAPISE) el reporte del actuario notificador, quien en su momento “sí encontró y notificó a cada uno de los citados”.

El juez, “en plena contradicción”, termina “explicando” que no efectuó los interrogatorios debido a que, si bien “en cumplimiento a los ordenado por la superioridad” citó a la parte acusadora “en múltiples ocasiones”, no fue “posible” su comparecencia, “ya que viven en una zona de conflicto por motivo del movimiento del EZLN, (en) lugares donde los habitantes no permiten el acceso a la policía (...)”.
Esta argumentación “confirma la negligencia y mala fe del juez”, dice el CAPISE. La propia junta de buen gobierno del caracol de La Garrucha informó y notificó al juez “exactamente lo contrario”. González Rodríguez también da por buenas las declaraciones de Petrona Gómez Torres (madre de una de las víctimas), siendo que la misma mujer “se presentó en su despacho y lo amenazó para que no llevara a cabo la reconstrucción de hechos”.

En cambio, desestimó las declaraciones de los testigos de descargo, arguyendo que varios de ellos “son familiares de don Alfredo y don Fidelino”, sin considerar que, “literalmente, todos los testigos de cargo son familiares directos de las víctimas”, reclama la defensa.

También se exige a los indígenas indemnizar a los miembros de la Opddic por “daño moral” y “gastos funerarios”. Los sentenciados y la defensa interpusieron recurso de apelación.

Responsabilidad del Estado en “masacre” de Acteal: CCIODH
Víctor Ballinas/La Jornada

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que ayer empezó su sexta visita al país para corroborar la situación de México en la materia, destacó que viene a supervisar las acciones adoptadas en el caso de la matanza de Acteal. “Ahora que se ha abierto el debate y que se hace una revisión de lo ocurrido, nosotros sostenemos que hubo una masacre, y hay responsabilidad gubernamental en esos crímenes”.

En conferencia de prensa, los miembros de la CCIODH anunciaron que mañana viajarán a Chiapas y visitarán Acteal. A diferencia de otras ocasiones, ya tienen programada una entrevista con el gobernador Juan Sabines, con el fiscal y con organizaciones civiles. También visitarán los gobiernos autónomos e insistirán en que “en Acteal no se ha hecho justicia luego de 10 años de los crímenes”.

En conferencia de prensa, Joan Baucells, profesor en derecho penal e integrante de la CCIODH, subrayó: “tenemos evidencia de que los servidores públicos participaron en la matanza; hay responsabilidad en esos homicidios, ya que la policía estaba a 200 metros de distancia y no hizo nada para evitar la masacre. Hay pruebas de la responsabilidad homicida del secretario de Seguridad Pública de aquella época.

“No se trató de un problema comunitario, incluso existen testimonios de militares y paramilitares disidentes que han dicho que recibieron apoyo del gobierno (económico, en uniformes y en capacitación militar), lo que se inscribe en la estrategia estatal de lucha contrainsurgente que se desarrolló en 1994”, sostuvo Baucells.

“Sabemos, como dicen los propios documentos oficiales, que los militares organizaron a civiles para que sirvieran como apoyo para enfrentar a grupos disidentes. A partir de esas evidencias sostenemos que hay impunidad.”

La CCIODH recordó que su integración se debió precisamente “a la indignación y al clamor de justicia que existía en varias partes del mundo porque se hiciera justicia en la masacre de Acteal. Hace 10 años hicimos nuestra primera visita, y hoy venimos en la sexta; queremos que se haga justicia en este caso, así como en Oaxaca y Atenco”.

En la conferencia de prensa de la CCIODH, el padre Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, advirtió: “pamplinas con ese asunto de revisionismo en el caso de Acteal con el que quieren desvirtuar la responsabilidad del Estado. Hubo un crimen de Estado, por lo que es infundado e inaceptable ese revisionismo”.

La matanza de Acteal, insistió el padre Concha, fue perpetrada por grupos paramilitares que todavía no han sido disueltos, como demandó la ONU.

Guerrilla
Lorenzo Meyer/Reforma

La política es comúnmente conflicto de intereses, pugna por acceso a bienes escasos. Lo deseable, por tanto, es que esa lucha tenga límites, pues de lo contrario se transforma en lo que Laura Castellanos recrea en México armado, 1943-1981 (México, Era, 2007): en confrontación desnuda, sin límites.

Aquí y ahora vale la pena reflexionar sobre el tema. Hoy la violencia que ocupa las ocho columnas es básicamente resultado del choque entre las fuerzas del Estado y el crimen organizado, pero no hace mucho el centro de atención fue la violencia de origen político y ésa no puede darse por superada. En efecto, lo ocurrido en Oaxaca en el 2006 es un capítulo aún no cerrado. Además, entre julio y septiembre del año pasado, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) -heredero del PROCUP-PDLP- voló varios gasoductos de Pemex y anunció que seguiría con sus operaciones en tanto el gobierno no presente con vida a dos de sus dirigentes -Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz Sánchez- supuestamente capturados por las autoridades. Finalmente, en Chiapas, sigue movilizado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional -surgido del FLN, creado hace ya casi 40 años.
Indicador

Mucha violencia ha pasado bajo el puente de la historia mexicana desde aquella época inicial en que la ausencia de instituciones propició que las armas tuvieran la última palabra en lo relativo al poder. Sin embargo, y desafortunadamente, esa política de las armas no es historia superada. La persistencia de una oposición política armada en México se ha calificado de anacrónica, contraproducente, ineficaz o simplemente criminal. Sin embargo, y en todo caso, el fenómeno es un indicador de fallas reales en nuestro régimen político.

Historia viva

Tras la conclusión de "la segunda cristiada" a mediados de los 1930, el grueso de la oposición política desechó la posibilidad de volver a enfrentar de manera directa y violenta a un régimen que cada vez se mostraba más sólido. El almazanismo en 1940 y el henriquismo en 1952 casi echaron mano de las armas en respuesta al fraude electoral, pero finalmente sus dirigentes desistieron del empeño. Sin embargo, y aunque marginal, la opción armada no desapareció.

En México armado, Castellanos nos ofrece una historia y una explicación de los movimientos y de los personajes que optaron por enfrentar violentamente al autoritarismo posrevolucionario mexicano. En un epílogo, Alejandro Jiménez Martín del Campo examina el fenómeno hasta el 2006, pero esa historia aún no acaba, desafortunadamente.

No es difícil entender la presencia de guerrillas en épocas en que la institucionalidad era débil o inexistente, como fue el caso durante una buena parte del siglo XIX o en el México posterior al estallido revolucionario de 1910. Lo que ya resulta más complicado de explicar es la persistencia de la guerrilla a partir de los años cuarenta del siglo pasado, justamente la que aborda la obra en cuestión. En efecto, para esa época los dirigentes del país y el mundo externo consideraban al sistema político mexicano como un modelo de estabilidad e institucionalidad, con amplias bases sociales y un proceso de desarrollo económico relativamente exitoso, por lo menos hasta 1982.

La ausencia de democracia

La explicación de la oposición armada que nos presenta México armado, 1943-1981 se vuelve comprensible cuando se admite que el supuesto carácter democrático del régimen no fue tal. El México posrevolucionario fue, en realidad, uno de los autoritarismos más prolongados del siglo XX. Es verdad que el PRI, un gran partido de Estado, generalmente prefirió la cooptación a la represión, pues tenía múltiples canales para recoger las demandas de todos los sectores sociales y también una Presidencia sin contrapesos, que podía actuar y movilizar recursos materiales y políticos a voluntad.

Sin embargo, esa capacidad nunca suplió la ausencia de un Estado de derecho, la imposibilidad, salvo para el Presidente, de llamar a cuentas a los responsables políticos o limitar a los poderes fácticos. El México autoritario combinó una relativa estabilidad y amplia base social con una gran arbitrariedad y corrupción. Es ahí donde se encuentran las raíces y las razones de la guerrilla mexicana moderna, de sus fracasos, éxitos indirectos y también de su persistencia.

Castellanos hizo un notable trabajo de periodismo histórico: se sumergió en las fuentes publicadas disponibles, se puso en contacto con sobrevivientes o personas cercanas a los actores y tomó partido por esas minorías de activistas que en nombre de sus valores políticos, de una ética, se jugaron el todo por el todo frente a una estructura de poder que les rebasaba y con mucho en su capacidad de violencia.
La violencia oficial no tuvo más límites que los que el propio Estado se impuso, pues la Constitución, los tribunales, el Legislativo o los medios de información sirvieron de poco. De todas formas, la autora registra el valor del esfuerzo de una minoría de la sociedad civil por exigir respeto a los derechos humanos. Es ahí donde la figura de la hoy senadora Rosario Ibarra adquiere su grandeza: cuando a una madre se le ve de cara a su contraparte: el complejo político-mediático-represivo del Estado mexicano.

Lo rural y lo urbano

En el origen histórico de esta violencia contemporánea está la guerrilla rural y el sector social más desprotegido: el campesino. En realidad, la acción armada encabezada por Rubén Jaramillo ya había dejado de operar cuando agentes federales y locales de Morelos lo asesinaron a él y a toda su familia en mayo de 1962. Lo que sigue son las guerrillas de Chihuahua en 1965 y luego las de Guerrero, encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que para mediados de los setenta estaban acabadas, o casi, a un enorme costo para quienes les apoyaron o simplemente se encontraron en las regiones que fueron el teatro de operaciones.

Del México campesino, el relato pasa al escenario urbano -Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Culiacán-, teniendo como trasfondo el impacto ideológico de la Revolución Cubana combinado con el clímax del autoritarismo: la represión del movimiento estudiantil de 1968. Aparecen entonces decenas de grupos, desde el Movimiento de Acción Revolucionaria, o "Los Enfermos" de Sinaloa, hasta la Liga Comunista 23 de Septiembre y otras más. Si en el origen están líderes campesinos y profesores rurales, en la lucha urbana sobresalen los jóvenes de clase media y universitarios, aunque no exclusivamente.

Del examen de las guerrillas -sus raíces y razones, sus componentes y sus acciones-, Castellanos pone el acento en la represión: en los métodos de la "guerra sucia" -la tortura, las cárceles clandestinas, las desapariciones-, donde la llamada "Brigada Blanca" es el símbolo de un Estado que no da cuenta a nadie de sus actos cuando de exterminar al enemigo se trata. Si alguien quiere una prueba de la ausencia del Estado de derecho en el México contemporáneo, aquí tiene la más contundente. También está en el relato el otro lado de la moneda: los secuestros y, sobre todo, los "ajusticiamientos" llevados a cabo por la guerrilla, que difícilmente pueden justificarse en nombre de los fines que decía perseguir.

Para finales de los 1980 el régimen casi acabó con quienes le presentaron resistencia armada. Sin embargo, hay que subrayar el casi pues, en 1994, reapareció la guerrilla campesina de manera espectacular en Chiapas -el EZLN- y dos años y medio más tarde el EPR. Y aquí surge una pregunta obligada: ¿la guerrilla actual es una reminiscencia sin sentido o sigue siendo un indicador de la persistencia de fallas profundas a pesar del supuesto cambio de régimen?

A tomar en cuenta

Una de las conclusiones a las que se llega al cerrar el libro de Laura Castellanos es que no hay guerrilla sin un agravio previo. Y que ese agravio tiene que ser de gran magnitud y persistencia, pues sólo así se genera y se explica la enorme apuesta que implica el optar por la política de las armas, pues de entrada se sabe que, dada la naturaleza del adversario, el precio a pagar tiene que ser alto en extremo.

Hace tiempo que las dirigencias política, económica y religiosa del país debieron asumir como propia la historia de la oposición violenta y tomar las medidas para solucionar a fondo sus causas: dar forma a un régimen de legitimidad incuestionable, a un Estado de derecho real y a un compromiso efectivo con la justicia sustantiva y con la solidaridad colectiva. Desafortunadamente, aún estamos lejos de ese punto; es más, ni siquiera pareciera haberse diseñado la ruta para llegar a él.

--oo0oo--