Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 15 de enero de 2008

EZLN

Dos tzeltales, a punto de ser condenados por asesinatos que no cometieron

Hermann Bellinghausen escribe desde Ocosingo, Chiapas, que la justicia chiapaneca tiene una papa caliente esta semana. Podría condenar a dos campesinos tzeltales a 25 años de cárcel por un crimen que no cometieron. La sentencia deberá ser emitida por el juez de Ocosingo este miércoles. Los indígenas son Fidelino Ruiz Hernández, de 73 años, y Alfredo Hernández Pérez, de 48 años, acusados de “homicidio calificado” por miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Están recluidos en el penal de Ocosingo desde 2002. Otra de las acusaciones que pesan sobre ellos es que “son zapatistas”. (La Jornada. Se anexa)

CHIAPAS

Trabajaré codo con codo con Sabines

El presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, inauguraron la primera etapa de la autopista Arriaga-Ocozocoautla, en el tramo Arriaga-Tierra y Libertad, y dieron el banderazo de salida para la construcción de la segunda en el tramo Tierra y Libertad-Ocozocoautla. Calderón Hinojosa reiteró el compromiso de su administración por trabajar por el estado, para superar la adversidad y poner a Chiapas en la ruta del progreso y el desarrollo. Por eso, "estaré aquí en Chiapas trabajando, codo con codo con el Gobernador Juan Sabines y con ustedes para sacar adelante al estado de Chiapas", enfatizó.  En el evento estuvieron presentes el secretario del ramo, Luis Téllez Kuenzler; el secretario de Infraestructura y Vivienda del Gobierno del Estado, Ricardo Alberto Serrano Pino; la Presidenta de la Magistratura estatal, Sonia Simán Morales; el Presidente del Congreso local, Ángel Córdova Toledo, funcionarios federales y estatales así como los alcaldes de las localidades beneficiadas. (Cuarto Poder, Diario de Chiapas)

Exige la OCEZ garantías para dialogar en Chiapas

Elio Henríquez escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) pidió al gobierno estatal que se comprometa por escrito a no ejecutar supuestas órdenes de aprehensión contra algunos de sus integrantes, como condición para reiniciar el diálogo y poner fin al conflicto agrario con la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao) en la comunidad de El Carrizal. En un documento dirigido al gobernador Juan Sabines Guerrero, la agrupación, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), precisó que sus delegados no acudieron a una reunión la semana pasada porque no había condiciones de seguridad. Argumentaron que la amenaza de ser detenidos es “una presión para obligarnos a aceptar los términos de la Orcao y pone en evidencia la parcialidad con que se han conducido las autoridades de justicia”. (La Jornada)

APPO

Exigen miembros de APPO liberar a estudiante

Más de cien miembros del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), una de las organizaciones aglutinadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), marcharon hoy para demandar la libertad de su compañero Pedro Castillo Aragón, preso desde 2002 en la cárcel de Santa María Ixcotel. Castillo Aragón, estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, fue detenido-desaparecido por la policía, y después torturado y acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario, así como de secuestro y tentativa de homicidio, entre otros delitos. El estudiante preso, quien fue visitado en el penal por Marcos en marzo de 2006, está acusado de haber secuestrado al nieto del dirigente priísta Gonzalo Rodríguez, junto con el ex dirigente magisterial Rafael Rodríguez Enríquez y la indígena de San Agustín Loxicha Isabel Matías Almaraz, expresó Torres. (La Jornada)

IGLESIA

El Presidente debe repactar el TLCAN, insisten obispos

El riesgo real de un mayor empobrecimiento en el campo, la migración y la “tentación” de participar en cultivos ilícitos son posibles consecuencias del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), advirtió la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, y pidió al gobierno federal renegociar ese acuerdo. En conferencia de prensa, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi, recordó que en 1994 hubo un estallido social en Chiapas en el momento en que entró en vigor el TLCAN, y aunque “no se ve uno como el de ese año, los campesinos están muy afectados y pobres, porque no tienen alternativas”. (La Jornada)

Diputados piden extrañamiento contra el obispo Samuel Ruiz

Legisladores hidalguenses del PRI y del PAN exigirán a la Subsecretaria de Asuntos Indígenas del Gobierno Federal en Pachuca,  un memorando de extrañamiento contra el obispo católico Samuel Ruiz, quien arengó a oponerse a la construcción de un centro de confinamiento de residuos industriales en la cabecera municipal de Zimapán, Hidalgo. Durante sesión ordinaria de la diputación permanente fue hecho el planteamiento por los legisladores Guadalupe Rodríguez e Irma Beatriz Chávez Ríos, representantes del tricolor y blanquiazul respectivamente quienes calificaron de “intromisión” la presencia del jerarca católico. (Crónica)

ASUNTOS INDÍGENAS

Desde ayer, el gobierno federal reconoce 364 lenguas nacionales

De acuerdo con el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), que dio como resultado el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales; en nuestro país “se registran 364 variantes lingüísticas”, mismas que son reconocidas a partir de este lunes, por el Gobierno Federal, como “lenguas nacionales”. Dicho número de variantes, las cuales se sustentan en 68 agrupaciones de lenguas, integradas en 11 familias lingüísticas, deberán ser tratadas, como marca la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas: como lenguas en los espacios educativos, de salud, de servicios, de impartición de justicia, así como en la realización de trámites y requerimientos de información pública.
El director del Inali, Fernando Nava López, aseguró que México está entre los 10 países con mayor diversidad lingüística, y que una lengua se mantiene viva principalmente por su transmisión oral, “si no pasaría como el latín y el griego clásicos, que existen muchos estudios, pero ya nadie los habla”. (La Jornada, Milenio)

Cancún concentra 80 por ciento de las lenguas indígenas del país

Sólo superado por el Distrito Federal, Cancún concentra 80 por ciento de las 63 lenguas indígenas reconocidas oficialmente en el país, aunque las condiciones en las que viven los grupos étnicos que las hablan los ubican entre los sectores más desprotegidos, afirmó Francisco Rosado May, rector de la Universidad Intercultural Maya del municipio de José María Morelos. Manifestó que desde hace tres o cuatro años Cancún desplazó a Acapulco como la ciudad que concentra la mayor diversidad de lenguas indígenas, excluyendo al Distrito Federal, debido a que es un enorme imán que atrae a indígenas de gran parte del país, sobre todo de Chiapas y Yucatán. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

2008: desafíos del movimiento social

Magdalena Gómez escribe en su artículo que “hoy día se perfilan escenarios de regresión y persecución contra toda expresión de disidencia individual u organizada independientemente de la vía que se elija. En sólo dos semanas de este nuevo año podemos observar una agenda cargada que va desde el aniversario número 14 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que percibe una embestida orquestada desde tierras chiapanecas y al mismo tiempo se prepara para enfrentarla y avanzar además en su propuesta anticapitalista. Por cierto, no parece ajeno a ello el hostigamiento a Herman Bellinghausen, cronista privilegiado de dicho movimiento. Son muchos y muy variados los frentes que están abiertos. Hay disposición para resistir, pero también zonas frágiles que son explotadas con las prácticas priístas más tradicionales de las cuales el PAN resultó un alumno aplicado.” (La Jornada)

TEXTOS

Dos tzeltales, a punto de ser condenados por asesinatos que no cometieron
Hermann Bellinghausen/La Jornada

Ocosingo, Chis., 14 de enero. La justicia chiapaneca tiene una papa caliente esta semana. Podría condenar a dos campesinos tzeltales a 25 años de cárcel por un crimen que no cometieron. La sentencia deberá ser emitida por el juez de Ocosingo este miércoles. Los indígenas son Fidelino Ruiz Hernández, de 73 años, y Alfredo Hernández Pérez, de 48 años, acusados de “homicidio calificado” por miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Están recluidos en el penal de Ocosingo desde 2002. Otra de las acusaciones que pesan sobre ellos es que “son zapatistas”.

Tras casi cinco años de cárcel (los que ha llevado el proceso, lleno de trabas, triquiñuelas y acciones amenazantes por parte de los acusadores, también familiares de los occisos), nadie ha podido probar que Fidelino y Alfredo son los asesinos. Ni siquiera que se hayan encontrado en el lugar de los hechos.

En su reporte sobre el caso, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) relata que en febrero de 2002, en la ranchería Banavil, municipio oficial de Ocosingo, murieron en condiciones violentas José Orlando y José López.

Se acusó del crimen a Fidelino y Alfredo, señalados también de “zapatistas” (como si serlo fuera delito). Dos supuestos “testigos presenciales” podrían ser los responsables de los homicidios.

Juan Lorenzo Silvano, agente auxiliar de Banavil y dirigente regional de Opddic, fue quien levantó los cuerpos y solicitó la prueba de rodizonato de sodio para las víctimas.

“Extrañamente, no solicitó la misma prueba para Fidelino y Alfredo, ni para los supuestos testigos presenciales (legalmente testigos de cargo). Una de las victimas dio positivo en la prueba balística”, reporta el CAPISE.

Todos son familiares

Los testigos de cargo presenciales y no presenciales, así como el agente auxiliar y las víctimas, todos, son sus familiares directos. El expediente ilustra una y otra vez contradicciones.

Todos son miembros de Opddic. La autopsia de ley no se efectuó debido a que tras los hechos, estos familiares se presentaron en la morgue e impidieron por la fuerza que el patólogo la realizara.

Así quedó asentado en el dictamen médico del expediente. No hubo necropsia, no se acreditó el delito y, por tanto, no se acreditó responsabilidad, señala el CAPISE.

Abundan las contradicciones de los testigos. “Por ejemplo, Isaías Lorenzo López, principal testigo de cargo, un día declara que él y dos personas más fueron testigos presenciales de los hechos, otro día dice que sólo él”. Los indicios reales apuntan a que la muerte de Orlando y López se debió a una riña entre ellos, involucrando a los hoy testigos, donde los acusados no tuvieron nada que ver, mas se “fabricó” su culpabilidad.

José Orlando dio positivo a la prueba balística, pues él habría asesinado a José López. Y los familiares de éste habrían ultimado a Orlando.

En Banavil, los de Opddic, involucrados en los asesinatos, sellaron un pacto para encubrirse mutuamente y desviaron la responsabilidad hacia personas inocentes. Por cierto, Orlando trabajaba para López, y existía allí un conflicto de tierras, y José López ya debía un asesinato previo que nunca pagó. Los “testigos” son el agente Lorenzo Silvano, el mencionado Isaías Lorenzo y Salomón López Méndez. Cabe apuntar que los otros agentes auxiliares de Banavil, amedrentados, ya no quieren testificar.

CAPISE añade: “hace año y medio aproximadamente, Alfredo y Fidelino fueron sentenciados por homicidio calificado a 25 años de cárcel cada uno. Se presentó una apelación contra la sentencia, y meses después el Tribunal Supremo de Justicia del Estado (TSJE), sala regional colegiada mixta, zona 3, ordenó la reposición del caso retornando el expediente 025/2002 al juzgado de Ocosingo.

“En una revisión meticulosa del juicio, y con suficientes elementos tipificados en el Código Penal Estatal y el Código de Procedimientos Penales, sostenemos que Ruiz Hernández y Hernández Pérez deberían ser absueltos, y además nunca debieron haber sido detenidos.”

Al ordenar la reposición del caso, el TSJE confirma las inconsistencias del mismo. Según CAPISE, “la Fiscalía General del Estado debió desistirse de la acción penal contra don Alfredo y don Fidelino, ordenando su liberación inmediata”. Este miércoles, el juez mixto de primera instancia en Ocosingo emitirá nueva sentencia.

Ante ello, CAPISE solicita a la sociedad civil y a las organizaciones nacionales e internacionales civiles, sociales y de derechos humanos enviar una “acción urgente” al gobierno chiapaneco sobre el caso y estar pendientes del resolutivo del juez mixto de primera instancia para el caso de Alfredo Hernández Pérez y Fidelino Ruiz Hernández, “presos injustamente, acusados por quienes, se presume por la revisión minuciosa del expediente, cometieron el delito”.

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