Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 14 de enero de 2008

EZLN

Deciden pro zapatistas acceder al abasto de agua en San Cristóbal

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que pobladores de la colonia popular 5 de Marzo determinaron reinstalar el servicio de agua suspendido por las autoridades a las familias en resistencia, indígenas bases de apoyo del EZLN o adherentes a La otra campaña. La Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, de Oventic, respaldó esa acción en la que participaron colonos y miembros de la Sexta Jovel. (La Jornada. Se anexa)

Piratean tomas de agua

Unas 80 familias simpatizantes del EZLN de la Colonia 5 de Marzo, en Teopisca, San Cristóbal de las Casas, instalaron tomas de agua potable por su propia cuenta en sus domicilios, porque colonos que sí pagan el servicio les impidieron tomar el líquido de los hidrantes del SAPAM (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal). Los trabajos de introducción de mangueras de dos pulgadas de diámetro lo realizaron los simpatizantes zapatistas con el apoyo de otros de sus compañeros que llegaron de Oventic desde las 7 de la mañana del pasado sábado. Con picos y palas, mujeres, niños y hombres laboraron durante todo el sábado en las avenidas y calles de la colonia ante la mirada de los demás habitantes que sí están al corriente en sus pagos. Por la tarde, cuando la mayoría de las tomas ya estaban instaladas, había molestia y tensión entre un buen sector de la población que no coinciden con la ideología del otro grupo. Los zapatistas se negaron a proporcionar entrevistas pero entregaron un comunicado escrito en donde dan a conocer su postura. Cabe señalar que esta colonia que se localiza en la parte sur de San Cristóbal, empezó a establecerse a partir del surgimiento del EZLN, el primero de enero de 1994; fueron personas de diferentes lenguas de la Región Altos, pero después empezaron a llegar más familias para establecerse. (Cuarto Poder)

CHIAPAS

Temen que el Ejército retome Amador Hernández

Elio Henríquez escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas que pueblos, comunidades, rancherías y organizaciones sociales de la zona afirmaron que circulan “rumores” de que el Ejército Mexicano pretende ocupar, como en 1998, tierras en el ejido Amador Hernández, municipio de Ocosingo. (La Jornada. Se anexa)

GRUPOS ARMADOS

Aparecen nuevos grupos armados

El conflicto en Oaxaca, la desaparición de dos presuntos eperristas, el clima generado después de las elecciones presidenciales y las explosiones en Pemex desataron la creación de nuevos grupos armados.
Tal es el caso de las Fuerzas Armadas del Sur (FAS) y del Movimiento Insurgente 2 de Octubre, el cual fue dado a conocer por Milenio. Ninguno de los dos ha utilizado las vías tradicionales de los grupos clandestinos. Ninguno ha enviado información al Centro de Documentación de los Movimientos Armados ni ha enviado comunicados. El Movimiento Insurgente 2 de Octubre se dio a conocer a una organización no gubernamental, el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos AC, en el Estado de México, en octubre pasado, y se asumió como una escisión del Ejército Popular Revolucionario. Este grupo aseguró que se separó del EPR hace año y medio por diferencias de metodología. De acuerdo con la nota publicada, este grupo hace reclutamientos principalmente entre jóvenes de universidades con amplios conocimientos cibernéticos. Por su parte, las FAS se han dado a conocer a través de comentarios dejados en la página web www.kaosenlared.net, de España. (Milenio)

ASUNTOS INDÍGENAS

Exoneran a indígenas

Recluidos por delitos federales en diferentes penales del país, indígenas implicados en 69 casos obtuvieron su libertad durante 2007 por alcanzar el beneficio de ley debido a su edad, estado de salud y otro factor. En un comunicado, la PGR informó que el año pasado dio respaldo legal a mil 397 indígenas relacionados en delitos federales, dentro de una estrategia que busca que sus derechos y cultura sean respetados durante los procesos penales. (Reforma)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

El calendario chiapaneco

Carlos Fazio escribe en su artículo: “en diciembre pasado, el Subcomandante Marcos del EZLN advirtió que en medio de un ensordecedor silencio se acercaba en Chiapas una nueva fase del conflicto armado…” (La Jornada. Se anexa)

Exigen investigación por amenazas a Herman Bellinghausen

En El Correo Ilustrado, Miguel Ángel García A., coordinador general, y Luis Miguel Robles Gil, coordinador de comunicación de Maderas del Pueblo del Sureste, AC  informan: “Lic. Felipe Calderón, Presidente de la República; Lic. Juan Sabines, gobernador de Chiapas, Presentes: Como integrantes de la sociedad civil organizada, queremos manifestarles nuestra preocupación e indignación por las acciones de intimidación y espionaje de que está siendo objeto el periodista y compañero Herman Bellinghausen. Acciones de este tipo en Chiapas, ejercidas contra activistas, defensores(a) de derechos humanos y periodistas, comprometidos (as) con las luchas indígenas por la defensa y reivindicación de sus derechos, han sido frecuentes a partir de 2005. Exigimos el cese inmediato de todo acto de intimidación, amenazas y espionaje, ejercidos directa o encubiertamente desde los círculos del poder público, y que en este caso concreto se investigue a los responsables y se hagan públicos los resultados de dichas investigaciones.” (La Jornada)

TEXTOS

Deciden pro zapatistas acceder al abasto de agua en San Cristóbal
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pobladores de la colonia popular 5 de Marzo en esta ciudad determinaron este sábado reinstalar el servicio de agua suspendido por las autoridades a las familias en resistencia, indígenas bases de apoyo del EZLN o adherentes a la otra campaña. La junta de buen gobierno (JBG) Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, de Oventic, respaldó esa acción en San Cristóbal de las Casas, en la que participaron colonos y miembros de la Sexta Jovel.

La colonia 5 de Marzo nace a partir del levantamiento del EZLN el 1º de enero de 1994, “cuando un grupo de personas se armaron de valor y tomaron ese predio”. Unas 16 familias, de lenguas tzotzil, tzeltal, chol y zoque, “se establecieron primeramente, pero después empezaron a llegar más. Ahora la colonia está habitada por 451 familias”, relata la JBG.

“Actualmente en esta colonia se presenta el problema de agua, porque las familias afiliadas a los partidos políticos exigen el pago a los compañeros bases de apoyo, a los adherentes y a la sociedad civil, que están en resistencia por los pagos de agua y luz. Ahora varias familias de compañeros nuestros están sufriendo por la falta del líquido y hay amenazas de cierre total de los hidrantes públicos donde toman agua los compañeros. Con las llaves enmalladas ya no tendrán acceso al agua.”

El cierre de hidrantes imposibilita el acceso a varias de las primeras familias en establecerse y fundar esa población, “y ahora son los que no tienen derecho, porque los que llegaron más después quieren imponer su voluntad sobre la mayoría”. La mesa directiva y los patronatos del agua potable del barrio “convocan reuniones para motivar el pago del servicio de la colonia, sabiendo de antemano que nuestros compañeros no están de acuerdo porque están en resistencia”.

La junta recuerda: “La nación y el mundo saben que los zapatistas y todas las personas que entran en resistencia civil tienen sus razones de no pagar los servicios, porque no están recibiendo los apoyos económicos y sociales que da el mal gobierno. En cambio, los que piden y reciben todo tipo de apoyo del gobierno, tienen la obligación de pagar si quieren, pero no deben obligar a los que están en resistencia y tienen derecho al agua y la energía eléctrica como ciudadanos mexicanos y sobre todo como seres humanos”. La JBG lamenta: “Los hermanos priístas se ve que no les importa, toman acuerdo aunque sea con la minoría de los presentes en sus asambleas. Esta insistencia del pago es para provocar problemas”.

Para “ver y analizar el problema”, la JBG mandó tres invitaciones a la mesa directiva de la colonia y ésta no se presentó. “Se ve claramente que no tienen voluntad para resolver el problema”, añade la junta y recapitula: el 12 de enero de 2007, el SAPAM gira un oficio del ingeniero Juan José Rodrigo Espoo, dirigido a Manuel Hernández Gómez, presidente del patronato del agua potable de la colonia, “donde le exigen el adeudo, porque de lo contrario será suspendido el abasto de agua potable. El 13 de octubre empezaron a enmallar los primeros hidrantes de la colonia”.

El 24 de noviembre, en una reunión del grupo oficialista con la mesa directiva, exigieron que se enmallaran todos los hidrantes, “para que no agarren agua de ahí los compañeros”. El día 25 desviaron el servicio de agua de siete familias de la sociedad civil y una de bases zapatistas. El 11 de diciembre, los oficialistas enmallaron otro hidrante y suspendieron el abasto de agua a cinco familias más, dos zapatistas y tres de sociedad civil. El 15 de diciembre “cambiaron de lugar otro hidrante para no dejar agarrar el agua a otras 10 familias”. El día 30 pusieron candado a otro hidrante y afectaron cuatro familias más.

La JBG denuncia que del 12 de enero al 30 de diciembre de 2007 quedaron sin agua 26 familias. “El cierre de hidrantes no ha terminado, se ve que van a seguir.” El motivo de estos hechos es que la sociedad civil, los adherentes de la otra campaña y las bases de apoyo zapatista están en resistencia y contra la política del mal gobierno”.

Ante la negativa de la directiva para resolver el asunto, “los compañeros tienen derecho a resolver sus problemas como consideran justo por el bien de sus integrantes”. La JBG declara que no puede oponerse a la decisión de los afectados. Advierte sólo que “de cualquier acontecimiento, amenaza o agresión contra nuestros compañeros y compañeras, responsabilizamos directamente a la directiva y a las autoridades municipales, estatales y federales”. Firman por la junta zapatista: Lucas Pérez Gómez, Rosalinda Gómez López, Carlos Díaz Pérez y Javier Pérez Santiz.

Temen que el Ejército retome Amador Hernández
Elio Henríquez/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Pueblos, comunidades, rancherías y organizaciones sociales de la zona afirmaron que circulan “rumores” de que el Ejército Mexicano pretende ocupar, como en 1998, tierras en el ejido Amador Hernández, municipio de Ocosingo.

En un documento elaborado al término de una reunión que sostuvieron en ese ejido, representantes ciudadanos aseguraron que con la incursión militar se pretende “controlar a toda la región y a nuestra comunidad, que es la entrada oriente” a la reserva de la biosfera de Montes Azules.
“El pretexto concreto del que se agarra (el Ejército) es que el 27 de diciembre pasado aterrizó de emergencia en la pista aérea de nuestro poblado una avioneta, que momentos después volvió a despegar sin haber bajado sus ocupantes ni carga alguna, advirtiendo el Ejército al pueblo de Amador: ‘aquí la avioneta dejó un cargamento de droga, vamos a instalarnos’”.

Explicaron que los campesinos de la región, “como pobres y sin servicios de comunicación, nos vemos obligados a utilizar servicios de avionetas privadas para sacar nuestras cosechas, nuestros enfermos de emergencia y traer de Ocosingo y Comitán artículos de primera necesidad que no producimos, por eso exigimos al gobierno que respete la autorización de ese servicio”, al tiempo que se deslindaron “de cualquier actividad ilícita de la empresa de los aerotaxis o sus pilotos pudieran llevar a cabo”.

El puesto militar ubicado en Amador Hernández fue una de las posiciones que reitiró el Ejército Mexicano a finales de 2000, cuando Vicente Fox tomó posesión como presidente.

Los firmantes del documento denunciaron que algunos de los asistentes al encuentro, que por motivo de trabajo debieron salir en avioneta de Amador Hernández hacia la base de San Quintín antes de que acabara la reunión, para de ahí regresar por carretera a Ocosingo, reportaron que al descender en la pista civil fueron “hostigados por varios militares”.

Los más de 600 participantes en la reunión ciudadana consideraron que el gobierno busca “despojarnos de nuestro territorio, con pretexto de que le hacemos destrucción ecológica”.

Expresaron su “total rechazo” a la expropiación de 14 mil 96 hectáreas decretada por el gobierno federal en la selva Lacandona durante mayo pasado.

Aseguraron que para concretar la expropiación, las autoridades “han venido utilizando muchas estrategias, como desalojos policiacos, las reubicaciones forzadas, las indemnizaciones tramposas, las masacres como la de Viejo Velasco, la paramilitarización y más reciente el decreto expropiatorio de tierras ejidales que nos quita 14 mil 96 hectáreas de montaña a más de 20 ejidos, y en algunos casos se lleva toda la tierra como pasó al ejido La Soledad y a su ampliación.

“Los pueblos, comunidades, rancherías y sus organizaciones sociales, que nos estamos reorganizando desde nuestras raíces, memoria y espíritu de lucha, para defender, manejar y conservar comunitariamente nuestro territorio donde también tiene sus recursos naturales nuestra nación que es el pueblo de México, declaramos nuestro rechazo total” a tal expropiación, subrayaron.

El calendario chiapaneco
Carlos Fazio/La Jornada

En diciembre pasado, en “Sentir el rojo. El calendario y la geografía de la guerra”, el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional advirtió que en medio de un ensordecedor silencio se acercaba en Chiapas una nueva fase del conflicto armado. La militarización del país bajo el régimen de Felipe Calderón alcanza en Chiapas su máxima expresión, ya que allí se concentran de manera combinada las distintas expresiones de las fuerzas coercitivas del Estado mexicano: Ejército, Marina y las diversas policías, a lo que se suma ahora la reactivación de antiguas estructuras paramilitares y la presencia in situ de elementos de los “cuerpos de paz” estadunidenses.

En el contexto de un esquema de guerra contrainsurgente que será reforzado cuando el Congreso de Estados Unidos apruebe la “ayuda” militar para la puesta en práctica de la llamada Iniciativa Mérida, tal concentración de poder ofensivo podría hacer de ese estado del sureste mexicano el nuevo laboratorio para experimentar el proyecto de “seguridad democrática” del calderonismo. Remedo del Plan Colombia, el proyecto del Pentágono para México tiene en Álvaro Uribe y su gobierno el modelo a seguir. Cabe recordar que en tiempos de campaña, Calderón, al igual que Uribe, se presentó como el candidato de la “mano dura”, y que desde el primer segundo de su tramposa imposición en Los Pinos, el primero de diciembre de 2006, se rodeó de militares y esgrimió un discurso belicista.

Encubierta por el bombardeo mediático que acompañó la liberación de Clara Rojas y Consuelo González –la otra guerra detrás de la guerra: la de la propaganda–, la “fórmula Uribe”, adoptada por Calderón bajo presión de Washington, encierra algunas aristas irrebatibles, que se presentan como objetivos a alcanzar por el mexicano.

Para empezar, mediante la violencia y el terror, y un uso maniqueo de la propaganda que anteponía a los “violentos subversivos” con su contraparte “salvadora”, las instituciones armadas, Uribe logró durante su primer mandato una unanimidad peligrosa, con eje en el mercadeo de imagen y la guerra sicológica, que reforzó el culto al jefe del Ejecutivo y el poder presidencial, y provocó el debilitamiento progresivo de los poderes Legislativo y Judicial, mientras por un carril paralelo se potenciaba a la fuerza militar.

Apoyado en el estado de conmoción interna, una medida constitucional de carácter excepcional que recortó las garantías civiles y políticas, Uribe construyó un régimen de seguridad permanente, con base en un estatuto antiterrorista que lo proveyó de las herramientas jurídicas y operativas para la guerra contrainsurgente, salvaguardando, de paso, la impunidad de las fuerzas armadas.

Como se ha venido proyectando en México desde finales del foxismo con las represiones violentas en Atenco y Oaxaca, la lógica que permea la política de “seguridad democrática” de Uribe –bendecida en 2002 por el cardenal primado de Colombia, Pedro Rubiano, entonces presidente de la Conferencia del Episcopado católico–, tiene sustento en la vieja doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense, que identifica al “enemigo interno” y empata ciento por ciento con la “guerra al terrorismo” de la administración Bush.

El símil con el calderonismo es ineludible al repasar que en sus primeros años de gobierno, Uribe obtuvo del Senado colombiano una reforma constitucional que permitió a las fuerzas militares hacer arrestos y allanamientos, así como interceptar comunicaciones y correspondencia sin orden judicial. A su vez, como una copia al carbón de la Ley Patriótica estadunidense, el estatuto antiterrorista impuesto por Uribe estuvo dirigido a la construcción de una superestructura estatal de neto corte autoritario que llevó a una militarización larvada de la sociedad.

Asimismo, bajo la cobertura del Plan Colombia y con fondos millonarios de la Defensa y del Congreso en Washington, el Pentágono y la comunidad de inteligencia llevaron a cabo un proceso de reingeniería militar en las fuerzas armadas locales, que comprendió la formación, bajo asesoría estadunidense y de empresas de “contratistas” privados (mercenarios), de nuevos batallones contrainsurgentes de elite en zonas bajo control de la guerrilla o de importancia geoeconómica prevista para el desarrollo de megaproyectos de capital multinacional (explotación petrolera, hidroeléctricas, agroindustrias, canal interoceánico); la restructuración del estamento castrense en áreas de planeación, logística, entrenamiento, doctrina, estrategia, inteligencia, reclutamiento y técnicas de interrogatorio; el suministro de quipos militares, armamento, helicópteros, aparatos e infraestructura de aviación para apoyar vuelos de naves espías y de combate, provistas de radares aire a aire y de modernos equipos de comunicaciones y sistema de imagen infrarroja para operaciones nocturnas, así como el emplazamiento de una red de radares en tierra –cuyo control comparte Estados Unidos en tiempo real–, diseminados por todo el territorio colombiano. Además, afín a esa lógica belicista y bajo asesoría de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Uribe ha venido intentando la reconversión o “normalización” de una vieja herramienta del terrorismo de Estado: los grupos paramilitares creados por el ejército y agrupados luego en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Es en el espejo de la tan publicitada, en estos días, “seguridad democrática” de Uribe, que hay que mirar el proceso chiapaneco, incluidos el marcado incremento en la actividad de las 56 bases militares permanentes del Estado mexicano y la nueva fase de paramilitarización del conflicto, en el contexto de una lucha hasta ahora encubierta por el territorio bajo control de las autonomías zapatistas, que necesita ser “liberado” o recuperado para someterlo a la lógica del mercado.

Bajo la sombra de Washington, Calderón y la Iniciativa Mérida son a México lo que Uribe y el Plan Colombia representan para el país sudamericano.

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