Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 28 de agosto de 2008

EZLN

Denuncian zapatistas que el Procede propicia invasiones en los Altos

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que el consejo municipal autónomo de Magdalena de la Paz y La junta de buen gobierno (JBG) Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, de la zona Altos de Chiapas, denunciaron que comuneros de Santa Martha (municipio de Chenalhó) pretenden ocupar 30 hectáreas pertenecientes a familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y priístas, cobijados por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). (La Jornada, Expreso Chiapas. Se anexa)

Convocan a reactivar las protestas en todos los penales de la entidad

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que ante la llegada a Chiapas este jueves este día de una comisión especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para visitar los penales de Chiapas, un numeroso grupo de presos de distintas organizaciones políticas llamaron a manifestarse en los penales de la entidad. Demandan “la revisión de todos los expedientes de los presos en Chiapas, ya que la magistratura que dirige Sonia Simán y el ministro de Justicia Amador Rodríguez Lozano, en meses pasados revisaron los expedientes de los presos que pudieron pagar, violentando así la Constitución y nuestros derechos de igualdad”. Firman el llamado de la organización Justicia en Chiapas: la Voz de Amate, MOCRI-CNPA-MN, “bases de apoyo del EZLN” y Antorcha Campesina. (La Jornada)

GRUPOS ARMADOS

Descalifica el EPR acuerdos del CNSP

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) aseguró que los acuerdos a los que llegó el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en su más reciente sesión, no combaten el crimen de fondo y sólo son “un espaldarazo” a Felipe Calderón, por lo que los 75 acuerdos suscritos en el cónclave sólo promueven la violación a los derechos humanos. La organización insurgente señaló que quienes suscribieron el acuerdo de seguridad “son los representantes de la oligarquía autodenominada sociedad civil, cuyo único fin es autoprotegerse, pues no representan al pueblo sino a lo más pudiente de la sociedad”. En un comunicado hecho público ayer, el EPR aseguró que el desborde de la criminalidad es auspiciada desde el Estado y que ésta no se resolverá con medidas policiacas, sino con el combate a la pobreza. (La Jornada)

La marcha busca mantener al Ejército en las calles, dice el EPR

El EPR consideró que la marcha convocada por la organización Iluminemos México para este sábado legitimará el empleo de la fuerza contrainsurgente. “La ultraderecha y el yunquismo se han montado en la dirección de esta marcha para imponer que se siga haciendo uso de las medidas pro fascistas y avalar el comportamiento de las fuerzas represivas”, sostuvo.“También esperamos que este 30 de agosto... los que van a iluminar a México también exijan la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos, (como Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez) no hacerlo es contradecir su discurso contra la impunidad.” (Milenio)

CHIAPAS

Se levantan sin decir acuerdos: Mocri

Militantes del MOCRI acordaron con representantes del Gobierno del Estado en Chiapas liberar a ocho funcionarios estatales y a casi 90 empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Tecpatán. Aunque no dieron a conocer los puntos sustantivos del acuerdo firmado, los pobladores de la zona se muestran conformes con la determinación. Militantes del MOCRI, encabezados por Francisco Jiménez Pablo, quien resurgió luego de permanecer encarcelado varios años, protestaron por espacio de dos días en demanda de pagos indemnizatorios por supuestos daños provocados por la inundación ocasionada en la zona denominada "Altos Grijalva". Los mocristas, cuya militancia se encuentra en los campamentos construidos por el Gobierno del Estado, "retuvieron" a funcionarios del Gobierno del Estado, entre ellos a Alfredo Chan Chin, director de Administración de Emergencia de Protección Civil como última acción de sus presiones. Los manifestantes bloquearon las entradas y salidas de las comunidades de Malpaso y "Rómulo Calzada" del municipio de Tecpatán. Sin embargo, cedieron al saber que iban a ser detenidos por la Policía Estatal Preventiva y eso permitió la liberación de los servidores públicos. (Cuarto Poder)

Balean a integrantes de la OPEZ en Chiapas

Tres integrantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) fueron baleados con fusiles AR-15 la noche del martes, cuando circulaban por la carretera Panamericana, cerca del municipio de Comitán, Chiapas. Una versión indica que un comando se enfrentó con los ocupantes de otro vehículo y los campesinos Flor Escobar Pérez, José Aguilar Hernández y Saraín Rodríguez Roblero resultaron heridos “accidentalmente”. Otra fuente indicó que los sicarios perseguían a los integrantes de la OPEZ y que la camioneta en que éstos viajaban recibió 37 disparos. Los campesinos provenían del municipio de Frontera Comalapa. (La Jornada, Cuarto Poder)

Piden aprobación del registro de la Universidad Indígena

Estudiantes de la Universidad Indígena del municipio de Rayón (UICh) se apostaron en la Plaza Central de Tuxtla para pedir la aprobación del registro de esta institución educativa, el cual ha permanecido a la espera desde el 2005, cuando fueron rezagados por Pablo Salazar Mendiguchía. Benjamín Cocom Cantú, coordinador general de esta Universidad, acompañado por un grupo de estudiantes de la UICh, comentó que se ha dado cumplimiento a todos los requerimientos de las autoridades de educación, sin embargo, no se ha recibido una respuesta oficial como marca la ley de los programas entregados. (Cuarto Poder)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

La mediación

Carlos Montemayor escribe en la segunda y última parte de su artículo que “en la entrega anterior expliqué la confusión que algunos sectores políticos, militares o policiales del gobierno federal pueden tener sobre la Comisión de Mediación, debido a los múltiples intentos gubernamentales por establecer canales de comunicación con el EPR. Aquí sólo me referiré a ciertas acciones militares y policiales que podrían arrojar indicios sobre el estado de los dos eperristas desaparecidos. (La Jornada. Se anexa)

TEXTOS

Denuncian zapatistas que el Procede propicia invasiones en los Altos
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El consejo municipal autónomo de Magdalena de la Paz y la junta de buen gobierno (JBG) Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, de la zona Altos de Chiapas, denunciaron que comuneros de Santa Martha (municipio de Chenalhó) pretenden ocupar 30 hectáreas pertenecientes a familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y priístas, cobijados por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), “im- puesto” por el gobierno federal con la entera complacencia del estatal. Se trata de un conflicto más creado por acciones oficiales en perjuicio de la convivencia entre los pueblos.

Las autoridades del municipio rebelde, ubicado entre San Andrés Sakamch’en de los Pobres y Chenalhó, recuerdan que el pasado 23 de abril unos 25 comuneros de Santa Martha entraron a trabajar un terreno de familias zapatistas, y luego sembraron maíz. “Hasta ahora sigue invadido, su estrategia es entrar a limpiar la milpa por las tardes para que nadie se dé cuenta, porque saben que están cometiendo un delito grave ante los propietarios y las autoridades”.

El 29 de junio, los invasores se reunieron en Santa Martha y en el paraje Saclum “para acordar invadir y repartir las 30 hectáreas que se creen con derecho, ya que con la imposición del Procede se hicieron nuevos planos definitivos de los bienes comunales del municipio de Aldama (y el municipio autónomo Magdalena de la Paz), que son colindantes”. Con ello “resultó un conflicto entre estos dos pueblos indígenas por 30 hectáreas que ancestralmente han poseído los hermanos de Aldama y que ahora, según los nuevos planos del Procede, quedaron dentro del perímetro de Santa Martha. Pero ese día no se llevó a cabo la invasión”.

El comunicado zapatista apunta: “Hemos escuchado comentarios de los mismos comuneros de Santa Martha junto con sus comisariados de bienes comunales y autoridades municipales oficiales que para el 16 de septiembre sí van a entrar a invadir las 30 hectáreas; dicen que a los que viven ahí los van a correr y van a repartir los cafetales”.

Las autoridades autónomas aseveran que esas 30 hectáreas “han pertenecido ancestralmente a 115 hermanos de Aldama, de los cuales 30 familias son bases de apoyo del EZLN y 85 son priístas. Como pueblos indígenas conocemos perfectamente dónde se encuentran nuestros límites territoriales. Queremos aclarar que este problema es culpa del mal gobierno, porque mediante la Procuraduría Agraria lo ha originado y no ha respetado nuestros acuerdos como pueblo indígena, ya que entre estos dos pueblos hay acuerdos firmados desde 1977 y se renovaron en 1995; estos acuerdos son los que valen y se mantienen definitivamente porque no se pueden traicionar nuestras palabras en que nos hemos comprometido”.

Las bases zapatistas reafirman que “no aceptan ni aceptarán ninguna de las condiciones que imponen los de Santa Martha, porque no tienen ese derecho ni la razón, pues la tierra no se vende ni se negocia sino se defiende cuando sabemos que es de nosotros; según las ley ‘caxlana’ a los 5 años obtienen derecho de posesión, pero nuestros compañeros y compañeras tienen derecho de posesión hace cientos de años y en la actualidad viven varias familias en el lugar”.

El consejo autónomo y la JBG respaldan “hasta las últimas consecuencias” a sus compañeros “afectados por este acto del mal gobierno”. Exigen “el retiro inmediato de los invasores de Santa Martha que ahí están trabajando ilegalmente, y el respeto y cumplimiento a los acuerdos firmados desde hace más de 30 años por estos dos pueblos”. Por lo demás, hacen responsable “al mal gobierno de los hechos que pueda suceder en estas tierras”.

La mediación
Carlos Montemayor/II y última/La Jornada

En la entrega anterior expliqué la confusión que algunos sectores políticos, militares o policiales del gobierno federal pueden tener sobre la Comisión de Mediación, debido a los múltiples intentos gubernamentales por establecer canales de comunicación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Aquí sólo me referiré a ciertas acciones militares y policiales que podrían arrojar indicios sobre el estado de los dos eperristas desaparecidos.

Ante la negativa de los representantes gubernamentales a considerar los documentos entregados el día 13 de junio como planteamientos que el gobierno federal debía contestar y aclarar, y ante la certidumbre de que el gobierno mexicano contaba con información que no ponía en conocimiento de la mesa, la Comisión de Mediación intensificó sus propias tareas de consulta con organizaciones, instituciones y familiares de los eperristas desaparecidos. El 7 de julio pasado se reunió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y recibió una información muy útil y amplia sobre las numerosas acciones que ésta ha emprendido en torno a la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El 16 de julio un grupo de trabajo de la Comisión de Mediación viajó a Oaxaca para realizar diversas entrevistas con los familiares de los desaparecidos, organizaciones sociales y civiles, servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del estado y figuras individuales que años antes habían sido detenidas y desaparecidas, y por cuyo testimonio la Comisión de Mediación pudo entender una parte del modus operandi con que las autoridades policiales y militares se conducen durante los interrogatorios y torturas a las víctimas de desaparición forzada.

En este contexto adquirió sentido un peculiar operativo del Ejército Mexicano efectuado en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, la madrugada del 2 de agosto de 2007.

El periódico La Jornada informó el día 3 que “en busca de presuntos integrantes del EPR, más de 150 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército Mexicano catearon cuatro casas y un edificio de 10 departamentos en la colonia El Sol… El operativo se inició alrededor de las 6:30 horas y concluyó poco más de una hora después... Los militares portaban pasamontañas y cubrieron los números de serie de los camiones y camionetas oficiales de traslado de personal…” Familiares y analistas cercanos a la Comisión de Mediación consideraron este operativo como una señal de vida de Edmundo Reyes Amaya, dado el modus operandi con que las autoridades proceden con personas que mantienen desaparecidas: elaboran una especie de “mapeo” de viviendas, lugares o personas vinculadas con los desaparecidos, que luego proceden a confirmar y recorrer.

Otra señal de vida ocurrió en agosto de 2007, cuando dos militares acudieron a las oficinas de la organización social Izquierda Democrática Popular (IDP) y ahí le informaron a Pablo Torres Hernández que los dos eperristas desaparecidos se encontraban vivos y recluidos en el Campo Militar número 1, en separos presuntamente adjuntos a la Puerta 1.
Con ese motivo hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el juez sexto de distrito de amparo en materia penal; todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del Ejército en este proceso de pesquisas y acciones del gobierno federal y en la sugerencia de que ambos eperristas se encuentran con vida.

Las versiones de la entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez y de la supuesta negociación secreta entre el gobierno y el EPR constituye otro dato relevante como señal de vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El documento, abiertamente hostil a los hermanos Cerezo Contreras y a Tiburcio Cruz Sánchez, parte de dos supuestos básicos: primero, que lo tienen en su poder autoridades militares o agentes policiales federales; segundo, que está con vida.

Hay otra información quizás intencionalmente contradictoria. Durante la semana del 30 de junio al 4 de julio de este año, en la televisora del Canal 13 de Oaxaca la reportera Silvia Machuca presentó un reportaje sobre el EPR. En la última emisión dio a conocer una grabación anónima en la que se afirmaba que el EPR contaba con un campo de entrenamiento en la región Loxicha y que ahí la policía capturó a los dos eperristas y los llevó a la comandancia de la policía ministerial del estado en la ciudad de Oaxaca para internarlos en los separos. La voz anónima afirma que arribaron ahí a las 00:00 horas del 25 de mayo, cuando estaba de guardia el comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, llamado usualmente comandante Corro, quien no los quiso recibir por verlos muy golpeados. La grabación concluyó que de la comandancia conocida como “los Pinos” fueron sacados y entregados a los militares y que están muertos y sepultados en Oaxaca.

Por los comunicados del EPR se sabe que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca, no en la región Loxicha. Esa parte de la información es intencionalmente errónea. Pero lo relevante es que una semana después de esa emisión televisiva, el 11 de julio de 2008, según informó el corresponsal Octavio Vélez Ascencio en La Jornada, efectivos de la Unidad Especializada de Investigaciones de Terrorismo de la SIEDO, perteneciente a la PGR, registraron precisamente ese cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), denominado “los Pinos”, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, y las instalaciones del grupo Fuerzas Especiales de Alto Rendimiento, en la municipalidad de San Agustín de las Juntas, en busca de los dos eperristas, sin encontrar indicios de ellos. El procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, confirmó las acciones y afirmó desconocer qué fin tuvo el cateo.

Como destacó la Comisión de Mediación en el punto 32 de las Acciones oficiales y evaluaciones diversas, del mencionado documento del 14 de agosto, sería útil saber si este operativo de la PGR se derivó de la grabación anónima presentada por la conductora de televisión Silvia Machuca en la ciudad de Oaxaca, o si la información llegó a la PGR por otra vía y después fue filtrada. En cualquiera de las dos posibilidades, conceder a esa información la credibilidad suficiente como para motivar tal operativo se convierte en una señal de vida que convendría explicar suficientemente.

Pues bien, hasta este momento, ha habido una apertura y colaboración franca de organizaciones civiles como la LIMEDDH, la organización social IDP, la CNDH, y a título personal, analistas políticos, familiares de los desaparecidos y elementos militares o policiales. De manera oficial, el gobierno federal no ha expresado ninguna voluntad política de aclarar los puntos concretos planteados en documentos anteriores. Ahora se espera respuesta al reciente documento que la Comisión de Mediación hizo público el 14 de agosto.

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