Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 27 de agosto de 2008

MONTES AZULES

Resurge el acoso en Montes Azules

Hermann Bellinghausen escribe desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que ante los renovados intentos gubernamentales por desalojar a las comunidades indígenas asentadas dentro de Montes Azules, en la selva Lacandona, la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc) llamó a “dar continuidad al proceso de minimizar conflictos en esta área nacional protegida”. (La Jornada. Se anexa)

CHIAPAS

Se ha mejorado imagen de Chiapas: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Miguel Marón Manzur, a nombre del sector que representa, señaló que la imagen de Chiapas "ha cambiado radicalmente para bien bajo la conducción del gobernador Juan Sabines". En el marco del Consejo Nacional Mensual de la Canacintra, Marón Manzur expuso que en la actualidad hay certeza y seguridad para los industriales e inversionistas nacionales y extranjeros que ven en Chiapas una tierra de oportunidades. Asimismo se refirió al Fondo de Fomento Económico (Fofoe), como un ejemplo, no sólo estatal sino también nacional, "sobre todo con las tasas que se están manejando, los montos para impulsar a los empresarios, los montos para incentivar la producción y la forma transparente en que se están otorgando". En otro rubro, el Presidente nacional de Canacintra se refirió a las características de seguridad que ofrece Chiapas a los inversionistas, al puntualizar que "en la actualidad una variable definitiva en materia de inversión es la seguridad que ofrece una entidad y afortunadamente en Chiapas no hay altos niveles de inseguridad y ese es un aliciente más para poder estar invirtiendo en ese estado". Por su parte, el gobernador Juan Sabines, al exponer los avances que se han alcanzado en Chiapas con la colaboración y participación del Gobierno Federal, señaló que ante el gran impulso que tiene el sector agropecuario en la entidad, "es necesaria la participación del sector industrial para revertir la tendencia de ser sólo un estado productor de materia prima, y así otorgar valor agregado que se traducirá en una mejor calidad de vida para los chiapanecos". (Cuarto Poder, Hoy Chiapas, Excélsior)

Aprueba Congreso nueva ley electoral

Diputados locales aprobaron sin ninguna objeción el nuevo Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, con el cual quedaron cumplimentadas las reformas constitucionales de noviembre del 2007 en materia electoral enviadas por el gobernador Juan Sabines Guerrero.
Desde tribuna, el diputado perredista Juan Carlos López Fernández, recordó que las recientes reformas constitucionales fortalecen el sistema electoral estatal en sus ámbitos administrativos y jurisdiccionales, redundando en ahorros presupuestales para la entidad. López Fernández dijo que los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política enviaron el pasado 4 de agosto la iniciativa de Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, compuesta por ocho vertientes, con la finalidad de incrementar la participación ciudadana a través de figuras como el Plebiscito, la Consulta Ciudadana, el Referéndum, la Audiencia Pública, así como la modificación de 37 artículos. (Cuarto Poder, Heraldo de Chiapas, Cuarto Poder)

Siete heridos en enfrentamiento

Integrantes de la priísta Organización para la Defensa de los Derechos de los Indígenas y Campesinos (OPDDIC) y militantes del PRD, se enfrentaron a golpes y pedradas en la comunidad de Tenango, municipio de Ocosingo, con saldo de siete lesionados, tres de ellos de gravedad, informó el perredista Pedro González Pérez. Presuntamente las causas del enfrentamiento son viejas rencillas agrarias y por la disputa de manantiales de agua entre los dos grupos. González Pérez reveló que el enfrentamiento ocurrió el pasado viernes a las 18.30 horas, cuando unos cien priístas bloquearon el camino de acceso al ejido, donde prevalece la tensión. El indígena aseguró que en los hechos resultaron siete personas lesionadas, aunque una fuente gubernamental dijo que las autoridades estatales sólo tiene conocimiento de cuatro: Nicolás Gómez Méndez y Nicolás Gómez López, del PRI, y Pedro y Javier González Pérez, del PRD. Pedro González advirtió que debido a la situación de polarización entre los dos grupos, existen riesgos de nuevos choques, por lo que hizo un llamado al gobierno estatal para que intervenga en el diferendo para que "no haya otro Acteal". (Cuarto Poder, La Jornada, Expreso Chiapas)

Encierran en el penal a asesinos de indígenas

Los ocho presuntos asesinos de tres indígenas originarios de la comunidad de Jolitontic, municipio de Chalchihuitán, acusados de practicar la brujería, fueron puestos a disposición de un juez y recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número cinco, informaron fuentes oficiales. La madrugada del pasado sábado los ocho acusados presuntamente asesinaron a machetazos a Pedro Gómez Díaz, a su esposa Marcela Hernández Girón y a René Gómez Hernández, hijo de ambos, y causaron lesiones a cinco menores de edad, con el argumento de que practicaban la brujería. El mismo sábado la Fiscalía especializada en justicia indígena resolvió el caso y detuvo a los presuntos homicidas. (Cuarto Poder, La Jornada)

Desalojan particulares a  indígenas de un predio

Indígenas de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fueron desalojados por particulares de una pequeña propiedad donde vivían hacinados desde hace 18 años. Denunciaron allanamiento, despojo y robo de sus pertenencias. En el predio de nueve metros por 37 metros en donde estaban construidas con tablas y láminas cinco viviendas que albergaban a 22 personas, la mayoría niños, se ubica en la calle prolongación Cuba, del barrio de Tlaxcala. La persona que afirma ser el dueño del terreno se identificó como Víctor Aguilar Gómez, logró una orden judicial de desalojo argumentando que son 'invasores', sin embargo reconoció que hace 'varios' años les dio el terreno en renta por 200 pesos mensuales a cada familia pero 'ya no se querían salir'. Mientras que los indígenas desalojados explicaron que junto con otras ocho familias compraron ese y otros predios vecinos pagando en el año 2004, 150 mil pesos a Juana y Manuel Aguilar López, sobrinos de Víctor Aguilar. (Expreso Chiapas)

Denuncian daños por fumigación en Chiapas

Más de 50 comisariados ejidales de diversas comunidades de los municipios de Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Villa Comaltitlán y Huixtla en Chiapas se menifestaron contra las fumigaciones aéreas que realiza personal del ingenio azucarero Belisario Domínguez, y señalaron que los pesticidas han provocado enfermedades entre los lugareños, afectaciones en los cultivos y la muerte de animales de corral. Los comisariados enviaron una carta al gobernador Juan Sabines Guerrero, en la cual le piden que ponga un alto a las fumigaciones que realiza la empresa. (La Jornada)

ASUNTOS INDÍGENAS

En riesgo, 27% de las lenguas indígenas de nuestro país

La preservación de las lenguas indígenas como piezas de museo, la discriminación y estigmatización, aun entre sus propios hablantes, y la descomposición social, son algunos de los factores que han acelerado la desaparición de las lenguas maternas entre los grupos autóctonos mexicanos, a pesar de ser el país con mayor número de hablantes en el continente americano, coincidieron en señalar especialistas en el tema. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), existe un registro de 364 variantes de lenguajes autóctonos, 100 de ellos –casi 30 por ciento– tienen menos de mil hablantes, por lo que pueden considerarse vulnerables a la desaparición. (La Jornada)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

La mediación

Carlos Montemayor escribe en su artículo que “a partir del documento que hizo público el 14 de agosto, la Comisión de Mediación entendió que había llegado a un punto que tanto podría ser sin retorno como de un avance cualitativo. Entendió también que necesitaban tiempo el Gobierno Federal y el PDPR-EPR para decidir lo que debía proceder en el futuro inmediato. El pasado 25 de agosto la organización popular armada confirmó en un amplio comunicado su disposición a que el proceso de mediación continúe. (La Jornada. Se anexa)

De indígena desconocido a reconocido escritor

Carlos Martínez García menciona en su artículo que “conocí la historia de Miguel Caxlán hace varios años. El caso del líder chamula protestante fue para mí, desde un principio, la comprobación de dos facetas poco estudiadas por los científicos sociales de nuestro país. Esos dos rostros son, por un lado, la historia de la intolerancia al cambio religioso en algunas comunidades tradicionales de México y su caudal de persecuciones. Por el otro, es la constatación de la persistencia de los perseguidos y los mecanismos de defensa construidos para resistir los vendavales. Un elemento adicional a los mencionados, que me llevó a hurgar en el tópico, fue el espacio social donde se desarrollaron los acontecimientos que confluyeron en el violentísimo asesinato, el 24 de julio de 1981, de Caxlán: en comunidades indígenas, particularmente en los Altos de Chiapas, zona de interés mundial a partir del movimiento zapatista iniciado en 1994. Antes que éste, hubo en la historia de Chiapas varias luchas indígenas contra distintas formas de dominación, tanto externas como internas. La lid de los indios e indias protestantes en favor de su derecho a elegir y reproducir su nueva identidad, distinta a la tradicional, tiene que ser vista como parte de las movilizaciones de los pueblos originarios contra quienes buscan petrificarlos en una historia imaginaria, pero que tiene escasos asideros en la realidad histórica.” (La Jornada)

TEXTOS

Resurge el acoso en Montes Azules
Hermann Bellinghausen/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ante los renovados intentos gubernamentales por desalojar a las comunidades indígenas asentadas dentro de Montes Azules, en la selva Lacandona, la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc) llamó a “dar continuidad al proceso de minimizar conflictos en esta área nacional protegida”.

En una carta dirigida a Ernesto Enkerlin, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Unofoc demanda que las autoridades sigan el mismo camino de “antecedentes positivos”, como las propuestas de declaratoria en las sierras tarahumara, Arizpe, Manantlán y Gorda, Marismas Nacionales, la región de la mariposa monarca y el Parque Nacional Lagunas de Montebello.

Ramiro Robledo Márquez, director ejecutivo de Unofoc, se pronunció por concertar la mesa de negociación agrario-ambiental en Montes Azules “con una sincera actitud de resolver problemas que requiere la región en materia de conservación de biodiversidad y desarrollo comunitario”.

La misiva a Enkerlin argumenta que organizaciones y grupos de campesinos en la región de Montes Azules “han sido agredidas por el biólogo Ricardo Frías”, enviado de la dependencia, quien se presenta en las comunidades con actitud amenazadora y acompañado por efec- tivos policiacos y de las fuerzas armadas.

Unofoc destaca que Frías “obedece a intereses de Julia Carabias y el grupo de ecólogos que en la región han venido a generar conflictos asociados a empresas como Sano, Pulsar y Diversa desde hace más de 15 años”. También acusan al funcionario de “llegar a levantar información de campo sin previo aviso”.

Por su parte, observadores de la región selvática de Chiapas, como Maderas del Pueblo del Sureste, han documentado los nuevos métodos de los enviados gubernamentales para “convencer” a los indígenas de que abandonen sus poblados. Los funcionarios, habitualmente acom- pañados por soldados y policías que amagan con sus armas, reúnen a los varones por separado y les ofrecen dinero, advirtiendo que si no aceptan la reubicación serán desalojados.

Las reubicaciones han resultado un recurso poco consistente. Y en las comunidades que no están en resistencia, el efecto de la oferta monetaria puede ser poderoso, pues los campesinos ven la alternativa de financiar su cruce a Estados Unidos en busca de trabajo.

A su vez, los organismos civiles y de derechos humanos que conforman la Red por la Paz señalaron que “la cerrazón e inflexibilidad de los funcionarios de la Conanp, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Gobierno de Chiapas manifiestan su incapacidad de diálogo para plantear alternativas que armonicen el respeto a los derechos de las comunidades y la conservación de la diversidad biológica y cultural”.

Las constantes amenazas de desalojo contra las comunidades asentadas en áreas naturales protegidas “hacen necesaria la definición de derechos como la protección de las tierras y territorios de los pueblos, a fin de dar efectividad a instrumentos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el ámbito de la legislación interna. Concretamente, reglamentar la fracción VII, párrafo 2 del artículo 27 constitucional que establece: ‘La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas’.”

La mediación
Carlos Montemayor / I /La Jornada

A partir del documento que hizo público el 14 de agosto, la Comisión de Mediación entendió que había llegado a un punto que tanto podría ser sin retorno como de un avance cualitativo. Entendió también que necesitaban tiempo el gobierno federal y el PDPR-EPR para decidir lo que debía proceder en el futuro inmediato. El pasado 25 de agosto la organización popular armada confirmó en un amplio comunicado su disposición a que el proceso de mediación continúe. Resta ahora conocer si el gobierno federal mostrará una real voluntad política que se refleje en el diálogo de la Comisión de Mediación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Con base en los 39 puntos de Acciones Oficiales y Evaluaciones Diversas, enlistados en el mencionado documento del 14 de agosto, explicaré en esta entrega la confusión que algunos sectores políticos, militares o policiales del gobierno federal pueden tener sobre la Comisión de Mediación debido a los múltiples intentos gubernamentales por establecer canales de comunicación con el EPR; en una segunda entrega me referiré a ciertas acciones militares y policiales que podrían arrojar indicios sobre la condición de los dos eperristas desaparecidos.

En los últimos meses de 2007, el general Tomás Ángeles Dahuajare, a la sazón subsecretario de Sedena, trató de establecer contacto directo con el EPR y para ello requirió de un colaborador de confianza, Alejandro Punaro, que en el pasado lo había apoyado en Guerrero. Alejandro Punaro laboró durante 29 años en la PGR, y en la Agencia Federal de Investigación (AFI) llegó a ser subdirector de Terrorismo, lavado de dinero y acopio de armas; se jubiló en 2005 y por su amistad con el general aceptó ayudarle en su propósito de establecer canales formales o informales con el EPR; por conducto de los directivos de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) estableció contactos con familiares como Nadín Reyes Maldonado, doña Margarita Cruz Sánchez y Francisco Cruz Sánchez; en algunas reuniones, como las sostenidas con la esposa y el hijo de Edmundo Reyes Amaya, se agregaron elementos de la Secretaría de Gobernación.

Ocho días después de que ambos se habían entrevistado con integrantes de la organización política Izquierda Democrática Popular (IDP), Hermenegildo Torres Cruz fue detenido por elementos de la PGR, lo cual comunicó Alejandro Punaro al general por considerar sumamente delicado que una de las personas a las que se habían acercado para buscar comunicación con el EPR pudiera ser arrestada. El general intervino en diversas instancias para que el día 15 de septiembre Hermenegildo fuera liberado.

Durante esos intentos de acercamiento hubo una coincidencia relevante: el cese del hostigamiento a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras. El 24 de abril de 2008, a las cinco de la tarde, recibieron los hermanos por correo electrónico las últimas amenazas y una entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez. A esa entrevista se agregó otra con José Antonio Ortega acerca del presunto financiamiento del EPR y de un acuerdo secreto entre el gobierno y la organización popular armada para pactar una tregua; el diario Milenio publicó la entrevista y semanas después retomó el asunto el periodista Raymundo Riva Palacio en El Universal. Ese mismo día el EPR emitió el comunicado mediante el cual desmintió el supuesto acuerdo secreto y propuso la integración de la Comisión de Mediación.

En la mañana del día siguiente, cuando Gilberto López y Rivas, Miguel Ángel Granados Chapa, don Samuel Ruiz y yo hicimos pública nuestra aceptación y pedimos como condición al EPR el compromiso de una tregua durante el tiempo que durara la mediación, en la ciudad de Oaxaca elementos del Ejército Mexicano al mando del general Oropeza Garnica tomaron el edificio de la Procuraduría de Justicia del estado sin mandato judicial ni orden legal alguna y se apoderaron de los libros de gobierno.

Al día siguiente, el 26 de abril, la Policía Militar y la Policía Federal Preventiva arrestaron a nueve elementos de la policía ministerial de Oaxaca presuntamente vinculados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dos de esos nueve elementos fueron finalmente arraigados por la PGR como presuntos culpables de secuestro, crimen organizado y, destacadamente, desaparición forzada en perjuicio de los dos eperristas. Se trató de Pedro Hernández Hernández, subdirector operativo de la policía ministerial de Oaxaca, y de Ángel Reyes Cruz, agente de la misma corporación. Ambos fueron liberados al agotarse el plazo de su arraigo.

Esta acusación por desaparición forzada de persona fue relevante, porque los representantes gubernamentales se habían negado a la propuesta de la Comisión de Mediación de reclasificar la averiguación previa de la PGR por desaparición forzada en vez de por secuestro. El abogado defensor de los policías arraigados, Gerardo Francisco López Thomas, informó a la Comisión de Mediación que estaban acusados, por declaraciones de un testigo protegido a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de desaparición forzada de persona, además de los delitos de secuestro y crimen organizado. Así lo confirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la reunión que sostuvo con la Comisión de Mediación la noche del lunes 7 de julio y así lo confirmó la nota del señor Guillermo Valdez, director del Cisen, dirigida a Raymundo Riva Palacio en el diario El Universal. Finalmente, Gobernación lo reconoció en un breve comunicado el pasado 14 de agosto.

Ahora bien, la relevancia de presionar y buscar contactos a través de los hermanos Cerezo Contreras deriva de una presunción esencial: creer que son hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, reputado como dirigente principal del EPR. A partir de esta presunción se originaron diversas estrategias del Ejército y del Cisen, partiendo siempre de considerarlos canales de comunicación naturales con el EPR y, por tanto, de negociación con esa organización. Las amenazas de muerte a los hermanos Cerezo Contreras constituyeron, a juicio de algunos sectores del Ejército y de corporaciones policiacas, un mecanismo de presión al EPR. Pudo pensarse en algunos sectores militares y policiacos que las amenazas serían útiles como disuasión para frenar un tercer atentado, aunque en realidad no funcionaron así para frenar el segundo de ellos.

Otra señal que varios sectores del gobierno creyeron estar enviando al EPR fueron los traslados carcelarios de Héctor Cerezo en diciembre de 2007 y de Antonio Cerezo en marzo de 2008, desde el penal del Altiplano La Palma o Cefereso número 1, en el estado de México, al penal Atlacholoaya, en Morelos.

Es razonable creer que en este contexto pudieron surgir las versiones de la entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez y de la supuesta negociación secreta entre el gobierno y el EPR. Es también razonable creer que algunos sectores del gobierno federal hayan pensado que la “respuesta” del EPR fue la Comisión de Mediación. Por ende, que la tregua del EPR no deriva de una propuesta de la comisión misma; por tanto, que no está comprometido el gobierno a una aportación equivalente en importancia política a la tregua eperrista. De esta manera, es razonable creer que el gobierno federal no ha considerado necesario avanzar ante la Comisión de Mediación con clara voluntad política para despejar el proceso de diálogo.

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