Los contenidos periodísticos que se publican en este resumen informativo son responsabilidad exclusiva de sus medios emisores y no representan, de manera alguna, la opinión de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

México, D.F, 15 de agosto de 2008

CHIAPAS

Habitantes de la selva, en “resistencia civil” contra altas tarifas eléctricas

Hermann Bellinghausen escribe que la representación regional de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), en la región selva norte de Chiapas, así como pobladores de la cabecera municipal de Sabanilla que se mantienen en la “resistencia civil” contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunciaron falta de suministro de energía y acciones intimidatorias de parte de las autoridades priístas, encabezadas por el presidente municipal, Claudio Raquel Vera Morales. (La Jornada. Se anexa)

MONTES AZULES

Desalojan poblados en Selva Lacandona

Resguardado por elementos de la Armada, la Policía Federal y la Policía de Chiapas, personal de la Profepa desmanteló ayer dos asentamientos irregulares en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en plena Selva Lacandona. El operativo se realizó sin incidentes, pues los habitantes de los poblados se retiraron horas antes. Los funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente destruyeron las casas de madera de los asentamientos de El Semental y Nuevo Salvador Allende, que ya habían sido desalojados el año pasado pero fueron repoblados. Los habitantes de los asentamientos, localizados a siete horas del poblado más cercano, se dedicaban a la siembra de maíz y a la ganadería y, según las autoridades ambientales, causaban daño a la reserva, que abarca porciones de los municipios de Ocosingo y Las Margaritas y colinda con la zona de influencia del EZLN. Juan Antonio Sandoval Flores, delegado de la Profepa en Chiapas, señaló que aún persisten otros 11 asentamientos irregulares en Montes Azules. En seis casos, detalló el funcionario, se realizan negociaciones para convencer a los ocupantes de ser reubicados, sin necesidad de recurrir a la fuerza pública; en otros tres se aprecian condiciones para iniciar el diálogo, y en otros dos los invasores están catalogados como "altamente violentos", por lo que evalúan estrategias para su desalojo. La falta de garantías legales y la escasa vigilancia que se produjeron con el levantamiento armado del EZLN, consideró, favorecieron la invasión de tierras de la reserva. (Reforma)

'No se han ido todavía...'

El barro de las veredas que rodean lo que fue un asentamiento irregular en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules muestra huellas recientes de humanos y animales. Con machetes y motosierras, personal de la Profepa desmontó ayer la escasa infraestructura de El Semental, uno de los pequeños poblados creados en la reserva tras el levantamiento armado del EZLN. Jaime Ramírez Rodríguez, director de Verificación Técnica Forestal de la Profepa, dividió a su personal en equipos para derribar las chozas de madera. Sin embargo, lo que más esfuerzo requirió fue el desmonte de una hectárea sembrada de maíz.
"Para que no tengan pretexto para regresar, debemos quitarles la posibilidad de recoger la cosecha", justificó el funcionario. Para Ramírez Rodríguez, los habitantes del asentamiento están cerca, esperando regresar una vez que se retiren las autoridades del sitio. "No se han ido totalmente", comentó. (Reforma)

GRUPOS ARMADOS

“Nulo avance procesal” para presentar a los dos eperristas desaparecidos

La comisión mediadora entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Gobierno Federal presentó ayer un informe en el cual establece que los militantes de esa organización Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron víctimas de “desaparición forzada” por fuerzas del Estado o con la anuencia de éste. Pidieron, asimismo, al PDPR-EPR que reconfirme la tregua y al Gobierno Federal que manifieste su “real voluntad política” y presente con vida a los dos activistas desaparecidos. El informe puntualiza que “no se ha reflejado en acciones concretas la existencia de una real y efectiva voluntad política de parte del gobierno federal para investigar y dar a conocer el paradero de los dos militantes del EPR, así como para encontrar a los responsables intelectuales y materiales de su detención y desaparición en los ámbitos de las autoridades políticas, militares o policiacas, o de organismos de inteligencia en alguno de los tres niveles de gobierno”. El escritor Carlos Montemayor leyó el informe, en el cual se plantea que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad tipificado en convenciones internacionales; que hay nulo avance de las acciones procesales para dar con el paradero de los militantes del EPR, y que las informaciones recabadas por la comisión mediadora apuntan a que ambos eperristas fueron detenidos por agentes del Estado o por personas o grupos que actuaron con la autorización y el apoyo gubernamentales. (La Jornada, Reforma)

ARTÍCULOS, COLUMNAS Y EDITORIALES

EZLN: 24 años después

Jaime Martínez Veloz escribe en su artículo que “después de 24 años de trabajo organizativo, lucha social y experiencias vividas, el EZLN ha consolidado su presencia en el territorio chiapaneco. Con discreción, orden y disciplina, los zapatistas han podido construir un nuevo modelo de trabajo o, como dicen ellos, un nuevo modo de hacer las cosas, donde a partir de una práctica cotidiana de la autogestión, la solidaridad, la creatividad, la cooperación y organización comunitaria han mantenido la cohesión de sus comunidades.” (La Jornada. Se anexa)

Desaparición forzada

Miguel Ángel Granados Chapa menciona en su columna Plaza Pública que “inopinadamente, la Secretaría de Gobernación informó que la Procuraduría General de la República investiga el caso de los miembros del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez ‘bajo el tipo penal de desaparición forzada de persona’. Esa afirmación supone un giro muy relevante en la actitud del Gobierno Federal, renuente hasta ahora a admitir que de eso precisamente se trata. Sin embargo, para que la averiguación previa con el giro anunciado desemboque (dando por sentada la aprehensión de los presuntos responsables) en un proceso pertinente y éste en una sentencia adecuada, se requiere una reforma a la legalidad penal que habría que abordar de inmediato, tan pronto comience el periodo de sesiones ordinarias dentro de 15 días. La Convención de la ONU obliga a los Estados parte a adecuar su legislación nacional a las previsiones de ese instrumento, y México no ha movido un dedo en esa dirección.
Es deseable que la reclasificación del delito, solicitada en el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez por sus familiares y planteada por la Comisión mediadora, no haya sido aceptada con la socarrona previsión de que es un trámite a la postre estéril por la falta de normas aplicables. Tendremos que volver sobre los planteamientos de la Comisión mediadora, que fueron presentados ayer. A más de 100 días de su integración, ha reunido una gran cantidad de testimonios e información sobre los dos desaparecidos eperristas, mismos que en manos de un órgano formal de investigación (que la Comisión mediadora no es) deberían conducir a establecer la suerte de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Es imposible que se los haya tragado la tierra. Deben ser localizados.” (Reforma)

Desapariciones: agravio e impunidad

En este Editorial se destaca que “la Secretaría de Gobernación aseguró ayer que la Procuraduría General de la República investiga, bajo el término penal de ‘desaparición forzada’, el caso de dos guerrilleros del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. La declaración pudiera resultar alentadora por cuanto apunta a un cambio en la postura del gobierno federal, antes renuente a reconocer que los eperristas pudieron haber sido privados de su libertad por elementos de las fuerzas públicas o con conocimiento de las autoridades del Estado. Sin embargo, en la medida en que las pesquisas prometidas no arrojen resultados favorables, será más que justificado el escepticismo manifestado ayer mismo por los integrantes de la comisión mediadora entre el EPR y el gobierno, sobre todo porque en casos como éste el signo de las autoridades ha sido, precisamente, el encubrimiento. Durante la segunda mitad del siglo pasado, este tipo de crímenes proliferaron en América Latina, particularmente en el contexto de las dictaduras militares que tuvieron lugar. El hecho de que México haya guardado la apariencia de un Estado democrático no impidió que la semilla de este mal se alojara en las estructuras del poder público.” (La Jornada)

Concierto pro zapatistas

En El Correo Ilustrado se informa que: “Colectivos e individuos adherentes a La otra campaña y el Multiforo Alicia invitamos al concierto Sembrando dignidad, este domingo 17 de agosto, a las 15:45 horas en el Alicia (Cuauhtémoc 91-A, colonia Roma). Nos deleitarán Armando Rosas, Armando Palomas, El Mastuerzo, Rafael Catana, Leticia Servín y Fernando Medina Ictus. Cooperación: $70,00, los recursos generados serán destinados a la Comisión Sexta del EZLN.” (La Jornada)

TEXTOS

Habitantes de la selva, en “resistencia civil” contra altas tarifas eléctricas
Hermann Bellinghausen/La Jornada

La representación regional de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), en la región selva norte de Chiapas, así como pobladores de la cabecera municipal de Sabanilla que se mantienen en la “resistencia civil” contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunciaron falta de suministro de energía y acciones intimidatorias de parte de las autoridades priístas, encabezadas por el presidente municipal, Claudio Raquel Vera Morales.

El pasado primero de agosto, César Herrera López, electricista del ayuntamiento, “trató” de restablecer el servicio, que se había interrumpido. “Al no lograrlo, se llevó los cables de suministro y una cuchilla”. Los pobladores choles aseguran que “este personal carece de experiencia” y sospechan que los materiales retirados fueron vendidos “en complicidad con el presidente municipal”, como ya ha ocurrido antes.

Tres barrios de Sabanilla quedaron sin energía eléctrica. Ahora, los habitantes padecen problemas de inseguridad y otros. Demandan que el servicio sea restablecido “inmediatamente”. Reiteran encontrarse en “resistencia civil” contra las elevadas tarifas. El edil Vera Morales pretende obligarlos a pagar “lo más pronto posible”; de lo contrario, la CFE no efectuará reparación alguna en la localidad. El PUDEE se pregunta: “¿Cómo es posible que a los pobres nos obligan a pagar… (cuando) los propios 118 ayuntamientos de Chiapas deben 88 millones de pesos a la misma CFE?”

Las autoridades “amenazan con cortes masivos”. En las oficinas municipales se exhibe una lista de los deudores, y el edil advirtió “que si se organizan los habitantes, va a detener a los representes para encarcelarlos en el penal de El Amate”. Lo mismo dice a los comerciantes y otros sectores de la población.

Los indígenas del PUDEE no “se hacen ciegos” y consideran que se trata de una clara manifestación de “lo que nos traen el proyecto neoliberal y los planes y proyectos de los tres niveles de gobierno”.

Los operativos y cateos que padecen son “parte de la represión contra las organizaciones que luchan para resistir al monstruo que pretende invadir nuestro país con planes internacionales”. Los indígenas fundamentan su resistencia en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas de septiembre de 2007, los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el artículo 2 de la Constitución y los convenios firmado por el gobierno federal con gobiernos del mundo “para respetar a los pueblos indígenas”.

Exigen alto a las amenazas e intimidaciones: “Queremos paz, y vivir en armonía a pesar de las diferencias ideológicas. Vivimos de nuestro trabajo, merecemos respeto. Condenamos la violencia y nos oponemos a más divisiones en nuestras comunidades”

EZLN: 24 años después
Jaime Martínez Veloz/ parte 1/La Jornada

Después de 24 años de trabajo organizativo, lucha social y experiencias vividas, el EZLN ha consolidado su presencia en el territorio chiapaneco. Con discreción, orden y disciplina, los zapatistas han podido construir un nuevo modelo de trabajo o, como dicen ellos, un nuevo modo de hacer las cosas, donde a partir de una práctica cotidiana de la autogestión, la solidaridad, la creatividad, la cooperación y organización comunitaria han mantenido la cohesión de sus comunidades.

A los zapatistas nada les ha sido fácil, ni nada les ha sido regalado. Lo logrado ha sido gracias a un enorme esfuerzo y a una alta cuota de sacrificio de sus integrantes. Mayor significación tiene cuando sus logros se han producido en medio de condiciones difíciles y complicadas.

Desde los primeros años en que desarrollaron su trabajo, tanto en el frente de masas como en la organización clandestina, se formaron al amparo de una convicción: “mandar obedeciendo”. Los años anteriores al levantamiento les permitieron consolidar una fuerte presencia en comunidades, muchas de las cuales se reconocieron zapatistas. La estrategia en su formación guerrillera puso distancia frente a métodos utilizados por otras guerrillas para allegarse fondos mediante secuestros o acciones que caen en el terreno delictivo y que han sido rechazadas por la opinión pública.

La apuesta zapatista de construir una base social organizativa como sustento fundamental de la acción armada, financiada con los modestos recursos de sus integrantes, ha sido el distintivo que ha alejado al zapatismo de cualquier acción que lo vincule con acciones terroristas que pudieran justificar la acción represiva del Estado mexicano. El levantamiento zapatista fue caracterizado por la primera Cocopa como “expresión de una insurrección comunitaria, producto de causas fundadas que lo originaron”.

La irrupción zapatista en el escenario nacional trajo modificaciones sustantivas. Las subsecuentes reformas electorales al primero de enero de 1994 fueron realizadas por una demanda de la sociedad mexicana, pero también por el reconocimiento tácito a la justeza de los reclamos zapatistas. Tal vez esto no quiera ser reconocido por los partidos políticos, pero el levantamiento armado contribuyó a la creación de un nuevo escenario electoral y a una redistribución del poder político. Hoy el modelo electoral mexicano dista mucho de ser el mejor y más adecuado para los mexicanos, pero es muy diferente al de antes de 1994.

El diálogo entre el EZLN y el gobierno federal estuvo amparado por una Ley para el Diálogo, cuya fortaleza radica en expresar la voluntad de las partes, sobre todo de la sociedad mexicana, que desea una solución de fondo a la problemática planteada por los zapatistas, por vía de la negociación. El EZLN puso su parte, el Estado Mexicano incumplió los compromisos contraídos en San Andrés. Aunque el estatus del diálogo que ampara la ley vigente es de “suspensión”, no de “ruptura”, la reanudación de esta vía tendrá que pasar por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, cuyo contenido principal ha hecho suyo la Organización de Naciones Unidas.

Luego de la suspensión del diálogo y desde antes, en un doble discurso el gobierno, mientras decía querer dialogar, apoyaba una estrategia de contrainsurgencia y acorralamiento de las fuerzas zapatistas. Expedición de títulos agrarios, habilitando a campesinos como ejidatarios en tierras ocupadas por los zapatistas, encarcelamiento de líderes y bases de apoyo zapatistas, matanzas indiscriminadas, fomento de las deserciones y el paramilitarismo, ofrecimiento de apoyos oficiales a cambio de renuncias públicas al EZLN, minimización del conflicto, campañas mediáticas antizapatistas fueron, entre otras, acciones que dominaron el escenario chiapaneco durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo y los varios gobernadores interinos que Chiapas tuvo durante ese sexenio.

En medio del hostigamiento, el zapatismo tuvo la capacidad de salir adelante y perfilar una nueva iniciativa política a principios de 2001, mediante la marcha exitosa que culminó con la presencia de los zapatistas en la tribuna del Congreso de la Unión, donde el debate entre los legisladores traspasó las fronteras de las formalidades parlamentarias para ubicarse en un terreno donde el elemento principal que introdujo la petición zapatista para hacer uso de la tribuna de San Lázaro no radicaba en que fuera un asunto de normatividad legislativa, sino en otro mucho más profundo que cuestionaba al actual modelo de la democracia mexicana, la cual aún no incluye a todos los mexicanos, en este caso a los pueblos indígenas.

A pesar del éxito de la marcha y las expresiones públicas del presidente Fox, la culminación del proceso legislativo que dictaminó la iniciativa de ley indígena produjo un resultado ajeno a lo pactado en San Andrés Larráinzar, con una reforma constitucional que hizo a un lado el arduo proceso de negociación entre las partes. El nuevo escenario permitió que de nueva cuenta los zapatistas sacaran la creatividad que los ha caracterizado con las juntas de buen gobierno como una nueva forma de organización que este año cumple un lustro de actividades sostenidas mediante un método de trabajo que ha permitido procesar diferencias, definir esquemas de trabajo y vincularse organizadamente entre los miembros y quienes no lo son.

Los miembros de las juntas de buen gobierno se van rotando entre los integrantes de la comunidad, y han entendido que el servicio que brindan no significa obtener privilegios individuales, pero fortalece la integración comunitaria que permite sentar las bases para el desarrollo de los pueblos. Esta experiencia es un nuevo modelo en la toma de decisiones del que hay mucho que aprender y mucho que saber.

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